Millonarias inversiones generarán las subastas de energías alternativas

Febrero será un mes clave para el futuro del sector energético colombiano y para mover la inversión del país. No solo el Gobierno definirá el rumbo que tomarán las energías renovables no convencionales en el país sino la manera como el sector responderá ante la crisis de Hidroituango.

Dos grandes decisiones cambiarán el panorama de la energía y la inversión. Por un lado, el 26 de febrero se realizará una subasta de energía para promover la entrada de fuentes alternativas como la solar y la eólica. Y el 28 de febrero habrá otra para ampliar la capacidad de generación de cara a 2021, fecha en la que debía entrar totalmente la energía de Hidroituango, un proyecto en crisis desde el año pasado.

^{Foto: “Debemos garantizar que el país va a tener energía en 2021 con o sin Hidroituango”, afirma María Fernanda Suárez, ministra de Minas y Energía.}

El apetito del mercado es gigantesco. La entrada de fuentes alternativas de energía demandará inversiones estimadas para los próximos años entre 1.300 y 1.800 millones de dólares, mientras que la subasta de expansión podría significar otras adicionales entre 500 y 800 millones de dólares. La ministra de Minas y Energía, María Fernanda Suárez, explica que hay gran interés de compañías extranjeras que quieren entrar al mercado colombiano o de jugadores que ya están en el país y buscan participar más ampliamente.

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A la subasta de nuevas energías esperan llegar varias compañías norteamericanas, inversionistas españoles, canadienses y hasta una empresa de Noruega. Mientras tanto, para la subasta de expansión se espera que muchas térmicas que ya están en el país y algunas del exterior amplíen su presencia. Paradójicamente, el retraso en la entrada de Hidroituango ha generado oportunidades para jugadores que venían siendo desplazados.

Compañías como Enel Green Power, Jemeiwaa Kai, Diverxia Infraestructure, Acciona y otros de los promotores de energías renovables más importantes del mundo, así como grandes jugadores locales, entre ellos Celsia e Isagen, estarían dispuestas a probar suerte en esta nueva etapa.

Impulso a las alternativas

A pesar de que Colombia tiene una de las matrices energéticas más limpias del mundo, es tremendamente vulnerable al cambio climático. Hoy el 70 por ciento de la generación proviene de hidroeléctricas, y cada vez que llega un fenómeno de El Niño aumentan los riesgos para el sistema. Por eso el país requiere fuentes de energía complementarias y disponibles en épocas de calor y sequía. La energía solar y la eólica parecen cumplir esta condición pues la luminosidad y el nivel de vientos de La Guajira aumenta cuando llega el fenómeno climático.

El Gobierno tiene para 2022 la meta de pasar de 50 megavatios (MW) de capacidad instalada, similar al consumo de energía de una ciudad como Ibagué, a 1.500 MW, equivalente al de ciudades de Medellín y Cali juntas durante un año. Es decir, que las energías alternativas pasen del 2 al 9 o 10 por ciento de participación en la canasta energética del país en los próximos cuatro años. Esa ambiciosa meta requerirá inversiones del sector privado del orden de los 1.800 millones de dólares.

Esta primera subasta abarca 500 MW y los proyectos deben entrar a partir de diciembre de 2021. En el segundo semestre de 2019 habrá una segunda subasta de este tipo para proyectos que entren en 2022.

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Algunos expertos del sector ven dificultades para atraer este gran tamaño de inversiones. Mencionan temas de carácter ambiental o el manejo de las comunidades, que se han convertido en los grandes cuellos de botellas para el desarrollo de proyectos en el país.

El Ministerio de Minas y Energía asegura que a esta subasta podrán aplicar solo proyectos que tengan autorización técnica de la Unidad de Planeación Minero Energética, Upme, y autorización de conexión a la red. Además, creó una ventanilla única para trámites entre la Anla y la Upme para facilitar que los proyectos accedan a los beneficios tributarios que creó la Ley de Financiamiento. La lista de los proyectos se conocerá la próxima semana.

Por otra parte, a finales del año pasado el Ministerio de Ambiente expidió una resolución para eliminar la obligación de que los proyectos de energía renovable hagan estudios de alternativas ambientales. “Estamos buscamos agilizar toda la implementación”, dice la ministra Suárez.

También prepara un programa para darles solución energética a las comunidades de La Guajira al tiempo que se desarrollan las inversiones y la línea de transmisión La Colectora, clave para conectar este zona con el resto del país. Y el Plan Nacional de Desarrollo incluirá el tema de las transferencias eléctricas, que permitirá que las regiones que suministran la energía reciban más recursos.

Colombia se ha demorado mucho en incorporar este tipo de energías. Pero hacerlo en este momento tiene la ventaja de que el costo está dejando de ser problema. La disrupción tecnológica las hace hoy bastante competitivas frente a los combustibles fósiles o el carbón. Por tanto, los expertos consideran que no debería haber un mayor impacto en las tarifas.

El “hueco” de Hidroituango

La emergencia de Hidroituango apretó el mercado eléctrico pues parte de su oferta de energía debía entrar en diciembre de 2018. No obstante, EPM tiene un calendario según el cual es posible que entre en 2021. Incluso entregó garantías financieras al sistema por más de 55 millones de dólares. Si no cumplen, perderían estas garantías.

No obstante, aun no hay claridad total sobre esa fecha, pues falta esperar una evaluación técnica más completa, sobre todo de la casa de máquinas. Las alarmas del sector se encienden a partir de 2022.

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Esta situación brinda una gran oportunidad de negocio para muchos generadores que, ante la entrada de un proyecto tan grande y de otras fuentes alternativas, se verían desplazados. Ahora podrán participar para suplir la oferta que no entregará Hidroituango.

Pero hay quienes dicen que el hueco es tan grande que incluso el país requerirá proyectos a carbón. El Gobierno considera que todas las tecnologías pueden participar y anuncia que medirá la cantidad de emisiones de la canasta energética como un todo (es decir que aplicará neutralidad tecnológica). Y espera que venga todo tipo de proyectos que puedan entregar energía en firme a partir del primero de diciembre de 2022. Incluso dará un incentivo a los que puedan entrar a operar en diciembre de 2021, cuando debía entrar el grueso de la energía de Hidroituango.

Pero si bien los proyectos de carbón pueden participar, probablemente lo harán en su gran mayoría centrales térmicas a gas, que pueden entrar al mercado en cuatro años. Esto podría corresponder a térmicas actuales que aumenten su capacidad, a proyectos que cierran el ciclo o a nuevos proyectos térmicos. 

Claro está que también pueden llegar algunas hidroeléctricas pequeñas que tengan muy avanzado su proceso de diseño. Y hay que esperar cómo participan las fuentes renovables no convencionales en esta subasta.

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Algunos analistas aconsejan actuar con cautela al aprobar proyectos para no correr el riesgo de sobredimensionar el sistema en caso de que Hidroituango pueda entrar en 2021, lo cual podría impactar las tarifas que ya vienen creciendo por esta coyuntura. “Vamos a tener que manejar dentro de nuestra subasta de expansión esa incertidumbre. Y como hacedores de política pública tenemos el deber de asegurar a los colombianos que van a tener energía en 2021 con o sin Hidroituango”, asegura la ministra de Minas. Advierte que de ser necesario podrían realizar más subastas de expansión.

La emergencia de Hidroituango no puede llevar al país a expandir su capacidad de generación eléctrica a cualquier costo y el Gobierno tiene conciencia de ello. Esto no solo afecta la competencia del sector: también tiene impacto en las tarifas. Sobre todo a partir de 2022, cuando estos nuevos proyectos deberían empezar a generar. Sin duda, vienen épocas de inversiones billonarias, nuevos jugadores y muchas movidas del sector energético en los próximos años.