Elite y Estraval: Tras las huellas de las libranzas

Tras ahondar en las inves-tigaciones del mercado extrabancario de libranzas, la Superintendencia de Sociedades encontró nuevos detalles que revelan la forma como varias empresas que comercializaban pagarés-libranzas defraudaron a miles de inversionistas.

En los últimos días, la superintendencia ordenó la liquidación judicial de Vesting Group y Elite, dos reconocidas firmas de este mercado. La primera se encontraba en reorganización desde el 21 de septiembre, pues estaba incumpliendo pagos a los tenedores de los pagarés. Ante la crisis e imposibilidad de seguir operando, la entidad de control decidió pasar a la etapa de liquidación.

En la segunda, es decir, Elite, aparecieron graves hechos similares a los detectados en Estraval. Según la Supersociedades, Elite captó ilegalmente recursos del público, lo que tiene consecuencias penales. En este caso, el auto dictado se extiende a los altos directivos de la empresa José Alejandro Navas, Marino Salgado, Francisco Odriozola Juan y 13 personas naturales más.

Sin duda, 2016 quedará marcado en el calendario como el año del nuevo gran escándalo financiero por cuenta de las libranzas. El caso tiene grandes dimensiones, tanto por el monto en riesgo como por el número de víctimas. En cuanto al valor, se cree que podría superar lo perdido en la caída de InterBolsa e incluso en las pirámides de 2008. El dinero comprometido en cerca de diez comercializadoras supera un billón y medio de pesos, y un porcentaje importante está en alto riesgo de perderse. Por las irregularidades hasta ahora detectadas, algunos cálculos indican que se recuperará muy poco dinero. Se habla de solo un 30 por ciento del que invirtieron más de 10.000 personas que compraron pagarés-libranzas atraídos por los jugosos rendimientos ofrecidos por estas comercializadoras.

Pero solo cuando la superintendencia termine los procesos de liquidación en todas las empresas implicadas, se sabrá a ciencia cierta el tamaño del hueco que dejarán las libranzas. Por ahora los agentes liquidadores, con apoyo de la Fiscalía, buscan dinero para resarcir a las víctimas. Esto incluye la posibilidad de revocar todos los actos o transacciones que se realizaron en los 18 meses anteriores a la declaratoria de insolvencia de cada caso.

Precisamente, basados en esta norma –contenida en la Ley 1116 de insolvencia– la liquidación de Estraval estudia la posibilidad de revocar una transacción realizada entre el grupo Mercantil Colpatria y Juan Carlos Bastidas, accionista de Estraval, y su filial Técnicas Financieras, Tecfinsa (ver recuadro con el detalle de la operación).

Para acelerar la investigación por el escándalo de las libranzas, la Fiscalía conformó un grupo de tareas especiales con el apoyo de investigadores de la Policía Judicial Económico-Financiera y la cooperación de funcionarios expertos de la Superintendencia de Sociedades. Según el ente acusador, en las primeras investigaciones “se advierte la existencia de entramados empresariales complejos cuyo modelo de negocio presenta anomalías que podrían configurar los delitos de captación masiva y habitual, estafa, administración desleal, concierto para delinquir, lavado de activos y enriquecimiento ilícito, lo cual evidencia un alto nivel de complejidad de la situación investigada”.

Las perlas de Elite

Lo encontrado por la superintendencia, en la firma Elite, corrobora las denuncias que hicieron varios inversionistas sobre la forma como operaba esta empresa de libranzas, al igual que las sociedades que le vendían créditos otorgados, la mayoría de las veces, en la región Caribe.

Según las averiguaciones preliminares, Elite no solo captó ilegalmente recursos del público, sino que conocía las irregularidades de los originadores de las libranzas, mucho antes de la cesación de pagos, y compraba pagarés ‘a ciegas’, mientras no ejercía ningún tipo de revisión de los títulos que negociaba con sus clientes. “Entre los hallazgos se encuentran casos de libranzas vendidas sin respaldo, otras libranzas que no eran descontadas por las pagadurías y algunas más en las cuales lo que se vendía al inversionista no coincidía con lo que se descontaba al deudor”, explicó el superintendente de Sociedades, Francisco Reyes Villamizar. 

En el seguimiento hecho a más de 1.000 pagarés aparecieron sorpresas. Por ejemplo, no correspondían los flujos vendidos a los inversionistas y el descuento efectivo que se les hacía a los deudores del crédito-libranza. En este sentido, el expediente menciona el caso de un pensionado que obtuvo un préstamo por el cual el pagador, en este ejemplo el Fopep (Fondo de Pensiones Públicas), le descontaba cada mes 173.000 pesos. Pero Elite negociaba con los inversionistas el mismo pagaré –que respaldaba el crédito- prometiendo un flujo de 779.000 pesos. Es decir, se generaba un desfase de 606.000 mensuales. Claramente, la idea era que los inversionistas creyeran que al otro lado había un deudor que pagaba sumas más elevadas, lo cual los estimulaba a invertir. Como ese caso las autoridades detectaron más de 350 créditos libranza activos, que tenían descuento con Fopep.

En el expediente también están detallados más de 400 casos en los que se comprobó la falta de correspondencia entre los flujos vendidos a los inversionistas y el monto de descuento realizado por la Fiduprevisora (pagadora). Por ejemplo, está un deudor a quien se le descontaba cada mes 359.000 pesos para pagar su crédito, pero Elite vendía la libranza como si generara un flujo de 612.000 pesos, con un déficit de 253.000 pesos mensuales.

La superintendencia revisó otras libranzas contenidas en la base de datos de Elite cuya pagaduría era el Ministerio de Defensa y encontró también que en 106 deudores, el descuento era inferior al flujo mensual vendido al inversionista.

Otros hallazgos muestran el alcance del presunto fraude. Encontraron pagarés apócrifos, pues no existían los deudores en algunos casos, en otros el valor de las obligaciones estaban alterados y en algunos más los deudores ya habían cancelado sus créditos. Uno de muchos ejemplos, detallados por la superintendencia, es el de una libranza originada en Barranquilla y depositada en Colpensiones que corresponde a un préstamo de 2.900.000 pesos, a 12 cuotas, pero en el facsímil del título que tiene el inversionista dice que el crédito fue por 47.700.000 pesos a 60 meses. Es decir, se alteró el monto del préstamo y el periodo de pago, para engañar al inversionista.

En algunas ciudades de la costa Atlántica los investigadores detectaron casos de supuestos pagarés vigentes que no correspondían a ningún deudor. En estos ejemplos, no existía un flujo real de recursos subyacente al pagaré a cambio del cual los inversionistas le entregaban el dinero a Elite. Según los investigadores, queda en evidencia que la firma recibía dinero mensual de los inversionistas, sin que existiera como contraprestación el suministro de bienes o servicios.

Las reclamaciones de inversionistas de Elite ascienden hasta la fecha a unos 670.000 millones de pesos, pero tras la declaratoria de liquidación judicial y la conclusión de que captó ilegalmente recursos del público, la suma podría subir.

Lo cierto es que tras los hallazgos de la superintendencia, en el caso de Elite, similares a lo detectado en Estraval, se confirma que el mercado extrabancario de libranzas se salió de curso y que sus directivos y socios, aprovechándose de los vacíos regulatorios y de supervisión, hicieron fiestas a costa de los inversionistas. Ahora, el balón por este escándalo está en la cancha de la Fiscalía.

Estudian reversar un negocio

La liquidación de Estraval busca recursos perdidos hasta debajo de las piedras.

Con el propósito de recuperar la mayor cantidad de dinero posible para resarcir a los afectados por las libranzas mal manejadas, las autoridades están mirando, al detalle, los negocios de los directivos y accionistas de las empresas intervenidas. Esto implica, si es necesario, revertir operaciones realizadas con el patrimonio personal de los ejecutivos y socios y no solo de las comercializadoras de pagarés.

En este sentido, la liquidación de Estraval estudia la posibilidad de devolver una operación que realizó Juan Carlos Bastidas –socio principal de la firma- y Técnicas Financieras, Tecfin (filial de la misma), con accionistas del grupo Mercantil Colpatria.

La transacción se remonta al 13 de abril de 2016, cuando Mercantil Colpatria, en aviso publicado en la prensa, informó que Bastidas y Tecfin ofrecían vender un paquete de 46.052 acciones (0,9 por ciento del capital total) de su propiedad en dicha sociedad, a los demás accionistas de Mercantil Colpatria, a un precio de 217.450 pesos por título. La mayoría de las acciones en venta estaban pignoradas al banco Colpatria que aceptaba el traspaso de las mismas por el pago de una obligación que tenía pendiente Bastidas y Estraval.La operación de venta se perfeccionó en mayo de 2016 –días previos a la notificación de la reorganización de Estraval decretada por la superintendencia–.

De acuerdo con las indagaciones de las autoridades, después de pagar la deuda a Colpatria –con las acciones– a Bastidas y Tecfin les quedó un remanente de algo más de 4.000 millones de pesos que recibieron en cheque.Debido a que esta operación se realizó en el llamado periodo de “sospecha”, esto es los 18 meses antes de la declaratoria de insolvencia de Estraval, la Supersociedades está considerando revertir el negocio. Ha llamado la atención de las autoridades el hecho de que la venta de las acciones se hizo un 30 por ciento por debajo del valor intrínseco del título, lo que indicaría que se habría aprovechado el momento crítico de Estraval para apresurar la operación. Luis Fernando Alvarado, interventor de la liquidación de Estraval, considera que estas acciones en Mercantil Colpatria deberían hacer parte de los recursos que serviría para resarcir a las víctimas. Sobre este caso, el superintendente Reyes dijo que es deber de la entidad a su cargo defender a los acreedores y recuperar la mayor cantidad de dinero posible para atenuar el impacto de la captación.