Los riesgos de Ser Pilo Paga

Ser Pilo Paga (SPP) ha sido vendido como se han vendido la mayoría de ideas en Colombia: Nos han querido convencer de que, si apoyamos a las élites, todos nos veremos beneficiados. Esencialmente es la misma lógica que ha conducido a crear programas como Agro Ingreso Seguro y que explica que la gran mayoría de decisiones políticas sean tomadas por élites y que las medidas económicas siempre terminen por favorecerlas. Pero no es cierto: Los derechos son universales y no se garantizan si sólo se los ofrecemos a las minorías. Nos han querido convencer de que es un programa que mejorará la calidad y la equidad en la educación en Colombia. Pero tampoco es cierto. Más aun, su inspirador ha insistido que es una pequeña perturbación en el sistema para generar una gran transformación en la educación. Y eso es parcialmente cierto, sólo que la trasformación que generará muy seguramente sea la contraria a la buscada: Dejará a las universidades públicas sin recursos y sin algunos de sus mejores alumnos. Algo hay que sospechar cuando un programa tiene que gastar tantos recursos en publicidad.

Anualmente en Colombia se gradúan de la educación media, en promedio, 550.000 estudiantes. De ellos, el 93% pertenecen a los estratos 1, 2 y 3. Por tanto, 480.000 estudiantes necesitan apoyo estatal para poder continuar sus estudios. El programa SPP financia a 10.000. ¿Qué pasa con los otros 470.000? Son estudiantes cuyos sueños se truncan por completo cada año, porque el Estado ha decidido invertir sus recursos exclusivamente en el 2% de la población. Para los beneficiarios del programa, el apoyo es excepcionalmente favorable, pero para el 98% que son abandonados, es un programa que no garantiza su derecho a la educación. En Chile, por ejemplo, la meta para este año es ofrecer la educación universitaria gratuita al 50% de quienes la requieran. No podemos quedar satisfechos en Colombia si sólo la garantizamos al 2% de la población que requiere apoyo.

Las universidades privadas aplauden el programa, porque están recibiendo cada año a 10.000 nuevos estudiantes, que son de los mejores del país según las pruebas de lectura, pensamiento y competencias ciudadanas. Es más, el Estado paga el 100% del valor de la matrícula. Sin ningún descuento o sistema de cofinanciación, como sería apenas elemental, dado el gigantesco número de estudiantes que ingresan a cada una de las universidades de élite. Por tanto, su felicidad es aún mayor. Sin embargo, los estimativos de los investigadores Gómez y Asmar son que, para el año 2018, los recursos girados al programa serán los mismos que reciben por transferencia las 32 universidades públicas nacionales y regionales. Con la diferencia de que en éstas estudian 655.000 jóvenes. Es decir que el Estado invertirá para el año 2018 la misma cantidad de dinero en los “pilos” que en los 655.000 estudiantes de todas las universidades públicas del país. ¿Es esto justo? ¿Es eso conveniente?

Mientras las públicas están totalmente desfinanciadas, sin los mínimos recursos para ampliar cupos o docentes, y con sus edificios a punta de caerse, las universidades privadas están recibiendo al 85% de los “pilos” y la casi totalidad de los recursos. Las privadas tienen ventajas en empleabilidad, expectativas de salario a futuro, nexos sociales, laborales, evaluación de docentes y ausencia de paros. Por tanto, es una competencia desigual que inevitablemente se resolverá a favor de estas. Ojalá los estudiantes marchen para impedir que el actual SPP se convierta en política pública, así como, liderados por la MANE, lo hicieron y lograron detener el ánimo de lucro en la educación. La filosofía es la misma: Privatizar la educación superior. Ahora volvió disfrazada y los universitarios, todavía no se han dado cuenta.

En síntesis, no sólo es falso que SPP disminuirá la inequidad, sino que su efecto será el contrario: Dejar a las universidades públicas sin recursos y sin sus mejores estudiantes. Eso aumentará la inequidad.

El segundo argumento que esgrimen sus defensores es que supuestamente SPP mejorará la calidad de la educación. Durante los 3 años del programa podemos concluir que eso –por lo menos hasta el momento–sólo es parcialmente válido. Del primero al segundo año, el impacto en las pruebas SABER 11 fue nulo y del segundo al tercero, mejoramos 1,4 sobre 100. Lo que implica que el incremento promedio ha sido de 0,7 por año, crecimiento marginal y que no puede ser atribuido exclusivamente a SPP, ya que, simultáneamente hay múltiples programas de política pública en curso, como Aliados 10, la jornada única o el PTA, entre muchos otros. El hecho de que los aumentos en los grados 5º y 9º hayan sido mayores que en 11, hace pensar que estos últimos programas tienen un impacto posiblemente mayor en la calidad que el atribuido a SPP.

También se señala que la deserción de estudiantes del programa es muy baja y que los promedios por ellos alcanzados son superiores a los obtenidos por sus compañeros, algo relativamente fácil de explicar si se tiene en cuenta que estamos ante estudiantes que vienen de medios privados culturalmente y con extraordinario nivel en sus competencias cognitivas y ciudadanas. Por tanto, donde sea que estudien, les debería ir muy bien. Esos no son beneficios del programa, sino consecuencia de elegir a los que alcanzan mejores competencias, a pesar de sus adversas condiciones iniciales de origen.

Dicen los defensores de SPP que las universidades privadas no tienen que cofinanciarlo, ya que deben destinar recursos adicionales para apoyar a los estudiantes “pilos” que les llegan. No parece un argumento cierto, por lo dicho anteriormente: Son los estudiantes que, con enorme esfuerzo y a pesar de sus condiciones de origen, alcanzan los mayores logros a nivel cognitivo y ciudadano en las pruebas SABER 11. Para ellos no es necesario un apoyo especial. Por el contrario, llegan a universidades de élite en las que ha comenzado a tomar fuerza sistemas de matoneo contra profesores y estudiantes por razones de género, raza y estrato social. Es particularmente grave el caso del cyberbullying, que adquiere impulso en una de las mejores universidades del país, ante la permisividad de las directivas y la pasividad de los estudiantes. Ojalá ésta no se desplace contra los estudiantes que llegan provenientes de regiones distantes y condiciones de marginalidad. Quienes requieren límites y mediación son los estudiantes que han recurrido al matoneo, con el argumento que siempre han dado los matones en la historia: “Sólo estábamos bromeando”.

Sin la menor duda, hay que apoyar a los estudiantes más “pilos” del país, pero el apoyo no puede hacerse a costa de violar el derecho a la educación del 98% de los jóvenes de estratos 1, 2 y 3, que anualmente se gradúan de la educación básica y media en Colombia.

La conclusión es sencilla: Hay que excluir a las universidades privadas del programa y destinar los recursos de SPP de manera exclusiva a fortalecer la educación pública universitaria. Las universidades privadas han cumplido un excelente papel en la calidad de la educación. Son modelo en ello, pero no deben beneficiarse del dinero público. Hay que crear con esos recursos más cupos en las universidades públicas de muy alta calidad y hay que crear nuevas universidades públicas en las regiones, quitándoselas –como sustenta el profesor Kalmanovitz– a la clase política regional, y garantizando que los alumnos que obtienen los mejores resultados lleguen a fortalecerlas académica y socialmente. Con ellos y con recursos, nuevas universidades regionales tendrían un futuro asegurado.

El debilitamiento de la universidad pública no puede ser una estrategia del gobierno para la educación superior. Necesitamos exactamente lo contrario, ya que las democracias sólo pueden salir adelante si construyen una educación pública robusta y de calidad. La educación pública de calidad es condición sine qua non de la democracia, como han demostrado, en especial, Canadá y los países del norte de Europa.

Hoy en Colombia tenemos una educación de muy alta calidad en los colegios y las universidades para un 4% aproximado de la población, y una educación de muy mala calidad para el 70% de los colombianos. La solución no está en llevar un pequeñísimo grupo de jóvenes de los estratos más bajos a que reciban la educación de muy alta calidad que recibe la élite. Esta ruta es un espejismo que se aprovecha de las necesidades y las ilusiones de la gran mayoría de la población. La única opción es impulsar un acuerdo nacional que garantice que elevemos la calidad de la educación pública. Llegó el momento de una profunda reforma a la educación superior, que priorice de verdad la formación integral, la autonomía, la creatividad, el trabajo en equipo y por competencias, la lectura y el pensamiento reflexivo y crítico. Hay que asegurar que los recursos del Estado se destinen a apoyar la educación pública universitaria, hoy estrangulada económicamente y mañana ahogada en sus finanzas y sin recibir a los mejores estudiantes del país. Ojalá el actual SPP no se convierta en política pública. Si lo hacemos, habremos debilitado, aún más, la pobre democracia colombiana.

Lea la respuesta del editor de Semana Educación, Mario F Hurtado, También hay que valorar lo bueno. 

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