Por qué no vender Isagén

Los últimos tres gobiernos han querido vender a Isagén, una empresa considerada una de las tres últimas joyas de la corona del sector público junto con Ecopetrol e ISA. Cada vez que un ministro de Hacienda ha necesitado aumentar los recursos fiscales ha considerado la opción de enajenar este activo, y le llegó la hora a este gobierno. Es, sin duda, una decisión muy controvertida dado el valor estratégico y financiero que tiene esta empresa para el país. 

Isagén es la tercera generadora de energía que tiene Colombia y participa con el 18 por ciento del Sistema Interconectado Nacional. La Nación tiene el 57,6 por ciento de las acciones y EPM el 13 por ciento, para un total del sector público del 70,6 por ciento. El resto está en manos de accionistas particulares, incluyendo extranjeros y fondos privados de pensiones. 

La semana pasada el Consejo de Ministros le dio luz verde a la venta y la noticia, como era de esperarse, levantó una polvareda política y revivió el debate entre quienes piensan que el Estado debe quedarse con este jugoso negocio y quienes opinan que debe salir y dejárselo a los particulares. Las razones del gobierno Santos no tienen misterio: necesita la plata para invertir en infraestructura. 

 La decisión no se había concretado porque en los primeros dos años hubo grandes ingresos tributarios -estos se incrementaron en 14 billones de pesos- y el entonces ministro de Hacienda, Juan Carlos Echeverry, no tuvo que echar mano de este importante activo. La situación fiscal es ahora menos boyante e Isagén podría representarle un ingreso extraordinario al gobierno de alrededor de 5 billones de pesos.

El gobierno argumenta que la venta de esta empresa ayudará a financiar las inversiones contempladas en el programa de concesiones viales de cuarta generación (4G). “Isagén es una empresa sólida y eficiente; la industria de generación eléctrica es madura en Colombia y cuenta con una adecuada regulación y con amplia competencia, mientras que las necesidades del país en materia de infraestructura de transporte son apremiantes”, dijo el ministro Cárdenas.

Pero aunque estas explicaciones suenan lógicas, no son suficientes para justificar la venta de esta empresa. Cuando un gobierno busca salir de un activo valioso y vendérselo a un privado es por alguna de las siguientes razones: 1) no es estratégico, 2) no lo sabe administrar bien, 3) se convirtió en un nido de clientelismo o corrupción, y 4) está en un estado de extrema necesidad fiscal. En el caso de Isagén no solo no se cumplen las anteriores condiciones sino que es una empresa estatal que se ha convertido en un modelo a seguir, al igual que ISA y Ecopetrol.

Es una compañia muy rentable: el año pasado dio utilidades por 460.903 millones de pesos. En toda su historia, le ha girado al gobierno más de 800.000 millones de pesos, sin contar los 108.000 que le deberá entregar en octubre próximo.

Lo segundo es que la generación de energía se ha convertido en una fuente de poder esencial, que cobra aún más relevancia interpretando la geopolítica de la región: escasez de energía en el Cono Sur, dificultad con los países vecinos y una interconexión eléctrica regional en manos de empresas colombianas. Lo tercero es que el próximo año entrarán a funcionar dos hidroeléctricas adicionales (Hidrosogamoso y Amayá) –que construyó Isagén– que le permitirán incrementar la capacidad de generación actual en 900 megavatios y la producción de energía promedio anual hasta en un 60 por ciento.  

Lo cuarto es que ha sido una empresa ejemplar en su relación con las comunidades. En un país donde gran parte de los proyectos de infrestructura están paralizados por las consultas previas y los paros, Isagén ha logrado construir proyectos de gran impacto local y regional de la mano de sus comunidades. 

Una de las más grandes preocupaciones que subyace a este debate es si los privados  tienen los mismos intereses que el Estado a la hora de hacer proyectos en zonas del país que no sean tan rentables pero que tengan un valor social importante, más en Colombia, que tiene una topografía complicada y las condiciones sociales y de conflicto que se conocen. Es el caso de Amoyá, la  nueva hidroeléctrica situada en el cañón de Las Hermosas (Tolima), una zona roja de orden público, que entra en funcionamiento el próximo año.

Ahora bien, más allá de la discusión sobre el papel del Estado en el sector energético o de los argumentos económicos y políticos de salir o no de Isagén, hay una preocupación adicional. Se trata de si este es el momento oportuno para hacer el negocio.El analista Mauricio Cabrera cree que la empresa se va a valorizar con los nuevos proyectos hidroeléctricos. Para Ramiro Valencia Cossio, exministro de Minas y Energia, exgerente de EPM, y miembro durante 11 años de la junta de Isagen, esta es una máquina de hacer plata que en unos años va multiplicar aún mas su valor.

El gerente de la empresa, Luis Fernando Rico, dijo que los ingresos operacionales en el primer trimestre de 2013 presentaron un incremento del 17 por ciento frente a los registrados en el mismo periodo del año anterior. Estos ingresos contribuyeron a un crecimiento en la utilidad operacional del 10 por ciento y del ebitda del 7 por ciento, respecto al primer trimestre de 2012. 

En el debate también han salido a flote la preocupación por el buen uso que se le daría a unos recursos jugosos y recurrentes para el Estado y que terminarían en los laberintos de las burocracias o en los zarpazos de la corrupción.  El ministro Cárdenas asegura que la plata irá a fondos específicos para garantizar su inversión en infraestructura y que no será utilizada antes del 7 de agosto de 2014. 

Este debate, serio y de gran calado, ya adquirió un sabor electorero luego de que el expresidente Álvaro Uribe y su exministro de Hacienda, Óscar Iván Zuluaga, salieron a criticar duramente la decisión del ejecutivo, a pesar de que durante su propio gobierno también se quiso vender a dicha empresa.

Tristemente, con la aprobación que dio el Consejo de Ministros, la venta de Isagén parece no tener reversa. Vender este tipo de empresas tan rentables y cruciales por urgencia de recursos puede salir muy caro en el largo plazo.

En plata blanca, el gobierno –y los colombianos– pierden una gran empresa que genera una excelente caja. Y ahora, a cruzar los dedos a ver si con esta venta por fin se concretan las dobles calzadas que los gobiernos llevan tantas décadas prometiendo y que los colombianos todavía no han  visto.