Duro golpe a los azucareros

Después de dos años de investigaciones por posibles obstrucciones en el mercado del azúcar en Colombia, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) impuso una multa histórica por más de 320.000 millones de pesos, a los principales representantes del sector.

Los afectados son los principales gremios, Asocaña, Ciamsa y Dicsa, a 12 ingenios y a 14 altos directivos del sector. Entre los cobijados por la decisión están el presidente de Asocaña, Luis Fernando Londoño, el presidente de Ciamsa, Clemente Carlos Mira, y Santiago Salcedo, gerente de Central Tumaco (en liquidación).

Así  mismo están los empresarios Juan José Lülle, presidente de Incauca; Adolfo León Vélez y Rodrigo Belalcázar, de Manuelita; Alfonso Ocampo y Harold Antonio Cerón, de Riopaila Castilla; Mauricio Iragorri, gerente de Mayagüez; Andrés Rebolledo, gerente de Pichichí; Carlos Alberto Martínez, gerente de San Carlos; César Augusto Arango, gerente de Risaralda; Gonzalo Ortiz, gerente de Providencia; Juan Cristóbal Romero, gerente de la Cabaña; Jaime Vargas, gerente de Carmelita, y Wilder Quintero, presidente de María Luisa.

Según el superintendente Pablo Felipe Robledo, tanto los gremios como los representantes de los ingenios habrían incurrido en una conducta concertada y coordinada para frenar u obstruir las importaciones de azúcar de países como Bolivia, Guatemala, El Salvador y Costa Rica.

Con esta acción habrían frenado la competencia en el sector, lo que se hubiera traducido en menores precios para los consumidores colombianos. Según la SIC los directivos habían facilitado, autorizado o tolerado la conducta anticompetitiva.

Según la SIC, las multas impuestas a los ingenios no superan el 7 por ciento de sus ingresos operacionales anuales ni el 7 por ciento de su patrimonio.

La entidad señaló que  los investigados, en algunos casos se comportaron como un bloque, al eliminar la competencia en el sector, en el que  participan varios jugadores. Además, se comprobó que históricamente ha existido una preocupación constante por parte de los implicados frente al azúcar provenientes de otros países, que es vista como una amenaza.

“Para contrarrestar la amenaza que suponía para sus intereses la entrada al país de azúcar proveniente del exterior, los investigados concibieron y ejecutaron deliberadamente una estrategia anticompetitiva, ilegal, concertada, coordinada y continuada encaminada a bloquear importaciones de azúcar a Colombia en general, para evitar que aumentara la oferta y disminuyera el precio interno que pagan los consumidores y la industria”, señala un comunicado de la SIC.
         
La historia de la investigación se remonta a 2010 cuando la SIC recibió
denuncias relacionadas con cuotas de producción, distribución del mercado del azúcar, estabilidad del precio y el reducido margen de negociación de los industriales. Una de las denuncias fue la de 130 fábricas productoras de bocadillo veleño, de Vélez (Santander) que se quejaban del incremento del 45 % en los precios del bulto de azúcar.
         
Además, directivos de empresas como Coca-Cola Femsa, Bavaria, Nestlé de Colombia, Bimbo, Nacional de Chocolates, Meals de Colombia y Casa Luker, entre otros, solicitaron investigar si se estaban llevando a cabo prácticas restrictivas a través del Fondo de Estabilización de Precios del Azúcar (Fepa), creado en 2000.

Argumentaban que no existía razón que explicara el constante incremento en los precios internos del producto pues mientras la inflación aumentó 3,7 % en Colombia entre septiembre de 2008 y enero de 2010, el precio del azúcar se incrementó en el mismo periodo 51,4 %.

El Fepa, precisamente quedó en el centro del debate porque la SIC le ordenó al gobierno revisar este mecanismo en un plazo máximo de seis meses. Según la entidad este instrumento fue desnaturalizado, con lo que se convirtió en un mecanismo idóneo para la repartición de cuotas de producción del azúcar.

Estos son los sancionados: