El crudo en la encrucijada

Hace unas semanas, el gobernador del Caquetá, Edilberto Valencia, anunció su intención de realizar una consulta popular para que los habitantes decidan si quieren que en su territorio se busque y se extraiga petróleo. En ese mismo departamento, la alcaldesa de El Paujil, Liliana Cuéllar, acaba de expedir un decreto que restringe el uso, en el casco urbano y rural, de maquinaria para hacer sísmica, una actividad crucial para determinar si en la zona hay yacimientos.

Quince días atrás, la Anla revocó la licencia otorgada a la empresa Hupecol para comenzar a explorar en la Macarena, a 70 kilómetros de Caño Cristales; y hace un mes, la Corte Constitucional le ordenó a Hocol, filial de Ecopetrol, frenar las operaciones en el campo Ocelote (Meta) mientras se establecía si esta actividad estaba afectando a la comunidad indígena Awalibá. Finalmente reversó la decisión.

También, la corte suspendió la exploración de varios pozos en el campo Quifa, en Puerto Gaitán (Meta), operado por Pacific, hasta que la petrolera realice una consulta con 13 comunidades indígenas. En Orito (Putumayo), el alto tribunal le ordenó a Ecopetrol y Petrominerales dejar de explotar porque no realizó consulta previa y porque la actividad afecta las fuentes hídricas.

El anterior es, ni más ni menos, el escenario en el que se mueve el sector de hidrocarburos en Colombia, marcado por una férrea oposición a todo lo que huela a petróleo. El tema es bien preocupante y plantea el viejo dilema entre desarrollo y medioambiente, un conflicto difícil de resolver porque tiene demasiadas aristas, todas muy complejas.

Por ejemplo, está el tema económico. Hay que recordar que Colombia, si bien no es un país petrolero, sí ha dependido en alto grado de las exportaciones de hidrocarburos. En los últimos años, estas han sido la principal fuente de ingresos fiscales, de los que dependen buena parte de los gastos de la Nación. En 2013, la renta petrolera (ingresos por impuestos y dividendos) ascendió a 23,6 billones de pesos. Eso representaba, en ese año, el 20 por ciento de los ingresos del gobierno. En la última década el sector le reportó ingresos a la Nación de 210 billones de pesos (regalías, impuestos y dividendos) mientras que las regiones productoras recibieron alrededor de 8 billones de pesos anuales. Estos recursos han servido en el país, y en especial en las regiones, para atender programas de salud, educación e importantes obras de infraestructura.

El ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, dice que “no podemos olvidar que el petróleo es la principal fuente de recursos para la inversión territorial”, y que el país todavía no tiene cómo reemplazarla.

Lo más preocupante es que el rechazo a la exploración petrolera se presenta justo cuando el país necesita encontrar petróleo para aumentar las reservas, que se han ido agotando. Según los últimos datos, estas llegaron en 2014 a 2.308 millones de barriles equivalentes (crudo y gas), es decir, solo alcanzan para 6,4 años. En las próximas semanas se conocerá un informe de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) que probablemente revelará una nueva caída en estos recursos.

De allí, la urgencia de explorar, tarea que viene en declive. Mientras en 2014 se perforaron 113 pozos, el año pasado apenas fueron 25, una caída del 77 por ciento. En lo corrido del año se han perforado solo cuatro pozos. Más grave aún es la caída del éxito exploratorio, pues cada vez es más difícil encontrar petróleo en Colombia. Según Acipet, el gremio de los ingenieros petroleros, de los 113 pozos perforados solo apareció crudo en tres. Y de los 25 del año pasado solo dos fueron positivos. Hoy el factor de éxito es menos del 10 por ciento cuando hace unos años superaba el 20 por ciento.

Como consecuencia, la Asociación Colombiana del Petróleo (ACP) prevé un descenso en la producción de crudo en los próximos años, que pasará de niveles cercanos a 1 millón de barriles diarios, a menos de 600.000. Un estudio de Fedesarrollo señala que “la única forma de aumentar las reservas es mediante un programa agresivo de exploración”. Pero hay un agravante: se necesita que pasen por lo menos seis años antes de que un pozo comience a dar petróleo.

El problema es que el ambiente no podría ser más adverso para los inversionistas. Los principales gremios del sector, como la Asociación Colombiana del Petróleo (ACP), la Cámara Colombiana de Bienes y Servicios Petroleros (Campetrol) y la Asociación Colombiana de Ingenieros de Petróleos (Acipet) han encendido señales de alerta. Le están pidiendo al gobierno, además de reglas de juego claras y estables, revisar los altos impuestos para el sector; disminuir los costos del transporte y mayor competitividad frente a otros países de América Latina. Dicen que Colombia es, después de Venezuela y Ecuador, uno de los países que menos estímulos otorga a esta industria.

El sabor que está quedando entre los inversionistas es de inseguridad jurídica en Colombia, lo que tendría consecuencias, pues la revocatoria de licencias podría derivar en demandas contra el Estado colombiano.

El freno en la actividad exploratoria se refleja también en la demanda de taladros. Según Campetrol, en el último año su utilización cayó 72 por ciento. Hoy de los 254 que hay en el país operan 32, y el resto están parados. Cada día de inactividad le implica grandes erogaciones a las petroleras.

Como dice el presidente de ACP, Francisco José Lloreda, “está en juego la sostenibilidad energética del país tanto en petróleo como en gas”. Dice que las inversiones que se hagan o se dejen de hacer ahora impactarán el futuro energético de Colombia. Por eso, el fantasma de la importación de hidrocarburos que vivió el país entre 1975 y 1985 volvió a aparecer.

¿Sector estigmatizado?

No es un secreto que a nivel mundial hay un gran debate sobre el impacto que puede tener la explotación petrolera en las cuencas hidrográficas, la fauna y la flora de los ecosistemas. Pero, sin desconocer estos riesgos, expertos también aseguran que existen regulaciones ambientales internacionales que permiten explotar estos recursos sin causar daños graves.

El problema es que la controversia se ha polarizado al máximo y, además, se le ha metido política. La preocupación por el tema ambiental ha ido escalando en las regiones colombianas. La reciente discusión sobre la licencia a la empresa Hupecol en la Macarena es apenas una muestra de lo que sucede en las zonas petroleras del país.

Leonardo David Donado, presidente de la Asociación Colombiana de Hidrogeólogos, dice frente a las críticas de los ambientalistas que “es erróneo asegurar que un pozo de producción de hidrocarburos secará acuíferos superficiales o ríos”. Afirma que no es posible exigir champús, cremas, tubos PVC, asfaltos, que se fabrican con los derivados del petróleo y al mismo tiempo frenar su extracción. “Toda actividad económica tiene impactos. Lo que hay que hacer es tratar de mitigarlos y poner en marcha buenas prácticas y controles”, concluye.

Hace un par de semanas, a instancias de la Asociación Colombiana de Ingenieros de Petróleos (Acipet), se celebró una cumbre con los decanos de las principales facultades de geología, ingeniería de petróleos y geofísica, y las asociaciones que reúnen a los profesionales especializados en la industria. Al final del encuentro, en un pronunciamiento conjunto, señalaron que “la industria y la academia manifiestan su preocupación frente a la estigmatización que viene teniendo el sector petrolero como una amenaza para los ecosistemas y la biodiversidad en algunas regionales del país, basado en opiniones sin el suficiente soporte técnico y científico”.

Según los profesionales que asistieron al evento, la industria petrolera desarrolla sus actividades con apego a la ley colombiana y a los mejores estándares ambientales internacionales. “Las autoridades locales y la misma comunidad realizan un escrutinio permanente a las operaciones”, aseguraron.

Pero además de la preocupación ambiental, en algunas regiones del país también hay malestar por el impacto económico y social. El oro negro es visto como una maldición porque en muchos municipios ha traído demasiada gente, y con ella problemas de delincuencia, inseguridad y prostitución. En ciertas zonas hay gran presión de grupos externos, de sindicatos y juntas de acción comunal que esperan que las petroleras contraten más mano de obra de la necesaria o que les hagan carreteras o colegios que el Estado debería asumir.

Es tal la presión, que en algunas regiones no se ha podido poner en marcha el Programa de Empleo. Este busca que las hojas de vida de los aspirantes a ingresar a esta industria se inscribieran en las oficinas del Servicio Público de Empleo y que las petroleras escojan a las personas más idóneas. Actualmente se presentan muchos casos en los que las juntas de acción comunal o los políticos imponen la mano de obra de las compañías y a veces, incluso, le piden al trabajador una retribución económica por vincularlos.

Lo cierto es que académicos y economistas están preocupados por las consecuencias de la estigmatización que se observa en la industria petrolera, que ya afronta dificultades por cuenta de la caída internacional del precio. Este se ha traducido en la reducción de actividades y proyectos, con un significativo impacto en el empleo y en los recursos generados para inversión social en sectores como educación y salud. El ministro de Hacienda afirma que “si antes se decía Colombia es café o no es. Ahora habría que decir que Colombia sin petróleo dejará de ser lo que es hoy: un país líder y en claro progreso”.

Hay otro elemento que no se puede dejar de lado en el análisis. Desestimular la industria petrolera es también dejarle el campo a la actividad ilegal, como cierta minería, y a que aumenten los propio cultivos de coca. En la medida en que haya empresas petroleras importantes trabajando en las regiones, hay más legalidad en la actividad económica.

Es innegable que el frenazo que ha sufrido la industria petrolera por la caída en los precios se ha traducido en problemas económicos y sociales en las regiones productoras, y en la pérdida de puestos de trabajo. Según Juan Carlos Rodríguez, presidente de Acipet, han desaparecido en los últimos dos años cerca de 60.000 empleos, una tercera parte de los que generaba esta industria. En el caso de los ingenieros de petróleos la tasa de deso-cupación es del 54 por ciento –cerca de 3.800 fueron desvinculados–. La situación es más preocupante para los egresados de las facultades de ingeniería donde el desempleo se eleva al 64 por ciento.

Ante este panorama, expertos del sector dicen que es hora de que el gobierno envíe mensajes claros sobre el rumbo de la política petrolera porque lo peor que puede pasar es que a la vuelta de cinco años el país se vuelva un importador neto de hidrocarburos.

Pero también, los colombianos deben ser realistas y entender que sin petróleo no habrá plata para la salud, la educación y para salir de la pobreza. Como dice el ministro Cárdenas, a todos los colombianos les conviene que la renta petrolera aumente y eso significa que el sector tenga un buen desempeño, que crezca, que tenga utilidades y que no se espante.