La Superintendencia de Vigilancia anunció la suspensión de la licencia de funcionamiento a 31 empresas del país al señalar que las mismas contarían con infiltración criminal.
Diversas voces se han expresado sobre los hallazgos de las investigaciones; una de estas fue la Federación Colombiana de Empresas de Vigilancia y Seguridad Privada (FedeSeguridad), que expresó su respaldo a las recientes medidas adoptadas por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada contra empresas del sector investigadas por presuntas irregularidades en el desarrollo de sus operaciones.
A través de un comunicado oficial, el gremio reiteró su rechazo a cualquier conducta que se aparte del marco legal y que ponga en riesgo la legitimidad de la vigilancia privada en el país.
🚨🚨Respaldamos las medidas de la @SuperVigilancia frente a presuntas irregularidades.
— Fedeseguridad (@Fedeseguridad1) April 14, 2026
Rechazamos conductas que desvíen el objeto autorizado o faciliten acceso a armamento a actores al margen de la ley.
Cumplimiento normativo y control son base de la legitimidad del sector. ‼️ pic.twitter.com/p64VW1b48x
Según la organización, resulta fundamental que las autoridades mantengan controles estrictos sobre las compañías formalmente autorizadas para operar, especialmente cuando se detecten actuaciones que puedan desviar el objeto autorizado de las empresas o facilitar el acceso de armamento a actores al margen de la ley.
FedeSeguridad advirtió que este tipo de conductas vulneran el ordenamiento jurídico y afectan la confianza en la prestación formal de los servicios de vigilancia y seguridad privada.
“Respaldamos las medidas adoptadas por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada a empresas del sector por presuntas irregularidades en el desarrollo de su operación, y rechazamos de forma categórica cualquier conducta que desvíe el objeto autorizado de las empresas o facilite el acceso de armamento a actores al margen de la ley. Estas conductas vulneran el ordenamiento jurídico y afectan la legitimidad y confianza que deben regir la prestación formal de los servicios de vigilancia y seguridad privada”, señaló la Federación Colombiana de Empresas de Vigilancia y Seguridad Privada.
En su pronunciamiento, la federación alertó sobre la persistencia de una preocupante brecha de control frente a empresas o esquemas que desarrollan en la práctica actividades propias de vigilancia y seguridad privada sin estar sometidos al régimen legal correspondiente. Según indicó, estas operaciones ilegales eluden controles sobre armamento, cumplimiento de garantías laborales, trazabilidad del personal y supervisión estatal, lo que incrementa los riesgos para la ciudadanía.
“La lucha contra la ilegalidad debe ser integral y permanente. No puede haber selectividad en el control. Es necesario fortalecer las acciones tanto sobre las conductas irregulares dentro del sistema formal como sobre aquellas operaciones que, bajo denominaciones o esquemas distintos a los legalmente autorizados, desarrollan en la práctica actividades propias de la vigilancia y la seguridad privada sin someterse al régimen que las regula”, puntualizó FedeSeguridad.