Cartas

Una vez más la señora María Jimena Duzán utiliza su columna de opinión en la Revista SEMANA para hacer afirmaciones que no son ciertas y que inducen en una forma irresponsable a afectar derechos adquiridos legalmente como es mi condición actual. Allí se afirma que “Incluso a Rodrigo Jaramillo, a pesar de tener casa por cárcel, lo han visto salir a menudo de su lujoso apartamento como si estuviera con la plenitud de sus derechos ciudadanos”. Es una afirmación falsa y carente de prueba alguna, pues si de algo soy consciente, es de la gravedad que implica violar el régimen actual y tener que asumir las consecuencias que conlleva. Desde el 2 de Enero de 2014 estoy en mi residencia en la ciudad de Medellín y solo he salido, autorizado previamente, para cumplir con la asistencia a las audiencias a las que he sido citado desplazándome por mis propios medios según lo establece la legislación actual. Esas asistencias están debidamente certificadas y en poder de la autoridad competente. No he asistido a ninguna cita médica u odontológica y bajo la gravedad del juramente afirmo que lo que he dicho es verdad.

El artículo de SEMANA acerca de la problemática en que se ha visto envuelto el doctor Álvaro Villegas Moreno, ha sido un texto objetivo y respetuoso, con una persona que le ha servido al país desde muchos frentes y que ha sido uno de los mejores ingenieros constructores y quien en una mala hora y dado lo avanzado de su edad, confió en terceros con los resultados que ustedes analizan. Conozco al doctor Villegas desde hace 45 años, trabajé con él en sus empresas y en la política y me consta que es un hombre de una honestidad a toda prueba y que en este caso no ha habido mala fe de su parte y ha estado presto a responder.

Con respecto a la portada que anuncia la casi salida segura del procurador, me permito hacer el siguiente comentario. La profunda problemática social colombiana no merece los radicalismos religiosos ni políticos.

Sobre el texto ‘Vaya con Dios’ edición n.° 1680, Dice el refrán popular: “Dios no castiga ni con palo ni con rejo” y muy probablemente al señor procurador, Alejandro Ordóñez, le sucederá lo debido, castigo en justicia, dado los aires de transparencia que en los últimos días ventilan las salas del Consejo de Estado, el cual le ha dado un duro golpe al principio acuñado en las altas cortes por los togados, “yo te nombro, tú me nombras” violando el artículo 126 de la Constitución. El Consejo de Estado en aras de la pulcritud jurídica y ética, resolvió destituir al magistrado Francisco Ricaurte y, por actos irregulares en su elección, al magistrado de la Corte Constitucional, Alberto Rojas. Dice el artículo 276 de la Constitución: “El procurador general de la nación será elegido por el Senado, para un periodo de cuatro años…” No  menciona la Constitución, ninguna reelección del procurador y, el artículo 121 reza: “Ninguna autoridad del Estado podrá ejercer funciones distintas de las que le atribuye la Constitución y la ley”. También quebranta la reelección, el espíritu de la Constitución, por romper el equilibrio entre pesos y contrapesos que debe existir en el Estado Social de Derecho para el control del poder público. Además, la Corte Constitucional manifiesta: “Al funcionario público lo que no le está expresamente atribuido, le está prohibido”. Por todo lo anterior, el Senado de la República no podía reelegir al señor procurador Alejandro Ordóñez. El Consejo de Estado deberá en su sabiduría, transparencia y en legítimo derecho, fallar pronto en la Sala Quinta y no en Sala Plena para evitar el amiguismo, sin palo, sin rejo y sin indebidas interpretaciones, como en ocasiones el procurador Ordóñez, ha ejercido el súper poder de la  Procuraduría.

Me refiero a la columna de María Jimena Duzán titulada ‘¿Quién protege a los de InterBolsa?’, edición n.° 1680. No es cierto que haya sido cerebro del descalabro de InterBolsa y mucho menos que haya usado el Fondo Premium como mi caja menor. En InterBolsa participé como un inversionista y adquirí las acciones en el mercado de valores. No participé en el manejo de las compañías, no estuve en su junta Directiva, ni en ningún comité de administración, ni fui asesor de ella, como sí lo fueron los señores Jaramillo y Ortiz. 

De los más de 100 deudores de Valores Incorporados solo yo he sido sujeto de las medidas del Decreto 4334 de 2.008. De los deudores del Fondo Premium, ninguno ha sido objeto de tales medidas. ¿Por qué solo yo estoy respondiendo?

En la asamblea a la que se refiere la columna, el interventor Alejandro Revollo omitió explicarles a los presentes el Decreto 4334 de 2008, que en este caso, ordena distribuir los recursos del fondo por persona y no por porcentaje de participación. Al dividir los dineros existentes, 80.000 millones de pesos que dice el interventor que tiene el fondo, más 50.000 millones de pesos que ofrecí y 30.000 millones que aportaban entre Juan Carlos Ortiz y Tomás Jaramillo, arrojaban alrededor de 160.000 millones de pesos, los que divididos en 1.027 reclamantes daban una media de 155 millones de pesos por persona. Con esta media, el 64 por ciento de las víctimas (más de 650 personas), principalmente pequeños inversionistas, salían con el 100 por ciento de su dinero.  

He sido víctima de la intervención de InterBolsa y lo estoy siendo de la intervención de los Fondos Premium, tengo mis bienes y los de mi familia congelados y embargados para que respondan por obligaciones ajenas. Los correos filtrados por funcionarios de la Superintendencia, no pueden leerse por fuera de contexto y demuestran mi relación de deudor con quien fuera mi acreedor de más de ocho años.

No puedo aceptar que me llame estafador, porque no he hecho ni hice ninguna maniobra engañosa ni he obtenido provecho ilícito. No he engañado a nadie, recibí préstamos que no he podido pagar porque estoy embargado y todo mi patrimonio lo tengo intervenido por la Superintendencia. Tampoco que me diga que he sido captador ilegal, porque la Superintendencia en los informes no encontró ninguna prueba que fundara el cargo y por el contrario concluye que no había captación ilegal.

Perplejo quedé al leer, en el artículo titulado ‘El Veterano’ de la edición n.° 1680, la descripción que hace la revista SEMANA del ‘éxito’ que el senador Roberto Gerlein ha tenido a lo largo de la historia inmortalizándose cada cuatro años en las urnas. El éxito se ha debido, según la misma revista explica, a la “zonificación de electores”, que no es más que un eufemismo a la trashumancia electoral y al falso testimonio. Delitos tipificados, el primero “como una conducta punible por el artículo 389 del Código Penal, con pena de cuatro a nueve años de prisión”, y el segundo “sancionado por el artículo 442 del citado código con pena de prisión de 6 a 12 años”. Así que los buenos resultados que tanto se exaltan en el artículo y en el que senador Gerlein es todo un experto, obedecen a conductas detestables que en estos 50 años sistemáticamente han contribuido al debilitamiento de la institución del voto. Estos 50 años de Gerlein son pues un motivo de vergüenza para nuestra patria colombiana, y en lo particular para nuestra región Caribe tantas veces vapuleada.