Pensiones que no son pensiones

La polémica en torno a un artículo del Plan Nacional de Desarrollo que busca modificar los mecanismos de protección a la vejez no para de crecer. Mientras que para congresistas como Angélica Lozano se trata de una reforma pensional por la puerta de atrás y una “expropiación” del ahorro pensional, el Gobierno ha hecho un llamado a no generar desinformación y noticias falsas. ¿Quién tiene la razón?

La aparente complejidad del tema amerita una explicación clara sobre qué está ocurriendo hoy con el tema de las pensiones y las devoluciones.

Cuando una persona cumple la edad de pensión y no alcanza a cotizar las semanas suficientes para pensionarse, 1.300 en el régimen público o 1.150 en un fondo privado, se le devuelven los ahorros que alcanzó a realizar durante su vida laboral.

El proceso recibe técnicamente nombres diferentes en los distintos regímenes pensionales. Se denomina devolución de saldos en los fondos de pensiones e indemnización sustitutiva en el caso del fondo público manejado por Colpensiones.

Y dado que las personas no cotizan o pasan casi la mitad de su vida laboral sin cotizar ante la alta informalidad laboral, esta termina siendo la situación de la mayor parte de la población.

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Esto ocurre debido a que por ley, en Colombia no puede haber pensiones (ni cotizaciones) por debajo del salario mínimo. Por tanto, esta norma que en principio busca proteger a los trabajadores, termina dejando por fuera del sistema pensional a más de la mitad de la población trabajadora del país, que se caracteriza por tener bajos ingresos.

En los últimos seis años más de 660.026 colombianos no han alcanzado a cumplir las condiciones para pensionarse y han tenido que recibir su plata de vuelta (543.035 en Colpensiones y 116.991 en los fondos privados). Muchos más de los que han pensionado.

Se estima que en 2018 la devolución promedio en Colpensiones fue alrededor de 4,8 millones de pesos, mientras que en los fondos privados ha sido cercana a los 35 millones de pesos. Esto se debe a que en los fondos se devuelve la totalidad del el ahorro, esto es la cotización tanto del empleador como del trabajador, junto con sus rendimientos financieros, mientras en Colpensiones la indemnización consiste en el dinero aportado únicamente por el trabajador, actualizado con la inflación.

Por esta razón, el Estado ha creado mecanismos complementarios que buscan darles un mínimo de protección durante el retiro a las personas de menores ingresos, que no tuvieron un trabajo formal durante su vida productiva o con baja capacidad de ahorro. Se trata de los denominados Beneficios Económicos Periódicos (BEPS). En estricto sentido, estos no son una pensión –porque no puede haber pensiones por debajo del salario mínimo– sino un sistema de protección para la vejez.

Con los BEPS, las personas que ganan menos de un mínimo pueden realizar aportes desde $5.000 pesos a una cuenta de ahorro individual. Cuando lleguen a la edad de pensión, los afiliados pueden utilizar estos recursos, más un subsidio que otorga el Estado del 20 por ciento sobre el monto ahorrado, para obtener un ingreso vitalicio que va desde 40.000 pesos hasta un 85 por ciento de un salario mínimo mensual.

Sin embargo, el sistema no ha tenido el alcance que el Gobierno esperaba inicialmente. Al 31 de diciembre de 2018 el esquema contaba con 1.272.852 personas vinculadas, pero de ellos solo alrededor de 460.075 ahorra de manera constante. El monto promedio ahorrado por vinculado es de 202.401 pesos, para un portafolio alrededor de los 161.480 millones de pesos.

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Por tanto, estamos en una situación donde ni el sistema pensional ni los mecanismos para protección de la vejez están sirviendo para proteger a la población menos favorecida. Esta falta de cobertura (sumada a otros problemas como la inequidad e insostenibilidad del sistema público) muestra la necesidad de una reforma pensional y al sistema de protección a la vejez.

La polémica 113

En la actualidad, las personas a las que les devuelven sus ahorros pensionales tienen la opción de optar por un BEPS, pero no lo hacen pues prefieren recibir los recursos de una sola vez. Sin embargo, muchos expertos consideran que la mayor parte de la gente los gasta o los invierte de manera inadecuada quedando al final desprotegidos durante su vejez

Por esta razón, el Gobierno busca fortalecer los BEPS en el Plan Nacional de Desarrollo mediante el artículo 117 haciendo que los ahorros de quienes no alcanzaron a pensionarse en el Sistema General de Pensiones se trasladen automáticamente a un BEP. La norma le da un plazo de 10 días para decidir si quiere una renta mensual (un BEPs) o si prefiere recibir su dinero completo de una vez.

Para la senadora Angélica Lozano, esto se trata de una “expropiación” de los ahorros pensionales de quienes no alcanzan a jubilarse pues al trasladarse esa plata a los BEPs se elimina la posibilidad de que este ahorro sea heredable. Además, critica el corto tiempo que tendrían los colombianos para decidir.  

“Hoy, si usted trabaja y cotiza y no alcanza a pensión, le devuelven lo ahorrado. Con este artículo no le devuelven su plata. Le darían 40.000 pesos mensuales y si muere, pierde todo”, señaló la senadora Lozano.

Para el Gobierno es totalmente lo contrario de lo que afirma la senadora. El propósito del artículo 117 es ofrecer a quienes no les alcanzaron sus ahorros para pensionarse un “producto de retiro” que les garantice un ingreso fijo mensual, de manera vitalicia, y que se beneficia con el 20 por ciento de subsidio sobre el monto ahorrado. Además, es una alternativa voluntaria.

“Las cotizaciones nunca se pierden, la opción que le damos desde Colpensiones y el Gobierno Nacional es trasladarlas al programa BEPS y de esta manera lograr un ingreso económico una vez la persona cumpla la edad de retiro, aun cuando no haya logrado los requisitos para pensionarse”, afirmó el presidente de Colpensiones, Juan Miguel Villa, quien advirtió por el incremento de las consultas de las personas en las sedes regionales de la entidad ante “el pánico pensional”.

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Sin duda, la afirmación de que esto es una ‘expropiación’ del ahorro es una exageración pues la norma lo que busca es, en teoría, incentivar el uso apropiado de dichos recursos y que la gente no malgaste la plata en otros temas que no están relacionados con su pensión.

Para David Cuervo, director de la Unidad de Negocio Bienestar Patrimonial de la consultora Mercer, se trata de ayudar a las personas a que tomen la mejor decisión. Es lo que los economistas llaman el “pequeño empujón”, y se materializa cuando los gobiernos establecen mecanismos apropiados para que los ciudadanos tomen decisiones que realmente le convienen. Abandonar al ciudadano, en las decisiones financieras más importantes de su vida, como lo es el retiro, significa en el mediano plazo adultos mayores desprotegidos y en condiciones de miseria.

En lo que sí podría tener razón Lozano es que este es un tema relacionado con ahorros pensionales y debería ser tratado en el proyecto de reforma pensional que presentaría el Gobierno en 2020, y no hacer una reforma a cuenta gotas. 

Para el Observatorio Fiscal de la Pontificia Universidad Javeriana, el artículo 113 del Plan Nacional de Desarrollo (PND) crea un régimen de pensiones para las personas de bajos ingresos semejante al régimen subsidiado de salud actual. Hoy los trabajadores que ganan menos de un salario mínimo pueden hacer aportes voluntarios al sistema de pensiones BEPS. Con el nuevo régimen se haría obligatorio el pago del 15 por ciento de los ingresos mensuales de dichos trabadores al sistema BEPS. La carga tributaria de este 15 por ciento recaería sobre los trabajadores de más bajos ingresos del país. Esto permitiría que los colombianos que ganan menos de un salario mínimo tengan la posibilidad de acceder a una pensión. Actualmente, esto no es posible pese a que casi la mitad de los trabadores del país ganan menos del mínimo.

Sin embargo, para los analistas del observatorio no es claro cómo se garantizará la obligatoriedad de estos pagos en un país donde casi la mitad de los trabajadores son informales y afirman que este sistema beneficiaría financieramente a las compañías aseguradoras encargadas de administrar estas pensiones.

Anif también ha criticado el balance de los BEPS ante su alto costo administrativo en relación con el ahorro generado y bajo número de beneficiados. Para esta entidad, sería mucho mejor trabajar en lograr una mayor formalidad laboral y eliminar los subsidios altamente regresivos (tipo Hood Robin) que otorga Colpensiones. Esto es, hacer algo más integral que toque incluso temas del mercado laboral.

Los datos indican que un colombiano cotiza a la seguridad social en su vida laboral, en promedio, solo 754 semanas (14 años). El 58 por ciento del total requerido para obtener la pensión. Esto no es un problema del sistema pensional, sino del mercado laboral.

Según Cuervo, el artículo es técnicamente apropiado y una solución concreta que es fácilmente implementable para garantizar que más personas estén cubiertas con algún nivel mínimo de protección, pero sin duda, los temas pensionales son altamente sensibles a la opinión pública, y requieren de un serio escrutinio.