¿Por qué Colombia no sale del club de los pobres?

En años prósperos del nuevo siglo, entre 2003 y 2008, Colombia creció como hace tiempo no se veía: en promedio el 5,5 por ciento del PIB cada año, y superó en desempeño a Brasil, Chile y México. Sin embargo, mientras para varios de los países de América Latina este tiempo de vacas gordas significó que muchos de sus habitantes salieron de la pobreza y la indigencia y consiguieron un empleo decente, en Colombia, el florecimiento de la confianza inversionista no nos sacó del club de los pobres.

Así, una nación enorme como Brasil pudo en esos años rescatar de la pobreza a 40 millones de personas. Y Perú, donde uno de cada cuatro habitantes pasaba hambre en 2001, consiguió reducir la indigencia a la mitad. Incluso Venezuela, a pesar de la polarización política, redujo sus pobres y sus indigentes a la mitad y Ecuador bajó los primeros en 10 por ciento.

Colombia, en cambio, en materia social mejoró a cuentagotas. Bajó la pobreza de 51 a 46 por ciento, sólo 5 puntos. Y entre los pobres, el número de indigentes volvió a quedar casi como estaba en 2002, al borde de la escandalosa cifra de 18 por ciento. Esto quiere decir que casi uno de cada cinco colombianos no tiene ingresos suficientes para cubrir sus necesidades calóricas básicas, que es la manera técnica de decir que sufren de hambre.

Otro ingrediente se añade a este triste panorama. El boom económico abrió más la brecha entre ricos y pobres en Colombia, según lo estableció la Cepal. Al comenzar el siglo XXI Colombia estaba entre los países con altos índices de desigualdad, junto con Perú, y Brasil era casi el peor de América Latina. Para 2008, Perú había bajado a la categoría media y Brasil se había salido de la lista de desigualdad extrema. Colombia, no obstante, entró a la lista de los muy desiguales.


¿Qué nos pasa?
¿Por qué Colombia no pudo aprovechar los años de bonanza para aliviar la pobreza? ¿Por qué este país con instituciones públicas mucho más sofisticadas que las de Guatemala, más urbanizado que Bolivia y con un sector empresarial más pujante que el de República Dominicana, está con ellos en la cola de América Latina, en materia de pobreza? ¿Por qué después de haber más que duplicado su gasto público social (del 5,9 por ciento del PIB en 1990 al 12,6 por ciento en 2008) no consigue que esto se traduzca en menos pobres?

Una primera explicación es que un largo y degradado conflicto armado, como ninguno otro en la región, ha pauperizado a la población. Según encontró la Segunda Encuesta Nacional de Verificación de los Derechos de la Población Desplazada, 760.000 familias campesinas fueron forzadas a huir para salvar sus vidas entre 1998 y 2008, dejando atrás, por abandono o por despojo, 5,5 millones de hectáreas de tierra.

Si antes del éxodo la mitad de esas familias eran pobres y una tercera parte tenían ingresos de miseria, después, el 97 por ciento quedó en la pobreza y el 80 por ciento en la indigencia. Esa catástrofe social perdura hasta hoy. Según el Dane, la pobreza entre los habitantes del campo está por encima del 65 por ciento, lejos del promedio nacional de 46 por ciento. Y la indigencia urbana también aumentó en el último año.

La desigualdad, además, se profundizó con el conflicto de la última década. Según investigó Ana María Ibáñez, del Cede (Universidad de los Andes), desde 2005 el índice Gini de concentración de la propiedad aumentó hasta 0,875, el más alto de la región después del de Paraguay, un país mucho más pequeño. "Los de por sí pocos propietarios de la tierra compraron aún más predios y la propiedad se concentró a estos extremos", explica Ibáñez.

La guerra también nos afectó de otra manera. En la última década el país se concentró en una prioridad, reducir la violencia. A eso le apostó el gobierno de Álvaro Uribe buena parte de los recursos y de su energía institucional. Por eso, a pesar de haber aumentado tanto el gasto social, éste sigue estando por debajo de países como Brasil o Costa Rica.

El otro gran problema es la corrupción. Se han desviado miles de millones de pesos de gasto público social a políticos inescrupulosos o a los actores armados, como se hizo evidente en el escándalo de la para-política. Según el Índice de Transparencia Internacional que mide la percepción de corrupción del sector público en 180 países, Colombia viene empeorando en los últimos años, y en 2009 bajó del puesto 70 al 75.

Pero además hubo políticas públicas que impidieron que Colombia aprovechara la bonanza para mejorar de manera más radical la calidad de vida.


¿Política contra-pobres?
Es una verdad de Perogrullo que nadie puede combatir la pobreza si no produce más. Pero aumentar el PIB no es suficiente. Es necesario crear empleos formales que son los que llevan a la gente a salir de la pobreza. Esa es la política social más eficaz.

Este gobierno arrancó con un panorama bastante difícil: la economía apenas creciendo, un 17 por ciento de desempleo y una suma de viejas políticas que hicieron el empleo muy costoso. Crecimos, pero no logramos bajar el desempleo a menos de dos dígitos y se crearon muchos más empleos informales que formales. ¿Por qué?

El consenso entre los economistas es que si generar un empleo formal es de por sí costoso, la política económica reciente desincentivó aún más la creación de nuevos puestos de trabajo.

Una empresa debe girar casi 60 por ciento más sobre cada salario que le paga al trabajador, en salud, pensión y parafiscales. Además, después de cierto rango, al empleado le hacen retención en la fuente. Estos costos no salariales son hoy los más altos de América Latina.

La política de Uribe de confianza inversionista consistió en otorgarles exenciones a las empresas para que se animaran a invertir y a crecer y, la más protuberante, otorgó una deducción de impuestos del 40 por ciento de la inversión de capital productivo. Trabajo caro y capital barato hicieron que los empresarios reemplazaran a muchos de sus empleados por máquinas. Es decir, cambiaron la señora de los tintos por una cafetera, y al señor del parqueadero por una palanca automática.

Dos importantes economistas de corte neoliberal, el colombiano Rodrigo Botero y el argentino Domingo Cavallo, llegaron a la misma conclusión en un documento de febrero pasado: combinar impuestos a la nómina y exenciones tributarias al uso del capital crea una estructura desfavorable para la generación de empleo formal.

El desestímulo al empleo formal también actuó frente las personas con menores ingresos. La masificación del régimen subsidiado de salud, y de programas como Familias en Acción y Familias Guardabosques les han dado a muchos trabajadores informales de los niveles 1 y 2 de Sisbén un incentivo perfecto para no formalizar su trabajo. ¿Para qué querría un trabajador informal tener una vinculación con un salario mínimo, que le obliga a cotizar salud y pensión cuando puede obtener salud subsidiada y además recibir ayudas en efectivo?.

Así, un pequeño empresario colombiano preferirá no vincular a sus empleados porque le sale más barata la nómina y ellos consiguen subsidios del gobierno. Según la senadora Cecilia López, hay tres millones de trabajadores cuyos patrones no pagan la seguridad social. "Así un sistema de salud diseñado para tener más trabajadores cotizando, y menos subsidiados, terminó al revés y se volvió insostenible", le dijo a SEMANA.

Olga Lucía Acosta, experta en políticas sociales de la Cepal en Bogotá, explica que los gobiernos colombianos han sido más amigos de dejarle la creación de empleo al mercado y les ha faltado ser proactivos en impulsar políticas audaces de empleo, como lo ha hecho Brasil, por ejemplo.

En Colombia, sólo hasta hace poco se empezó a desarrollar una tímida política de empleo y generación de ingresos, que no tiene el peso que debería en un país con un desempleo que se niega tercamente a bajar y un alto empleo informal.


Familias en Acción, bueno pero no suficiente
Si de alcanzar al mayor número de personas con servicios sociales se trata, en general, el gobierno Uribe fue exitoso: desde 2002 se ampliaron los cupos en educación, y en salud el brinco fue gigante: de 50 por ciento de la población cubierta en 2002, a 89 por ciento hoy. Pero se creció tan rápido que se puso el sistema en riesgo, como lo supo el país con la emergencia social. En cuanto a brindarles protección a los más marginados, Colombia ha seguido el patrón de otros gobiernos latinoamericanos, darle dinero a la gente con algunas condiciones (que asistan a controles médicos, manden los hijos a la escuela, etcétera). En Brasil es la Bolsa-Familia, en México el programa Oportunidades, o en Ecuador los de Desarrollo Humano. En 2009 había 101 millones de latinoamericanos pobres en estos programas de pagos condicionados.

En Colombia, Familias en Acción es un programa masivo de tres billones de pesos anuales que atiende a 2,9 millones de familias. Además el gobierno creó la Red Juntos, por la cual 7.100 cogestores acompañan a 1.060.000 familias pobres para que accedan más fácilmente a los servicios de 14 entidades estatales. Todo este esfuerzo, dijo Diego Molano, director de Acción Social a SEMANA, ha contribuido en que el impacto de la crisis de 2008-2009 sobre los más pobres sea menor que el de la anterior crisis.

Sin embargo, según Jorge Núñez, experto de la Misión de Pobreza, de todos modos los más ricos del país se están quedando con el 30 por ciento del gasto público social. La principal razón es porque los de mayores ingresos reciben el 86 por ciento de las pensiones y a los de menores sólo les toca el 0,1 por ciento. "No tiene mucho sentido hacer un gran esfuerzo de gasto social, si éste no llega en forma prioritaria a los más pobres", dijo a SEMANA.

El próximo Presidente colombiano tiene que diseñar una política audaz si quiere sacar a Colombia del atraso social en que se encuentra. Bajar la pobreza a cifras de un dígito como lo hicieron Chile o Brasil y salirse definitivamente de la vergonzosa lista de los países más desiguales del mundo, requiere mucho más que eficaces programas que le alivian la miseria a la gente, pero que poco ayudan a sacarla para siempre de la pobreza. Se trata de construir sobre lo ya hecho, y hacer de la generación de empleo formal y la redistribución de la riqueza un propósito nacional.