Drummond la ve negra

La semana pasada, el gobierno tomó una de las medidas más drásticas y sin precedentes para proteger el medio ambiente: suspendió el cargue de carbón con barcazas a la compañía Drummond.

La decisión, que causó una gran sorpresa en el país, recibió el respaldo de diversos sectores de la opinión pública, que señalaron que ninguna compañía, nacional o extranjera, podía pasarse por alto las leyes colombianas.

El anuncio causó impacto, además, porque se conoció días después de que la Drummond fue multada con 6.965 millones de pesos por verter el 13 de enero de 2013 cerca de 500 toneladas de carbón, tras un incidente con una de sus barcazas que estuvo a punto de hundirse.

Esta multa se convirtió en una sanción histórica por el mensaje que enviaba el gobierno a las compañías mineras que operan en el país en el sentido de que la defensa del medioambiente está por encima de las consideraciones económicas.

La Drummond ha estado en el ojo del huracán en los últimos años por el impacto negativo de su operación en los departamentos de Cesar y Magdalena. La compañía, de propiedad de Garry Drummond, está desde 1995 en el país y opera las minas La Loma y El Descanso.

Por el hecho de ser una empresa extranjera y la segunda productora de carbón del país, después de El Cerrejón –con una producción cercana a los 30 millones de toneladas al año–, los gobiernos habían manejado con cautela cualquier decisión de tipo sancionatorio.

Pero la copa se rebosó el primero de enero de este año cuando terminó el plazo para que todas las compañías mineras hicieran el cargue de carbón de manera directa, es decir, a través de bandas transportadoras, y no por medio de barcazas, un sistema que no permite el control del polvillo que deja el carbón y que contamina las playas y el mar.

Tanto la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) como la Corporación Autónoma Regional del Magdalena le habían advertido a la Drummond que no podía seguir transportando el carbón por este mecanismo porque así lo había fijado la Ley 1450 de 2011.

La semana pasada, el presidente Juan Manuel Santos, en un mensaje a través de Twitter, dijo: “Ministra Sarmiento, viaje a Santa Marta, evalúe la situación del cargue directo y no dude en tomar decisión que proteja el medioambiente”.

De inmediato la ministra anunció que suspendía la licencia de cargue, con la que contaba la compañía, y le dio un plazo de cinco días para desocupar el carbón que tenía en las barcazas y detener toda la maquinaria para la exportación del mineral.

La decisión estará vigente durante el tiempo que tome terminar el sistema de cargue en Ciénaga (Magdalena), es decir hasta marzo, cuando la Drummond considera que estarán listas las obras.

Y se vienen nuevas sanciones e investigaciones. La Superintendencia de Puertos y Transporte anunció que impondrá multas por 308 millones de pesos diarios a la sociedad American Port Company, de propiedad de la carbonera, y que es la encargada de manejar el puerto de Ciénaga.

Adicionalmente, la Fiscalía adelanta una investigación por la contaminación de la Drummond en Santa Marta y su impacto para el medioambiente y la salud de la población. El gobierno le dio plazo para que presente un cronograma de recuperación ambiental de las playas de la capital de Magdalena.

Consecuencias económicas

En su defensa, la compañía extranjera sostiene que sigue avanzando a un ritmo acelerado en la construcción de un sistema de cargue directo y que las obras de dragado están ejecutadas en un 95 por ciento, un proyecto en el que se han invertido alrededor de 350 millones de dólares. Precisó que la demora en la entrada en operación del puerto se debió a la huelga de trabajadores que se prolongó durante 53 días en 2013, al tiempo que advirtió sobre el impacto económico de esta decisión para las finanzas del país, las regiones productoras, los proveedores y los empleados.

Por cada día que se deje de exportar carbón las pérdidas ascenderán a 11.471 millones de pesos, distribuidos así: 2.470 millones por regalías y compensaciones, 1.691 millones por impuestos, 188 millones por tarifa férrea para la Agencia Nacional de Infraestructura y 7.122 millones por pago a proveedores y salarios y prestaciones sociales a trabajadores.

Entre los trabajadores hay preocupación por las medidas que pueda tomar la empresa. Ya se habla de la suspensión temporal de 4.160 contratos. Sin embargo, el Ministerio de Trabajo advirtió que no autorizará el despido de ningún trabajador ni contratista porque el retraso de las obras no es atribuible a los trabajadores. Así se lo hizo saber el ministro del ramo, Rafael Pardo, a José Miguel Linares, presidente de la compañía, en una carta en la que le pidió garantizar el pago de salarios y prestaciones a los que tienen derecho los empleados.

Pero más allá del impacto económico que esta medida tiene en el corto plazo, ya se está hablando de los efectos que tendrá a futuro.

El año pasado, Colombia no logró cumplir con la meta de producción, estimada en 94 millones de toneladas, y solo llegó a 85 millones debido, entre otros factores, a las huelgas en Drummond y El Cerrejón.

Para este año el panorama podría ser más complejo. El ministro de Minas y Energía, Amylkar Acosta, dice que por esta parálisis se dejarán de producir y exportar alrededor de 90.000 toneladas diarias y se impactaría el ingreso de divisas, regalías e impuestos. Para el funcionario, si bien el país debe promover la actividad minera porque contribuye al crecimiento económico y a la generación de empleo, esto no se puede hacer a cualquier precio.

El anuncio sobre la suspensión del cargue de carbón se conoce en medio de un complicado panorama internacional por la caída en las cotizaciones del mineral –el precio de la tonelada cayó de 100 dólares a 58 en dos años–, la menor demanda de los grandes consumidores y la gran competencia entre los países productores.

Si bien Colombia está entre los diez principales países exportadores de carbón, tiene competidores como Sudáfrica e Indonesia. Entre algunos analistas hay preocupación por el retraso en los envíos del mineral a los mercados internacionales y la mala imagen que pueda dejar este episodio.

Sin embargo, el ministro de Minas considera que la decisión no tendrá un impacto negativo y, por el contrario, envía un mensaje al exterior en el sentido de que el país respeta el medioambiente y hace cumplir las leyes.

Independientemente de los costos económicos que implica, la verdad es que en la Colombia de hoy la preocupación y la presión de la sociedad por la preservación del medioambiente son mucho mayores que antes. Un elemento que, sin duda, incide en esta decisión del gobierno de romper con una tradición en la que se privilegiaban los intereses económicos sobre las consideraciones medioambientales. Ojalá que se siga aplicando.