Presidente de Ecopetrol, de denunciante a investigado por Reficar

El exministro Juan Carlos Echeverry pasó de ser el principal denunciante de los sobrecostos de la construcción de la Refinería de Cartagena (Reficar) a estar en el banquillo de los investigados. La Procuraduría les abrió investigación a él; al actual ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, y a ocho integrantes más de la junta directiva de Ecopetrol.

La decisión incluye además al expresidente de Ecopetrol Javier Genaro Gutiérrez y a intergrantes de la junta directiva como Joaquín Moreno Uribe, Hernando José Gómez, Federico Rengifo Vélez, Fabio Echeverry Correa, Amílkar Acosta Medina y Roberto Steiner.

Adicionalmente, el Ministerio Público ordenó oír las grabaciones de las juntas directivas de Ecopetrol de los años 2014, 2015 y lo que va corrido del 2016, así como sus actas correspondientes. Además, tratará de verificar qué actuaciones se surtieron en desarrollo de los comités de negocios integrados por las juntas

En el 2014 el entonces ministro de Hacienda, Juan Carlos Echeverry, presentó una queja disciplinaria ante la Procuraduría por probables costos de más en obras de infraestructura que se venían adelantando en Reficar. Para él, gran parte de los gastos no contaba con la debida justificación.

Aunque al Ministerio Público le tomó algunos meses establecer quiénes eran los responsables de la gestión contractual, en febrero del 2015 abrió investigación formal contra 12 personas, entre ellas el presidente de Reficar, Reyes Reinoso, y el expresidente de Ecopetrol Javier Gutiérrez.

Para Ecopetrol, Reinoso era una prenda de garantía para lograr la modernización de la refinería. Su experiencia de más de 30 años en la ejecución de megaproyectos de refinación de petróleos en Estados Unidos y Venezuela convenció a los directivos de que su nombramiento ofrecía cierta confianza hacia la puesta en marcha del proyecto en Cartagena.

La fama bien ganada del ingeniero venezolano contaba, entre otros logros, cómo sus prácticas generaron un aumento de efectividad del 82 % en el funcionamiento de los equipos rotativos del refinador de Paraguaná (occidente de Venezuela), el más grande del mundo.

Al parecer, la llegada de un hombre con tantos pergaminos no fue suficiente para blindar el proyecto. Al menos así lo demuestra la queja de Echeverry, que dio sus primeros frutos hace exactamente un año. Desde entonces, la Procuraduría tiene la mira puesta sobre el ingeniero Reinoso y sobre otras 11 personas, siendo la más visible el expresidente de Ecopetrol Javier Gutiérrez.

La gestión de este ingeniero civil de la Universidad de Los Andes en Ecopetrol fue tan destacada, que fue mencionado por la revista Foreign Policy como uno de los 500 hombres más poderosos del planeta. Y no es para menos, si se tiene en cuenta que la empresa a su cargo llegó a ser una de las importantes petroleras de América Latina y la número 114 en el mundo.

Hasta ahora, no existe en el mundo empresarial un solo reparo sobre las actuaciones de Gutiérrez. Los elogios que recibió su presidencia hacen pensar que difícilmente el Ministerio Público pueda encontrar en él alguna actuación indecorosa. Sin embargo, ese prestigio no será suficiente si no logra probar que su participación en esta gestión contractual no fue causante de ninguna de las irregularidades que han avizorado los organismos de control.

Otro de los investigados es el actual embajador de Colombia en Chile, Álvaro Mauricio Echeverry Gutiérrez, quien fue vicepresidente jurídico de Ecopetrol. También se incluyó en el expediente al gerente de la refinería de Barrancabermeja y vicepresidente encargado de refinación, Orlando Díaz Montoya; al ex vicepresidente de refinación Federico Maya Molina; al gerente de refinados, Luis Sanabria Chacón; al exrepresentante legal suplente y ex vicepresidente de refinación Pedro Rosales Navarro, y a la gerente de Ecopetrol América, Adriana Echeverry Gutiérrez.

El proceso formal que en su momento abrió la Procuraduría Delegada de Hacienda Pública recaía además sobre el vicepresidente de Reficar, Felipe Laverde Concha, así como en contra de Diana Constanza Calixto y Jaime Flórez Muñoz, quienes fueron suplentes de los integrantes de la junta directiva de la firma.

La nueva decisión del Ministerio público implica que ya no serán 12 sino 21 los funcionarios que serán investigados por los supuestos sobrecostos que habrían afectado enormemente las finanzas de Ecopetrol, dueña de los recursos con los cuales se financió esta obra.