La denuncia que llegó al CIDH

Dieciocho organizaciones denunciaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que la Procuraduría General de la Nación "hostiga, persigue y criminaliza" a los defensores del derecho al aborto y homosexuales en el país, algo que el Estado negó rotundamente.

En una audiencia en la sede de la CIDH en Washington, las organizaciones acusaron en general a la Procuraduría y en particular a la procuradora delegada de la Niñez y la Familia, Ilva Miryam Hoyos, presente en la sala como representante del Estado.

Ariadna Tovar Ramírez, abogada de la organización Women's Link Worldwide, indicó que las organizaciones pidieron la audiencia porque "la máxima institución de derechos humanos no cumple con el principio de imparcialidad necesario para sustentar un Estado democrático".

"La Procuraduría desconoce los derechos sexuales y reproductivos como derechos humanos. En lugar de eso se dedica a hostigar, criminalizar y perseguir a los defensores y defensoras de estos derechos", indicó Tovar.

Planteó como ejemplo el caso de Mónica Roa, directora de Women's Link Worldwide, a la que Hoyos demandó por injuria y calumnia después de que la activista presentó, junto a otras 1.279 mujeres, una tutela por considerar que la Procuraduría había vulnerado el derecho a la información en relación con los casos de aborto.

"Nos encontramos ante el uso de acciones penales infundadas en contra de los defensores de derechos humanos, algo que atenta contra el papel protagónico que debemos tener en la sociedad y hace que seamos mas vulnerables a los ataques", indicó Dorian Juliet Gómez Osorio, abogada de la Red Nacional de Mujeres.

Hoyos, en su respuesta, matizó que su demanda contra Roa fue "a título personal" y no en nombre de la Procuraduría, debido a que se sintió calumniada, y aseguró que sus creencias religiosas personales, contrarias al aborto y al matrimonio homosexual, no influyen en la política del órgano oficial de derechos humanos.

"Como órgano de control que es la Procuraduría, no ha fijado posiciones de ningún tipo y niega tajantemente que tenga una posición político-religiosa. Jamás hemos desconocido los derechos humanos ni manipulado el poder del Estado", explicó Hoyos.

Señaló que la Procuraduría "no tiene una función punitiva o penal", lo que "imposibilita realizar hostigamientos a los defensores como los que se han denunciado".

"La Procuraduría reitera que seguirá defendiendo a personas y se opone rotundamente a todo acto de hostigamiento", agregó. "Y queremos que esta Comisión advierta que el órgano de control no ha realizado detenciones arbitrarias contra defensores".

Las organizaciones solicitaron que la Comisión incluya en el informe que está elaborando sobre su reciente visita a Colombia un análisis de la situación de los defensores de los homosexuales y de los derechos reproductivos y que "exhorte al Estado para que legitime de manera inequívoca" la labor de ese colectivo.

"Sentimos que el Estado no ha contestado nuestras peticiones", dijo Tovar a periodistas tras la audiencia, al señalar que la respuesta se limitó a "una enumeración de políticas públicas".

Las organizaciones denunciaron además el caso de Daniel Sastoque, un activista homosexual que fue funcionario de la Procuraduría hasta cuando renunció por lo que él describió en la audiencia como burlas y actos de "violencia sistemática" en su contra, algo en lo que Hoyos aseguró que el organismo estatal no tuvo nada que ver.