Isagén quedó en manos del fondo canadiense Brookfield

A las 9:20 a. m., en la Bolsa de Valores de Colombia se selló la suerte de Isagén, la segunda generadora de energía del país. A esa hora se destapó el sobre con la única propuesta que presentó el fondo de inversión canadiense Brookfield Asset Management para quedarse con la compañía colombiana.

El negocio se cerró con una oferta de 6,49 billones de pesos, es decir, el mismo valor que propuso el Gobierno, y sin que hubiera lugar a puja que incrementara sustancialmente el precio fijado. La energética pasó de ser la 'joya de la corona' del sector público a convertirse en una empresa más de un fondo que maneja alrededor de 225.000 millones de dólares en activos, especialmente en los sectores de infraestructura y energía.

La privatización se concretó luego de más de dos años de tropiezos jurídicos que llevaron a que la venta se aplazara en dos oportunidades ante las decisiones adoptadas por los altos tribunales que acogieron varios recursos en contra. Los demandantes denunciaban posibles detrimentos patrimoniales. Además, afirmaron que con la venta se pondría en riesgo la soberanía energética, teniendo en cuenta que Isagén es responsable de más del 20 % de la energía que demanda el país, con una capacidad instalada de 3.032 megavatios.

Además, es dueña de siete centrales hidráulicas y térmicas: Jaguas, Calderas, San Carlos, Termocentro, Miel I, Amoyá e Hidrosogamoso. Esta última es una moderna hidroeléctrica inaugurada hace un año y que demandó inversiones superiores a cuatro billones de pesos.

Sin embargo, contra viento y marea, el Gobierno hizo caso omiso de las voces de protesta y llevó a cabo la operación, que no estará exenta de problemas. Uno de ellos es el relacionado con la posición asumida por el procurador general de la Nación, Alejandro Ordónez, que advirtió sobre un detrimento patrimonial superior a dos billones de pesos al considerar que el precio de Isagén estaba 27 % por debajo a su valor real.

Varios partidos políticos también se fueron lanza en ristre contra esta operación, al punto de que el Partido Liberal propuso salirse de la Unidad Nacional si el Gobierno seguía adelante con el proceso.

El ambiente político quedó muy caldeado y no se descartan debates en el Congreso y una mayor oposición al Gobierno en momentos en que la administración Santos busca apoyo para el plebiscito por la paz que avale los acuerdos de La Habana.

Ahora habrá que esperar si surgen nuevas demandas y cómo se invertirán los recursos de la compañía, que irán a financiar el programa de infraestructura vial de la cuarta generación de concesiones. Con esos recursos se espera apalancar a los concesionarios para que puedan hacer su cierre financiero y seguir con los proyectos viales, que son los que tiene para mostrar el Gobierno en un año que luce muy complicado en materia económica por el desplome de los precios del petróleo.

Los recursos de Isagén eran vitales para apalancar este proceso si se tiene en cuenta que el presupuesto de la Nación está ajustado y presenta un faltante de recursos de cerca de 31 billones de pesos.