503 millones de aguafiestas

Las buenas noticias son inusuales. Por eso es recomendable empezar con ellas, aunque todo reportero prefiera las malas. Mi elogio de la Unión Europea (UE) será breve. Entre los Estados que componen esta unión no ha estallado conflicto armado alguno desde 1945, una anomalía de la que Europa puede sentirse orgullosa. Hay más ventajas de las que nos podemos alegrar. Soy lo suficientemente viejo para recordar lo arduo que era visitar un país vecino tras la Segunda Guerra. Era imposible viajar sin una lucha burocrática. Para cruzar una frontera había que presentar cartas, llenar solicitudes en copia triple, etcétera. Ordenar un libro implicaba un proceso engorroso con la aduana. Y recibir dinero desde Francia o pagar una cuenta en España parecía una negociación diplomática.

La UE ha mejorado nuestra vida. En términos económicos el proceso fue tan exitoso que hasta hoy los candidatos a miembros hacen fila para entrar al club. También debemos agradecer a nuestros protectores en Bruselas el haber combatido los carteles, los monopolios y las subvenciones ilícitas. Desde luego, tampoco es del todo necesario felicitarlos por los excelentes resultados: ellos saben bien cómo felicitarse a sí mismos.

Por desgracia, existen revoltosos dispuestos a ponerle peros a esta obra. Se trata de 503 millones de aguafiestas: la cantidad de habitantes de la UE. Nuestros representantes en Bruselas son impopulares. Del Consejo de Ministros a la Comisión, la reputación de todos deja mucho que desear. ¿De dónde surge tanta antipatía? ¿Por qué la mayoría hace lo posible para complicarles la vida a sus comisarios? En Bruselas se agarran la cabeza, incapaces de dar con la respuesta. Bajo tales circunstancias un intento de aclaración no puede hacer daño.

Estaría bien si se tratara de los eternos criticones, envidiosos de los sueldos con que mimamos a los 40.000 funcionarios europeos. Estos reciben el doble del salario de empleados comparables en Dinamarca o Alemania, para no hablar de los suplementos libres de impuestos y otros privilegios como el derecho de prejubilación a los 55 años. Según una fuente mía de la Comisión, les va tan bien que “habría que obligarnos a mano armada a abandonar Bruselas”.

Lo más importante para los habitantes del continente no son estas nimiedades, sino una enfermedad crónica: el llamado ‘déficit democrático’. Desde la fundación de la Comunidad Europea, el Consejo de Ministros y la Comisión se han asegurado de que la población no tenga voz ni voto. Como si las viejas luchas constitucionales nunca hubieran ocurrido, han acordado que lo esencial se discute tras bambalinas. El déficit democrático es así una expresión elegante para referirse al despojamiento político de los ciudadanos. A diferencia de un Estado de derecho clásico, en la UE no existe una división de poderes adecuada. Su jungla organizativa la entiende si acaso un puñado de expertos. Los más de 15.000 lobbistas de Bruselas tienen más influencia que los parlamentarios.

Para un ejecutivo combativo este es un Estado paradisiaco. Los gobiernos se aprovechan de él: sostienen en casa que es imposible imponerse sobre Bruselas, mientras que la Comisión afirma que actúa en interés de los miembros. Así, al final nadie es responsable por el chanchullo. El resultado se puede observar en el acquis communautaire –o ‘acervo comunitario’–, una colección de resoluciones, directivas y decretos que nadie ha leído completa. Ya en el 2005, el boletín de la UE pesaba más de una tonelada, algo así como un rinoceronte bebé.

Lo que más nos irrita a los europeos es la obsesión reguladora de los funcionarios. Su ánimo de competencia es fácil de aclarar. Según Robert Conquest, las grandes organizaciones se comportan como si las dirigieran los agentes secretos de sus enemigos. Esta forma de autosabotaje no es una casualidad, pues cada extensión de sus competencias le asegura a Bruselas más poder, más dinero y más puestos de planta. Concedo que este poder se las arregla sin policía secreta y sin terror, y se presenta con un rostro filantrópico. Solo quiere lo mejor para nosotros: está preocupado por nuestra salud, nuestras costumbres y nuestra moral. Nosotros fumamos, consumimos grasa y azúcar y atesoramos bombillas ilegales; creemos que podemos decidir a quién arrendar nuestras casas y usamos condones dos milímetros más grandes que el diámetro usual. Tales barbaridades son inadmisibles, por lo cual debemos ser asesorados y reeducados.

Pero esa asesoría no es gratis. Hace cinco años un comisario llamado Verheugen dejó salir el gato del saco: reconoció que los decretos de la UE le cuestan a Europa 600.000 millones de euros anuales, cifra equivalente al Producto Nacional Bruto de los Países Bajos. Los funcionarios se lavan las manos acudiendo a un extranjerismo: ‘subsidiariedad’. Pocos saben qué significa, pero se trata de una regla que hasta el más ingenuo puede comprender: lo que pueda ser decidido dentro de una comunidad, ha de ser problema de aquella comunidad. Como ocurre tantas veces en la política, las perspectivas de hacer esta idea realidad son mínimas, acaso por tratarse de una idea tan razonable. Las pruebas de que el ‘principio de subsidiariedad’ se viola constantemente son abrumadoras. Parece que nunca fue tomado en serio.

No sólo hacia adentro, también hacia afuera las instituciones europeas sufren de megalomanía. Grecia, Rumania o Bulgaria se burlan de los criterios de ingreso, pero son integrados. La Comisión permanece constante en su afán de extenderse, sin tener en cuenta historia y cultura, hasta la frontera de Siria. ¿Por qué no hasta el Cáucaso, aun cuando los europeos rechacen estas iniciativas? Bruselas cree que se enfrenta a una población ignorante pero rebelde que no sabe qué le conviene. Por ello no le pide su opinión. La idea de un referendo desata el pánico de la ‘eurocracia’, y los recuerdos de nueve referendos fracasados la asustan. Una y otra vez, los noruegos, daneses, suecos, holandeses y franceses han dicho “no”. Los directores de la UE no tienen ganas de que algo así se repita.

Por ello han concebido una estrategia que los hace inmunes: quien contradice sus planes es un ‘antieuropeo’. Esto recuerda la retórica del senador Joseph McCarthy o del Partido Comunista Soviético, que acostumbraban difamar todo aquello que no correspondía con sus ideas hablando bien de “actividades antiamericanas”, bien de “operaciones antisoviéticas”. Que 40.000 funcionarios y sus propagandistas sean quienes deciden quién es un buen europeo y quién no, es una idea bastante abstrusa. Hay una bella frase del filósofo alemán Odo Marquard que uno querría tallarle a los burócratas en la frente: “De lo que se trata no es de cambiar el mundo, sino de dejarlo en paz”. Por desgracia, Bruselas actúa siguiendo una máxima distinta. Esta reza: cerrar los ojos y seguir adelante.
 
*Escritor y poeta alemán