¿Por qué no es cierto que Colombia esté invirtiendo mucho en educación?

No es cierto que Colombia esté invirtiendo mucho en educación. Tampoco que haya sido una prioridad para quienes han gobernado en los últimos 20 años. Esto es muy fácil de verificar si tenemos en cuenta que hoy invertimos menos por cada estudiante y mucho menos de lo que invierten nuestros vecinos. En Colombia, contrario a lo que nos dicen, vamos como el cangrejo.

El gasto por estudiante en educación superior cayó de 9,1 millones de pesos en el 2000 a 8,1 millones de pesos en el 2015, lo que nos deja muy atrás tanto en cobertura como en inversión frente a la región. Como país, la inversión general que realizamos por estudiante al año es de U$3.000, cuando la de Argentina y México es de U$4.000 y la de Chile es de U$5.000.

Para los menores de 6 años la situación es muy grave. Según la UNESCO, para el año 2013, más de la mitad de los niños entre 3 y 6 años en América Latina y el 66% en el Caribe, recibían educación inicial. Por el contrario, en Colombia la matrícula tan solo cubría al 33% de los niños en dichas edades.

La Ley 115 de 1994 estableció tres años obligatorios de educación inicial. Hoy, veinticuatro años después, no hemos garantizado el primero de ellos para todos los niños, a pesar de que sabemos que es la inversión más rentable que conoce la humanidad.

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En el caso de la educación básica y media, y pese a los avances logrados en la última época en cobertura, el país también permanece atrás del promedio de América Latina. Esto es así ya que de cada cien niños que se matriculan en primero de primaria, solo treinta y nueve terminan el bachillerato. La deserción hace imposible garantizar el derecho a la educación.

Tampoco es cierto que estemos marchando en la ruta de convertirnos en el país “mejor educado” de América Latina para el año 2025. La explicación es muy sencilla: mientras los vecinos han tomado medidas para mejorar la calidad, nosotros no hemos llevado a cabo ninguna estructural.

Chile, por ejemplo, hizo una profunda reforma curricular en 1998, que le permitió organizar las asignaturas para impulsar los procesos de pensamiento e interpretación de los estudiantes y vinculó a los docentes a completos programas de formación, antes de implementar la jornada única. Al hacerlo, resolvió tres problemas de manera articulada: currículo, formación y jornada única.

En Colombia, por el contrario, seguimos dando “palos de ciego” y cada vez estamos más confundidos a nivel curricular: se trabajan más de quince asignaturas por año, atomizadas y con contenidos en general impertinentes. En formación hemos asumido la ruta más costosa y la que menos impacto genera: enviar a los docentes a tomar maestrías, cuando todos los estudios han ratificado una y otra vez que esto no impacta la calidad en la educación básica. Y pensando de manera fragmentada, hemos iniciado la jornada única sin cambios en el currículo ni en la formación de docentes.

Perú está marchando en la dirección correcta después que reconocieron sus pobres resultados en PISA, declararon Emergencia Social en 2004, conformaron una Comisión Nacional de Educación y comenzaron a construir una política pública de largo aliento.

Por el contrario, en Colombia, el Ministerio de Educación no para de mentir para hacer creer al país que estamos mejorando significativamente en calidad. En el año 2017 retrocedimos en los resultados SABER de 3º, 5º, 9º y 11, pero las autoridades del MEN se silenciaron para que esto no fuera visible y para poder seguir atribuyendo el leve incremento alcanzado en 2016 al programa Ser Pilo paga. Atribución que tampoco es cierta.

Mientras en Ecuador duplicaron su inversión en educación y fortalecieron los procesos de evaluación en las instituciones de educación superior, en Colombia las universidades públicas siguen asfixiadas financieramente y drenamos sus menguados recursos con programas de subsidio a la demanda que terminaron, como era previsible, fortaleciendo las universidades privadas.

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En particular un programa que tan solo cubre al 2% de los egresados del bachillerato y que nos quisieron presentar como el eje de la política educativa durante el segundo gobierno de Juan Manuel Santos: ¡Vaya política educativa aquella que sólo ofrece apoyo para 10.000 de los 550.000 estudiantes que cada año se gradúan del bachillerato! Los políticos, siguen jugando irresponsablemente, con las ilusiones de las nuevas generaciones.

Este es el marco en el que la Academia Colombiana de Ciencias, decidió convocar un grupo de académicos para que pensáramos estrategias que nos ayudaran a salir del grave problema en el que se encuentra el derecho a una educación de calidad en el país.

En esta oportunidad nos reunimos en el Hotel Sochagota de Paipa para pensar estrategias concretas que puedan ser tenidas en cuenta por los actuales candidatos presidenciales. Hasta el momento apenas si contemplan ideas del sentido común como incrementar la “cobertura” o “mejorar la calidad”, pero ninguno se ha referido a los desafíos que estableció el Plan Decenal o al acuerdo nacional por la educación inicial conocido con el nombre de ¡NiñezYa!

Ninguno ha hecho propuestas sobre formación inicial y permanente de docentes, educación rural, evaluación o currículo y estos son algunos de los cuellos de botella más graves de la educación actual. Gustavo Petro ha planteado algo muy deseable, pero inalcanzable en el corto y mediano plazo: Que la educación superior sea gratuita. Con excepción de Sergio Fajardo, ningún otro se ha referido a cómo podríamos ayudar a impulsar el cambio cultural que demanda el país en su momento actual, para poder superar la “cultura del atajo” y del vivo” que tanto daño ha generado al tejido social, la confianza y la reconciliación entre los colombianos.

El documento de Paipa está siendo divulgado entre organizaciones educativas y académicas y convocaremos ruedas de prensa para discutirlo. Por ello, sólo me referiré a una de sus propuestas.

En el país hay un enorme consenso en torno a la necesidad de construir una política de Estado en educación, una política que trabaje para alcanzar resultados a largo plazo. Lo que hemos hecho hasta el momento, es lo contrario.

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El mundo no conoce de un país que haya garantizado el desarrollo sostenido sin invertir en educación y en ciencia. Todos los casos históricos, demuestran que en la educación y la ciencia están las llaves para impulsar el desarrollo, consolidar el tejido social, elevar la productividad y la creatividad, así como formar ciudadanos que respeten las diferencias y aprendan a trabajar en equipo.

En el sudeste asiático se ha dado el último caso visible, lo que ha convertido a los llamados “tigres asiáticos” en los países que mayor inversión per cápita vienen realizando en las últimas décadas, tanto en investigación como en ciencia y educación. Corea, por ejemplo, invierte el 4,3% del PIB. En el otro extremo está Colombia con una inversión del 0,21% del PIB en ciencia para el 2017, inferior incluso a la que tuvimos veinte años atrás y la cual ya era extremadamente baja (0,38% del PIB). Estamos con una inversión similar a la que realiza Mongolia y Omán.

Como tendencia general, los ministros de educación son economistas que llegan a conocer el sistema, a aprender cómo funciona el sector y a establecer lógicas de racionalización y eficiencia, como si allí estuviera el problema de la calidad en la formación de los niños, los jóvenes y los docentes.

Así mismo, la experiencia durante el segundo periodo de Santos, ha salido muy costosa para la política pública. Sin consultar con ningún actor, sin consensuar y sin mediar discusión con la academia o el parlamento, el país se vio enfrentado a asumir como eje de la política pública un pequeño pero muy costoso programa educativo: Ser Pilo Paga.

Para garantizar que esto no vuelva a ocurrir, para asegurar que no primen los intereses “politiqueros” de quienes sean designados como ministros y para impulsar el desarrollo de largo aliento, se requiere la construcción de una política de Estado en educación.

El mecanismo que proponemos para asegurar su implementación es la creación de un Consejo Nacional de Educación de alto nivel, presidido por el Ministro y cuya función principal sea la construcción de una política de largo plazo que asegure continuidad en las decisiones y que ayude a garantizar un adecuado seguimiento del estado del sistema educativo, de la implementación y los ajustes que demanden todos los planes y acuerdos alcanzados y del impacto de las medidas que se tomen tanto en calidad como en el aseguramiento del derecho a la educación.

El país sigue a la espera de que los recursos que se están liberando de la guerra se inviertan en educación y en ciencia; y de que iniciemos una verdadera revolución pedagógica en la formación de los docentes y en el replanteamiento estructural del currículo en la educación básica y media.

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Seguimos también en deuda con el derecho de los jóvenes a su educación superior y de garantizarles a los niños la educación inicial de calidad, independientemente de su condición social, económica y regional, tal como lo establecimos en 1994 en la Ley General de Educación.

Para seguir ampliando el derecho, como exigen las democracias, necesitamos que la sociedad civil asuma un rol más protagónico y les exija a sus candidatos y próximos gobernantes un compromiso serio y a largo plazo con la educación. Por ello, una vez más reitero la consigna que he propuesto para las presentes elecciones presidenciales: “Si tu candidato no sabe cómo cambiar la educación, cambia de candidato”.

*Director del Instituto Alberto Merani y consultor en educación de las Naciones Unidas. Twitter: @juliandezubiria