El plato fuerte del Plan Nacional de Desarrollo

El Plan Nacional de Desarrollo de Santos II, llamado ‘Todos por un nuevo país’, viene cargado de temas. Como han hecho los últimos gobiernos, a este proyecto de ley, que acaba de ser radicado en el Congreso, se le incluyó un extenso paquete de artículos de diversa naturaleza y de gran alcance económico.

La verdad es que más allá de las bases del plan de desarrollo (la visión del país) y del programa de inversiones prometido para el cuatrienio, desde hace varios años su plato fuerte está en el articulado que lo acompaña.

Esto se debe a que, a partir de 1991, el plan de desarrollo debe someterse al mismo trámite de una ley de la República en el Congreso, pero en un término abreviado de tres meses, lo que despierta el apetito de todos: del gobierno para tratar de sacar partido al incluir todo lo que más pueda, y del Congreso para comenzar a exigir partidas presupuestales y proyectos regionales.

Cabe recordar que el primer plan del presidente Álvaro Uribe, llamado ‘Hacia un Estado comunitario’, tuvo 137 artículos y al segundo, denominado ‘Estado comunitario: desarrollo para todos’ le colgaron 160. El plan del gobierno de Andrés Pastrana ‘Cambio para construir la paz’ tenía 160 artículos. Sin embargo, este no pasó el examen de la Corte Constitucional por problemas de trámite en la conciliación y no de fondo.

Pues bien, el Plan de Desarrollo 2014-2018 sigue la misma línea de ser una gran bolsa de propuestas. Arrancó con una lluvia de alrededor de 1.000 iniciativas provenientes de todos los ministerios y entidades del gobierno. En las últimas tres semanas, el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas y el director y subdirector de Planeación, Simón Gaviria y Luis Fernando Mejía, respectivamente, se dedicaron a depurar la lista, hasta dejarla en los 200 artículos.

En estos hay un variado menú, dentro del cual hay siete temas que por su alcance podría decirse son los más relevantes.

El primero tiene que ver con una reforma al código minero. El asunto es de interés nacional, pues trata de poner orden en la exploración técnica y la explotación de los recursos mineros de propiedad estatal. Cabe recordar que el último código fue declarado inconstitucional por la Corte en 2013 y el país tuvo que volver a regirse por el anterior (de 2001), una normatividad obsoleta pues hoy existen otros requisitos ambientales y sociales para esa actividad.

La segunda propuesta se refiere a la creación de un fondo para la salud que sustituya al Fosyga (Fondo de Solidaridad y Garantía). Esta idea fue pilar de la reforma a la salud que el gobierno intentó, sin éxito, sacar adelante.

La tercera iniciativa es una reforma al Catastro. La idea es capturar mayor información de los predios que tiene el país, datos que son base para tener un impuesto predial más actualizado. Expertos consideran que un sistema catastral moderno es vital para la formulación y seguimiento de los planes y las políticas públicas. Este es un instrumento estratégico para una reforma rural, pensando en el posconflicto.

El cuarto aspecto relevante tiene que ver con el autoavalúo catastral. El objetivo con esta propuesta es extender el esquema que tiene Bogotá –considerado exitoso- a las ciudades de más de 100.000 habitantes.

En quinto y sexto lugar hay dos propuestas para crear igual número de fondos. Uno para financiar la infraestructura educativa, para sustentar la jornada única propuesta por Santos II. Otro, para el programa ‘Todos somos Pacífico’. Este último hace parte de la estrategia que lanzó el año pasado el presidente Juan Manuel Santos en Buenaventura con el fin de ejecutar recursos para invertir en la región.

Finalmente, el séptimo tema no es menos grueso. Se pedirán facultades para que el presidente de la República reestructure entidades del Estado.

Como se ve, al gobierno le espera una dura prueba en el Congreso. El economista y experto legislativo Javier Hoyos afirma que lamentablemente el plan se ha vuelto un articulado para rellenar con normas que no se han podido llevar al legislativo, han sido rechazadas o hay que corregir, cuando todo debería estar orientado a lograr los objetivos del plan, tal como dice la Constitución. El asunto es que siempre habrá argumentos para vincular y sustentar cada artículo con las bases del plan.