Drástica decisión de la Corte Constitucional contra Pacific

La Corte Constitucional sigue empeñada en impedir que la locomotora minera irrespete los derechos de los grupos más vulnerables. A juicio de esa corporación judicial no solo la defensa del medio ambiente, sino la preservación de los valores de los grupos étnicos debe ser una prioridad frente al desarrollo económico que pueda traer la explotación de hidrocarburos.

En consonancia con esa convicción, el alto tribunal ordenó suspender las operaciones en uno de los seis proyectos que hacen parte de uno de los mayores campos productores de petróleo del país. Se trata de Quifa, ubicado en Puerto Gaitán (Meta), cuya producción es compartida por Pacific Rubic E&P (60 %) y Ecopetrol (40 %).

Según el alto tribunal las operaciones no pueden seguir adelante en este campo, ya que el proyecto se inició sin haber discutido su puesta en marcha con el pueblo Sinuaki que habita en la zona. Por eso Pacific, como operador del campo, debe adelantar el proceso de consulta previa con este grupo étnico.

Esta decisión es un duro golpe para Pacific, en momentos en que esta compañía canadiense, de propiedad de inversionistas venezolanos, afronta una coyuntura muy compleja por el desplome de los precios del petróleo y los ingentes esfuerzos que está llevando a cabo para renegociar las obligaciones internacionales, que ascienden a 5.300 millones de dólares.

Quifa es el segundo campo productor de crudo para Pacific, en el que la petrolera tiene sembradas sus esperanzas si se tiene en cuenta que Rubiales, su principal campo, pasará en su totalidad a manos de Ecopetrol a partir del primero de julio de este año.

Esta unidad produce actualmente cerca de 55.000 barriles de petróleo por día, que son vitales en momentos en que la petrolera extranjera necesita liquidez para hacerle frente a sus múltiples obligaciones.  De hecho, en las próximas semanas tendrá que pagar cerca de 61 millones de dólares en intereses.

A negociar con la comunidad

Sin embargo, el proyecto no podrá seguir adelante mientras la petrolera no realice conversaciones con la comunidad. Hay que recordar que desde el 2012, el resguardo Vencedor Pirirí (perteneciente al pueblo Sinuaki) trató de cerciorarse de que los proyectos a cargo de Pacific que se ejecutaban en Puerto Gaitán hubieran sido el producto de las respectivas consultas con las comunidades que ejercieran presencia o algún tipo de influencia en la zona.

En el curso de ese proceso, las autoridades indígenas fueron informadas sobre el desarrollo de seis proyectos para la exploración y explotación de hidrocarburos relacionados con el campo Quifa, en Puerto Gaitán.

Los aborígenes consideraron que esas iniciativas para la búsqueda o extracción de petróleo se habían concretado sin que las comunidades fueran informadas sobre la forma como iban a ser operadas. Por eso, interpusieron una acción de tutela, en la que buscaban la protección de su derecho a la consulta previa.

Luego de que el caso fuera estudiado en diversas instancias judiciales, la Corte Constitucional lo escogió para revisión. El alto tribunal se percató entonces de que los únicos proyectos que estaban vigentes eran Quifa Norte, Quifa Global y Campo Rubiales.

Además, la corporación encontró que en la mayoría de esas iniciativas no era necesario adelantar consultas porque las labores extractivas no se ejercían en áreas donde los indígenas tutelantes desarrollaran algún tipo de actividad vital para modus vivendi o que tuviera algún tipo de valor simbólico para ellos.

Sin embargo, no opinó lo mismo frente una de las áreas de explotación de hidrocarburos, precisamente la denominada como Quifa, que opera al suroriente del territorio donde se ubica el resguardo Vencedor Pirirí. Según el alto tribunal, el campo es atravesado por el caño Cajúa, una fuente hídrica de importancia central para la comunidad.

Para la Corte, la presencia de personal de la empresa, maquinaria, insumos, ruidos, intervención de fuentes de agua y demás aspectos propios de este tipo de labores afectan el sistema de creencias y convicciones que componen la existencia de este grupo ancestral. De ahí la necesidad de suspender el proyecto, mientras se adelanta el proceso de consulta previa que ordena la Organización Internacional del Trabajo (OIT) a través del Convenio 169.

Está visto que para ese alto tribunal el poderío económico de los privados y su valor estratégico para los gobiernos no es un aspecto que la cohíba de proteger los derechos de los grupos más vulnerables.

Luego de que se conoció la decisión, Pacific E&P emitió un comunicado en los siguientes términos:

En relación con la información que está circulando en medios de comunicación respecto a las operaciones del Campo Quifa, ubicado en el Municipio de Puerto Gaitán, Meta, informamos lo siguiente:

1. Hasta el momento, la Compañía no ha sido notificada por parte de autoridades judiciales sobre decisión alguna relacionada con el Campo Quifa.

2. Con base en la información que ha circulado en medios, podemos concluir que no habrá una afectación material adversa en las Operaciones de Campo Quifa.

3. La Compañía vela por el cumplimiento de la ley en todas sus operaciones y cumplirá con el mandato que sea determinado por las diferentes estancias judiciales nacionales.