El drama del oro colombiano

Desde hace bastante tiempo no se escuchan buenas noticias relacionadas con la explotación de oro en Colombia. En el sector predominan informes que se refieren a la minería ilegal, al lavado de activos, a los problemas ambientales, al recorte de inversiones y a la caída en los precios internacionales del metal.

Y en las últimas semanas se han acentuado los sucesos negativos. La firma canadiense Gran Colombia Gold, propietaria de 111 títulos mineros en Segovia (Antioquia) -donde operan los activos de la extinta Frontino Gold Mines- y Marmato (Caldas), está en dificultades financieras. Por su parte, la sudafricana AngloGold Ashanti anunció que recortará inversiones este año, y aunque sus directivos lo desmienten, en el mercado hay fuertes rumores sobre la posibilidad de que salga de Colombia. Como si faltara ruido en el sector, la comercializadora más grande del país, la empresa Goldex, fue acusada por la Fiscalía de lavar activos por 2,3 billones de pesos.

A las noticias locales que le restan brillo al oro se suma la caída de los precios internacionales. Según un sondeo de la agencia Reuters, el metal precioso enfrentará, en 2015, un tercer año seguido de pérdidas. Se estima que la cotización promediará este año los 1.234 dólares la onza, una baja de tres por ciento frente a 2014.

Pero lo realmente grave es que en Colombia, a los problemas propios del mercado, hay que agregar un fenómeno adicional: la minería ilegal que crece a pasos agigantados. Según datos de la Asociación Colombiana de Minería (ACM) solo cerca del 15 por ciento de las actividades del sector son legales o formales. Es decir, que el oro nada en un universo de ilegalidad donde imperan organizaciones criminales que están causando graves problemas al medioambiente, a las regiones y a la economía.

De las 55 toneladas de oro que se producen al año en Colombia, solo siete corresponden a las grandes firmas, la mayoría de capital extranjero, que cumplen las normas. Santiago Ángel, presidente de ACM, afirma que si todo se formalizara la nación recibiría anualmente más de 2.000 millones de dólares, es decir, el sector sería uno de los grandes generadores de divisas. Pero como el 85 por ciento de la minería es ilegal esos recursos van a parar a otras manos.

Otro hecho preocupante es que la inversión extranjera para el sector minero (incluido carbón) está cayendo a pasos acelerados. Trimestralmente ingresaban, en promedio, entre 600 y 700 millones de dólares. Pero ahora, los recursos invertidos no superan los 140 millones de dólares, es decir, una cuarta parte. “La minería del oro está muy satanizada. Esto debe cambiar porque en este sector hay empresas serias que están cumpliendo con la normatividad”, dice Ángel, quien afirma que hacen falta más medidas para combatir la ilegalidad.

Mineras en problemas

Pero a la minería ilegal se suman otros problemas que han frenado la inversión en el sector. En esto tienen que ver varios factores. De un lado, en los dos últimos años la cotización internacional del oro, que llegó a 1.700 dólares, cayó en más del 20 por ciento y hoy se encuentra en niveles de 1.257 dólares. Las grandes firmas mineras que tenían sus ojos puestos en Colombia estaban esperanzadas en los precios altos.

Otro factor que ha desestimulado la inversión tiene que ver con los problemas con las comunidades donde se extrae el mineral y con la falta de claridad en la legislación colombiana sobre la forma de explotar estos grandes proyectos.

El caso de la multinacional AngloGold Ashanti, la tercera compañía más grande del mundo en el ramo, es diciente. Está en el país desde hace ocho años y tiene su mayor apuesta en el proyecto aurífero de La Colosa, en el departamento del Tolima. Hasta el momento ha invertido más de 700 millones de dólares. Sin embargo, este proyecto que tiene recursos (reservas) estimados del orden de los 29 millones de onzas, se ha enfrentado a una férrea oposición de la comunidad que en una consulta popular en el municipio de Piedras (Tolima) se opuso a grandes desarrollos mineros en la región.

Una carta enviada a finales de 2014 por las directivas de la compañía al Concejo de Cajamarca (Tolima) despertó inquietudes sobre la suerte del proyecto, y ha alimentado los rumores sobre la salida del país de esta multinacional. En la carta, Felipe Márquez, vicepresidente de Asuntos Corporativos de AngloGold, anunció que la multinacional recortará en 50 por ciento sus inversiones previstas para este año, disminuirá la planta de personal al ‘mínimo requerido’, reducirá las compras de bienes y servicios relacionadas con el proyecto y suspenderá la creación de una fundación para temas sociales.

El proyecto se encuentra en etapa de prefactibilidad. La etapa de producción no comenzará antes de 2020 porque primero se deben surtir varios procesos, entre ellos la licencia ambiental y despejar los problemas con las comunidades.

Otras compañías están echando números para ver la viabilidad de sus desarrollos mineros en Colombia. Se trata de Eco Oro (antigua Greystar), Leyhat y Aux (que era del millonario brasileño Eike Batista). Eco Oro tendría una parte de sus proyectos en el páramo de Santurbán que fue recientemente delimitado por el Ministerio del Medio Ambiente. La multinacional tiene previsto hacer una explotación subterránea, con lo cual espera producir anualmente cerca de 300.000 onzas de oro durante 10 años. La compañía ha invertido más de 300 millones de dólares en este proyecto.

Por su parte, la canadiense Gran Colombia Gold afronta dificultades financieras. Este año incumplió pagos de intereses a los tenedores de sus bonos. Sin embargo, para calmar a los mercados anunció que comenzará a pagar intereses en febrero de este año y que seguirá tomando las medidas necesarias para mejorar el flujo de caja, gracias a que, dijo, está en aumento la producción –en el cuarto trimestre de 2014 creció 18 por ciento frente al tercer trimestre de ese año–.

En medio de este panorama oscuro para el oro, la canadiense Continental Gold es más optimista sobre el desarrollo de su proyecto en Buriticá (Antioquia). Ya se encuentra en exploración avanzada y espera comenzar a producir a partir de 2017. Hasta el momento, la firma ha invertido 171 millones de dólares y con el apoyo del gobierno desarrolla un proyecto piloto para formalizar mineros que están en la ilegalidad.

Sin embargo, a la compañía le preocupa el aumento de la población flotante en la zona que pasó, en menos de dos años, de 6.000 a más de 17.000 personas, lo que ha derivado en problemas para los servicios públicos, y el aumento de la inseguridad.

El panorama para el sector no es el más brillante. Los problemas siguen apareciendo. Por eso es necesario, como sostiene Santiago Ángel, que se realicen mayores esfuerzos de fiscalización, se definan políticas claras para la minería ilegal y artesanal, se depuren las cifras y haya sanciones ejemplares que incluyan la cárcel, para que el sector se convierta en un aporte económico para el país y no en un gran problema.

El dolor de cabeza

En 186 municipios del país hay minería ilegal de oro.

Aunque el gobierno viene trabajando en una política para combatir la minería ilegal y la informalidad, la verdad es que las acciones se han quedado cortas frente a la magnitud del problema. Según la ACM, 186 municipios del país tienen minería ilegal del oro. La situación es muy compleja en Antioquia – el principal productor del país-, Chocó, Cauca, Valle y Nariño, entre otros.

Por ejemplo, en Chocó, el segundo productor, solo hay un título minero legalizado. En el Cauca y Valle las dragas que se ven trabajar a plena luz del día están causando enormes estragos ambientales (foto). La semana pasada la Defensoría del Pueblo comprobó en una visita al terreno la destrucción del medioambiente y contaminación de ríos así como las amenazas a los líderes indígenas que denuncian estas prácticas.

Sin embargo, el gobierno sostiene que no está quieto. La Agencia Nacional de Minería (ANM) anunció la semana pasada que ya está en marcha el Registro Único de Comercializadores de Minerales (Rucom), que permitirá controlar la extracción ilícita de minerales. El objetivo de la medida es que quien comercialice oro tendrá que demostrar en dónde lo adquirió y de dónde proviene, es decir, su trazabilidad. De esta manera se les pondría ‘tatequieto’ a las comercializadoras, como la descubierta en días pasados, ya que la que no esté en el registro no podrá hacer negocios.

Natalia Gutiérrez, directora de la ANM, dice que para atacar la ilegalidad, la evasión de impuestos y regalías es necesario que colaboren los alcaldes, que deben suministrar el listado de barequeros. Sobre este particular dijo que resulta preocupante que municipios que reportan una alta producción de oro (caso Chocó) no tengan títulos vigentes y tampoco reportes de barequeros.