El contraataque de Drummond

Desde el 2009, Drummond, una de las principales productoras de carbón del país, libra una batalla jurídica en Estados Unidos contra abogados y organizaciones de ese país y de Colombia, que la han demandado en diversas ocasiones por su presunta participación en el asesinato de tres sindicalistas de la compañía, a manos de organizaciones paramilitares.

Sin embargo, la Corte Federal de Apelaciones del Circuito 11 de Atlanta (Estados Unidos) archivó hace unos días las denuncias porque, según el tribunal, no hay evidencias de que Drummond o sus ejecutivos estuvieran involucrados en pagos realizados a las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), ni que supiera que habían sido asesinadas personas que no eran combatientes. José Miguel Linares, presidente de la compañía en Colombia, habló con Semana.com.com sobre el contraataque jurídico.

Semana.com: ¿Qué viene después de la decisión de la Corte de Apelaciones de Estados Unidos?

José Miguel Linares: Este es el tercer proceso favorable contra Drummond pero todavía hay un cuarto proceso en curso. Esperamos que la nueva decisión también sea favorable a la empresa porque Drummond nunca ha pagado a paramilitares ni a ningún otro grupo ilegal en Colombia.

Semana.com: ¿Cómo ha sido la batalla jurídica en Estados Unidos?

J. M. L.: Las dos primeras demandas contra Drummond eran porque presuntamente la compañía había tenido participación con organizaciones paramilitares para asesinar a sindicalistas. Pero la tercera y cuarta demanda son porque, según los acusadores, la empresa le dio asistencia a los paramilitares que asesinaron a una gran cantidad de personas cerca de la línea férrea por donde se moviliza el carbón, que pasa entre Chiriguaná y Santa Marta.

Semana.com: ¿Cuáles son los argumentos de Drummond en la contrademanda?

J. M. L.: Desde hace tres años iniciamos un proceso por difamación en Alabama. En la etapa probatoria pedimos que nos entregaran la documentación y encontramos evidencias sobre la manera como algunos abogados les venían pagando a los familiares de los paramilitares, que estaban siendo utilizados como testigos en contra nuestra. Inicialmente esos paramilitares dijeron que Drummond no tenía ninguna relación con esos hechos pero después cambiaron sus testimonios. Hay evidencias de que abogados en Colombia retiraban recursos de la cuenta de la firma de abogados en Estados Unidos y les consignaban a los familiares de los paramilitares.

Fueron pagos mensuales entre 1,5 y 3 millones de pesos durante más de cuatro años. Los abogados han querido justificar los pagos aduciendo que eran para la seguridad de los familiares que estaban siendo amenazados. Pero nunca se mostraron denuncias antes las autoridades de las supuestas amenazas ni se comprobó que esos recursos se hayan destinado a temas de seguridad.

Semana.com: ¿Qué paramilitares testificaron en contra de la empresa?

J. M. L.: 'El Samario', 'el Tigre', 'el Canoso' y 'Bam Bam', así como el excontratista de alimentación de la Drummond, Jaime Blanco, que está condenado a más de 30 años de prisión. Todas esas evidencias se las entregamos a la Fiscalía.

Semana.com: ¿A quiénes van a demandar y bajo qué cargos?

J. M. L.: Con base en esta información el mes pasado iniciamos una nueva demanda civil acudiendo a la Ley RICO (Racketeer Influenced and Corrupt Organizations), que es una ley para demandar a organizaciones criminales.

La demanda es por soborno, extorsión, fraude, obstrucción a la justicia, manipulación de testigos y lavado de activos. Si las autoridades de Estados Unidos encuentran fundamentos se iniciaría una acción penal contra los implicados.

Estamos demandando a Terrence Collingsworth, abogado en Estados Unidos, a la firma de abogados Conrad & Scherer, una firma de abogados estadounidense, a Willian Scherer, socio de esta firma, a International Rights Avocates, a Iván Otero y Francisco Ramírez, abogados colombianos y a otros abogados y ONG.

Semana.com: ¿A cuánto asciende la demanda?

J. M. L.: Durante el proceso y una vez se recopile la evidencia se determina el valor de la demanda. Inicialmente va en 30 millones de dólares por todos los costos que nos ha generado la defensa por esta conspiración fraudulenta que cometieron contra Drummond. El valor de los daños que se logren demostrar se multiplica por tres. Nosotros esperamos demostrar muchos más perjuicios porque nos montaron una campaña de difamación en Colombia, en Estados Unidos y en Europa. Pero nunca cedimos ante la presión y extorsión y nunca aceptamos ningún acuerdo. Uno no puede ser un poquito culpable o un poquito inocente. Por eso vamos hasta las últimas consecuencias.

Semana.com: ¿Cómo lograrán contrarrestar la mala imagen que quedó de la compañía con estas denuncias?

J. M. L.: Estamos divulgando todas las mentiras que se dijeron de la compañía. Los resultados en las cortes de Estados Unidos son los que han demostrado nuestra inocencia. En los últimos años hemos venido haciendo una intensa gestión para hablar con los clientes, gobiernos y diferentes organizaciones. En Colombia estamos realizando trabajos de responsabilidad social en el área de influencia en temas de salud, educación, cultura y medio ambiente.