Agro y paz: las cinco claves

La semana pasada, Fedesarrollo presentó un estudio que analizó cuál debe ser la política agraria que necesita el país para superar los viejos problemas  que aquejan al campo. La investigación, que fue contratada por la SAC y que reunió a un grupo de economistas, advierte que el país debe darle un vuelco a las políticas públicas del sector rural si quiere desarrollar la agricultura, cerrar la brecha entre el campo y la ciudad y, lo más importante, construir una paz estable y duradera.

El estudio coincide con los resultados de la encuesta de opinión empresarial agropecuaria, que señala que el 74 por ciento de los productores del campo está de acuerdo con el proceso de paz, mientras que el 72 por ciento afirma que su empresa se beneficiaría con un eventual acuerdo con la guerrilla. 

Independientemente del acuerdo de paz, el desarrollo agropecuario debe ser una prioridad. Entre otras razones, por los cambios globales que están ocurriendo. La FAO dice que hay que incrementar en un 70 por ciento la producción de alimentos en el mundo y Colombia podría jugar un papel muy importante en ese reto. Como dice el presidente de la SAC, Rafael Mejía, es hora de que el sector agropecuario retorne a la agenda de las políticas públicas. Las siguientes son algunas de las reflexiones del grupo de expertos.

Colombia hace parte de un puñado de países con tierra disponible para ampliar su producción agrícola. De las 22,1 millones de hectáreas con esa vocación, el país solo utiliza 5,3 millones, es decir el 24,1por ciento de su potencial. Según la FAO, Colombia es uno de los países con más alta disponibilidad de recursos hídricos y las condiciones agroecológicas abren la posibilidad de tener una canasta diversificada de productos. 

Para Juan José Perfetti, investigador de Fedesarrollo, con una buena planificación y ordenamiento territorial, el país podría consolidar su seguridad alimentaria y producir con creces recursos para los mercados interno y externo. “Un desarrollo acelerado de la agricultura colombiana tendría efectos muy favorables sobre el ingreso y el bienestar de los habitantes de los territorios rurales”, señala. 

Los economistas afirman que Colombia debe llevar a cabo un desarrollo rural con enfoque territorial, en donde los actores sociales locales tengan un papel preponderante y cuenten con el apoyo de las agencias públicas y privadas.

El acceso a la tierra, el derecho de propiedad y el uso adecuado de la misma deben ser parte prioritaria de la política agraria. Colombia destina 5,3 millones de hectáreas para agricultura y 39,9 millones para ganadería. Esto muestra que aprovecha deficientemente la tierra, con las implicaciones que eso tiene para la generación de empleo.

El estudio sugiere varias políticas relacionadas con la tenencia de la tierra. Entre ellos, superar los rezagos en la asignación y clarificación de los derechos legales a la propiedad; corregir las consecuencias del conflicto y el narcotráfico en términos de apropiación ilegal de tierras y despojo a sus legítimos propietarios; diseñar instrumentos para dinamizar el mercado de la tierra y democratizar el acceso a ella en especial para los pequeños productores. 

Recomiendan facilitar los contratos de arriendo de tierra a largo plazo; aprobar la figura del derecho real de superficie; disponer de líneas de crédito para la compra de predios; yfortalecer los programas  para la financiación de proyectos productivos.

El catastro rural en Colombia tiene un atraso superior al 50 por ciento. Esto limita la información sobre la propiedad y facilita la concentración de la tenencia de la tierra en Colombia.

Según el ministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo, el gobierno tiene el propósito de acometer la formación o actualización del catastro rural, lo que permitiría también poner al día razonablemente las bases del impuesto predial “Esa es la mejor manera para inducir una mejor utilización de la tierra”, afirma. 

Una consecuencia de la desactualización del catastro es la subvaloración de los predios rurales en el avalúo catastral. Fedesarrollo señala que en la zona rural pueden encontrarse avalúos desiguales por hectárea entre la gran propiedad y la pequeña.

Para los economistas, el impuesto del catastro tiende a eliminar el interés puramente rentista en la tierra y a hacer que prevalezca el productivo. Además, podría ser uno de los pocos instrumentos para financiar sosteniblemente a los gobiernos locales sin recurrir a transferencias. El excodirector del Banco de la República, Antonio Hernández, es partidario de hacer una reforma fiscal territorial.

Pero el gobierno sostiene –y lo ha dicho en La Habana– que no es momento de pensar en nuevos impuestos para la tierra. “Lo que hay que hacer es cobrar bien los tributos existentes”, dice el ministro Restrepo.

Ahora bien, el tema de la seguridad jurídica es otra clave para el desarrollo rural. En este sentido, el ministro asegura que de La Habana no saldrá nada que atente contra la propiedad bien habida. “No saldrán expropiaciones masivas”. 

Adicionalmente, anota, el proyecto de ley que cursa en el Congreso sobre inversión extranjera ayudará a darle un marco de estabilidad jurídica al proceso de tenencia de la tierra.  En este punto, la exministra de Agricultura, Cecilia López sostiene que la incidencia de esa inversión en el campo ha tenido consecuencias muy grandes en otros países, entre ellos los africanos.  “Tenemos que tener una reglamentación clara, no quiere decir que no haya, pero tenemos que poner condiciones”, sostiene.

Hay que dotar a la sociedad rural de capital humano (mano de obra), capital básico y servicios públicos. “El gasto gubernamental en capital básico es más deseable que aquel en que se incurre cuando se otorgan subsidios directos a los productores”, señala Antonio Hernández.

Se considera que en la mayoría de los casos los subsidios directos no incentivan la innovación tecnológica, ni incrementan la productividad laboral. Además, el costo fiscal de los subsidios solo produce beneficios transitorios a favor de los productores que los reciben y no se difunden más allá. El ministro de Agricultura está de acuerdo en que, más que subsidios directos al agro, se debe pensar en proveer bienes públicos colectivos como ciencia y tecnología, riego y drenaje y asistencia técnica.

 

Para los expertos, la formación de capital humano y la capacitación técnica incrementa la productividad, mejora la formalización del mercado laboral, y genera ganancias permanentes en los salarios rurales, como aumentos en la rentabilidad.  El campo también necesita una mayor y mejor infraestructura vial, pues reduce los costos de transacción, de transporte de la producción agrícola y contribuye al bienestar de la población.

En Colombia los pequeños productores  que emplean principalmente mano de obra familiar son cerca 2,2 millones de personas, es decir un 20 por ciento de la población rural. Lo crítico es que los altos niveles de pobreza en el campo recaen en mayor proporción sobre ellos. Según el investigador José Leibovich los pequeños productores son importantes en número, por su participación en la producción agropecuaria nacional y por los rendimientos por hectárea que alcanzan.

Dentro de las estrategias que se plantean para los pequeños productores se destaca el esquema de asociatividad. Este es un modelo fundamental para lograr economías de escala para adquirir tecnología e insumos y generar valor agregado y eficiencia en la comercialización. 

Los investigadores hacen énfasis  en la importancia de la agricultura familiar y de los pequeños productores. Este es un tema crítico para cerrar la brecha entre el campo y la ciudad. El exministro Roberto Junguito señala que un estudio sobre el desarrollo rural en América Latina muestra que Colombia, frente a muchos de sus vecinos, muestra menores avances en la reducción de la pobreza en el campo.   

También se considera fundamental hacer el censo agropecuario cada diez años, como lo recomienda la FAO, para tener un análisis más real sobre la situación de los pequeños productores. La buena noticia es que después de 41 años, entre el presente y el próximo, el Dane hará el censo agropecuario que tendrá un costo de 280.000 millones de pesos.

Una crítica general de los economistas es que se ha avanzado muy poco en mejorar la productividad en el campo. Para Cecilia López, se subestimó a los críticos que advertían sobre los efectos de la globalización y se perdieron años valiosos para mejorar la competitividad, que sigue siendo bajísima.

Lo  cierto es que si Colombia logra darle un giro a la política pública hacia la agricultura, las gentes que viven de esta actividad podrán tener una mejor calidad de vida y se podrá reducir la enorme brecha entre el campo y la ciudad.

Visto así, no hay duda que el desarrollo rural será la clave en el posconflicto, cuando sea que éste llegue. Pero como dice el ministro de Agricultura: “Aún sin el anhelado acuerdo de paz y por meras consideraciones éticas e históricas, el país tiene que proyectarse en los años venideros hacia un desarrollo rural de más envergadura, de más calado, que vaya acercando las condiciones de vida de quienes habitan en el campo con las de quienes viven en las ciudades”.