EDUCACIÓN SUPERIOR
Supersociedades sanciona a los representantes de Gráficas San Martín
Multarán al fundador de la Fundación Universitaria San Martín con 80 salarios mínimos y al revisor fiscal de la empresa con 60.
Mariano Alvear Sofán, representante legal de Gráficas San Martín, y Rodrigo Enrique Ruiz, revisor fiscal, serán multados con 51'548.000 pesos y 38'661.000 pesos, respectivamente, por las irregularidades que encontró la Superintendencia de Sociedades en la empresa que prestaba servicios a la Fundación Universitaria San Martín.
En las visitas realizadas en noviembre de 2014, el Grupo de Investigaciones Especiales no encontró libros de actas ni el registro de los socios de la organización. Además, los responsables no habían renovado la matrícula mercantil y los libros contables no presentaban "de manera clara y fidedigna" los movimientos económicos al interior de Gráficas San Martín.
La Superintendencia empezó un proceso de inspección en enero de 2007
sobre Gráficas San Martín, pero además tenía en la mira a C.I.Gloma S.A., Prodomed Ltda. y Alvear Orozco S. en C.S.
La decisión se toma luego de que en los primeros días de enero de este año la Supersociedades interviniera a estas cuatro empresas que le prestaban servicios a la FUSM.
Según el balance a 31 de diciembre de 2013 de Gráficas San Martín, la organización registraba cerca de 3.174 millones de pesos en la cuenta propiedad planta y equipo-oficinas desde diciembre de 2011. Pero la Supersociedades no ha podido constatar a qué bienes corresponden estas cifras.
La Supersociedades acaba de otorgar un plazo de 15 días para que Alvear y Ruiz pongan al día los libros de actas de juntas de socios, renueven la matrícula mercantil y pongan al día la contabilidad de la empresa.
No es la primera vez que el órgano de control le da un plazo a Alvear para que esclarezca su relación con Gráficas San Martín. En febrero de este año, la Supersociedades le abrió pliego de cargos a él y a sus hijos, Martín y José Antonio Alvear, por no reportar ante la Cámara de Comercio que tenían control sobre más del 50 por ciento de estas empresas.
Entre las potestades que tiene la Superintendencia desde que intervino a estas organizaciones está la posibilidad de remover de sus cargos a los revisores fiscales, empleados y administradores. Además, la Supersociedades puede requerir información jurídica y contable, exigir autorización para hacer reformas estatutarias al interior de la sociedad y multar a los responsables.
El proceso de investigación que adelanta la Superintendencia podría servir como prueba para confirmar el desvío de recursos desde la Fundación Universitaria San Martín hacia otras organizaciones.
