Superindustria confirma sanción a 7 empresas de vigilancia

Siete empresas de vigilancia y seguridad privada controladas de manera oculta por el empresario Jorge Arturo Moreno, tendrán que pagar una sanción global superior a los 14.000 millones de pesos por violar la libre competencia económica en múltiples procesos de contratación pública.

Así lo confirmó la Superintendencia de Industria y Comercio al ratificar las sanciones que había impuesto en primera instancia en abril de 2017 contra las compañías Guardianes, Starcoop, Cobasec, Expertos, Centinel, Insevig Ltda y Security Management Group, así como también a 14 personas naturales vinculadas con estas compañías, entre ellas a Moreno Ojeda.

La ratificación de las sanciones impuestas estuvo a cargo de la Superintendente de Industria y Comercio (Ad-Hoc), Mónica Ramírez Hinestroza, mediante la Resolución No. 4604 del 29 de enero de 2018.

De acuerdo con la decisión adoptada por la superintendente Ad Hoc, luego de una investigación a fondo se encontró que estas siete empresas conformaban un grupo empresarial de hecho denominado “Grupo SMG” que manipulaban a través de prácticas anticompetitivas numerosos procesos de contratación estatal.

Las empresas de vigilancia sancionadas simulaban ser competidoras independientes en las licitaciones públicas, “pero en realidad actuaban de forma coordinada, concertada y bajo la dirección de su controlante oculto Jorge Arturo Moreno Ojeda, engañando a las distintas entidades públicas contratantes”.

La investigación determinó que entre las entidades públicas que se  vieron afectadas por esta práctica que viola la libre competencia están la Fiscalía General de la Nación, el ICA, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, el Sena, Coldeportes, Emcali y la Fuerza Aérea Colombiana, entre otros.

Las denuncias iniciales ante la Superindustria las instauró en 2011 el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, por la presunta ocurrencia de acuerdos anticompetitivos en una licitación de esa entidad. Luego de una amplia investigación, visitas administrativas y un proceso en el que las compañías presentaron sus versiones, a comienzos del año pasado el Superintendente Ad Hoc, José Luis Londoño Fernández, tomó la decisión de sancionar a las 7 compañías y 14 personas naturales. Estas empresas interpusieron recursos que acaban de ser resueltos, y que confirman las sanciones.

Finalmente, la Superindustria ratificó la decisión del gobierno de sancionar “todas aquellas conductas anticompetitivas adelantadas por los empresarios en el marco de las contrataciones públicas, para garantizar la transparencia y la eliminación de la corrupción privada en dichas compras”.

Estas son las sanciones de la Superindustria, y los montos fijados que quedaron en firme.