¿Y quién defiende a los profesores de cátedra?

Lo digo con vergüenza. He sido profesor de cátedra por más de 24 años. Si se tratara de un matrimonio, habría que pensar en una novia a la que le han hecho visita por 24 años sin proponer. Para explicar en qué consiste mi labor y, por lo tanto, el contrato de cátedra, hay que remontarse a los tiempos de la presidencia de César Gaviria y al principio de autonomía universitaria del que comenzaron a beneficiarse las instituciones de educación superior. La universidad hizo entonces lo que hacen los contratistas a todo nivel: delegar hasta que el trabajo, tarde o temprano, cae en manos de alguien que no sólo lo hace gratis sino que simplemente lo hace. De ahí surge la figura de un profesor remunerado sólo por las horas que está en el salón -inicialmente sin prestaciones de ley ni de salud-. El contrato de cátedra es justamente eso: subcontratar el conocimiento hasta que se convierte en un capital virtualmente gratis.

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Bajo el mandato de suplir lo que la institución universitaria no hace ni produce, el profesor de cátedra es quien hoy llena la mayoría de los vacíos. Los docentes de planta – al menos los de alto nivel- están ocupados produciendo lo que demanda Colciencias: investigación de punta, sea eso lo que sea. Así, al tiempo que al interior de la universidad hay personas que ganan sueldos de enganche de 10 millones o más, conocí profesores que tenían tiempos completos en tres universidades, entre ellas públicas, y solo producían un artículo al año o ninguno. En cambio, el docente de cátedra, en algunos lugares, ganan tan poco como 17.000 pesos la hora, una especie de jornalero con postgrado.

Otras instituciones que se definen como respetables hacen su jugada dudosa de manera legal. La Universidad del Rosario, por ejemplo, le paga a un profesor universitario como yo unos 57.000 pesos la hora pero, con el fin de no generar carga prestacional, un porcentaje significativo de esa cuota se especifica en el contrato como un subsidio de transporte. De tal manera que al finalizar el semestre (que en algunas ocasiones dura tan poco como 14 semanas), el contratado no se lleva nada para los largos tres meses en los que no devenga un peso.

Luego están las instituciones que toman la fuerza catedrática y la hacen pasar por fuerza laboral estable de cara a los procesos de acreditación. La universidad colombiana es como Colombia, un país hábil en cumplir las normas sin hacer lo que ellas demandan. En la Universidad del Bosque me llamaron para asistir a una reunión a la cual acudieron pares evaluadores para aprobar el único doctorado en Latino América en Bioética. Un doctorado sin profesores de planta. A pesar de que yo dictaba una charla al año bajo la torrente modalidad de cátedra, fui presentado como el director de una de las líneas de investigación. Debí inventarme en segundos toda una exploración; una agradable sorpresa para un desempleado. No sólo no me dieron cargo alguno, de hecho el entonces rector reprochó mi falta de lealtad al yo especificar ante los pares evaluadores que yo no pertenecía a la institución.

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Pero la irracionalidad universitaria no sólo atañe al deseo desesperado por mostrar que está creando conocimiento. Fui profesor de la Universidad de los Andes por más de 17 años. Vi cómo alumnas mías, que entablaron relaciones con profesores de planta eran nombradas en la nómina. Son pocas las instituciones que, como la Universidad Externado, resguardan el trabajo intelectual enlucido por la cátedra amparado por unos derechos mínimos. Mientras muchas de ellas dejan al trabajador sin seguridad social durante las vacaciones, esta lo cubre en su plan de salud incluso en los meses no remunerados. Lo mínimo y decente en Colombia, todos lo sabemos, debe reputarse como algo extraordinario.

Tengo maestría y fui becario en Japón. He estado procurando mi doctorado por años, pero los costos simplemente son absurdos. Sólo son asequibles para los que ya poseen los medios para pagarse sus propios estudios. Es, como lo hemos mostrado, un reflejo de una lógica nacional: la ley aplica al que la cumple, los servicios de salud son para el que ya los tiene, nos preocupa que se quede sin empleo el que lleva años trabajando y no el que lleva años desempleado. Recuerdo haber escuchado a queridos colegas discutir qué automóvil se comprarían con los fondos que la universidad les daba para educación.

No me cabe duda de que luego de este artículo saltarán los burócratas e ideólogos académicos con toda clase de pruebas a decir que nunca se ha invertido el dinero de los fondos de formación con tal descuido. Uno de los efectos infortunados de vivir en un país plagado de la hiper-corrupción al estilo de la de Otto Bula es que los pequeños actos de corrupción son inapelables y no se ve necesidad de controlarlos. Pero ¿cree ud. realmente querido lector que las universidades están pagando por el conocimiento que venden y que las ha enriquecido?  

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Hace 18 años, el magistrado José Gregorio Hernández, examinó el caso de los profesores de cátedra. La Corte Constitucional reglamentó entonces que se trataba de un tipo de contratación inadmisible para la ley. La sentencia la C-517 de 1999 se afianzaba en el principio constitucional que afirma que la autonomía universitaria no es absoluta ni debe desconocer los derechos laborales básicos. El más importante involucrado acá: la igualdad ¿Acaso a un decano en el Rosario se le reconoce parte de su sueldo como subsidio de transporte? Pero, a pesar del optimismo, todo se resumió en que las condiciones de contratación se hicieron más difíciles porque las universidades, para ajustarse a la ley, simplemente crearon una especie de contrato de planta que se debía renovar cada semestre.

La universidad colombiana ha crecido de manera desmedida en sus recursos y su presencia en la sociedad pero, ¿acaso esto ha significado que tengamos mejores profesionales o que hayan mejorado sus condiciones laborales?

Algunos culpan a los mismos docentes de su propia debacle económica: para qué escogieron tan humilde profesión, como si la declaratoria de hacer lo que amamos nos relegara a la aceptación del oprobio económico. Pero si de ello se tratara, por qué no condenamos a la pobreza a todo el que disfruta su trabajo, al abogado que ama litigar, al corredor de bolsa que deriva placer de las transacciones exitosas.

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La sentencia C-517 de la Corte dejó claro que la autonomía universitaria debe desarrollarse en armonía con los principios constitucionales de equidad, justicia, igualdad de oportunidades, reconocimiento de las diferencias y respeto a la dignidad de quienes intervienen en el proceso educativo. Por lo tanto, aplica tanto para los profesores de cátedra como para los de planta: a igual trabajo, igual remuneración.. Así le cueste a las universidades un poco más.

*Docente de filosofía con posgrado en la Universidad Nacional y maestría en los Andes, ambos en el área de la Filosofía.

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