Una victoria para los samarios

El servicio estaba entregado en concesión a la empresa española Recaudos y Tributos (R&T) desde 2002, cuando el alcalde Hugo Gnecco celebró un contrato de asesoría que le entregaba funciones propias de la administración pública, “indelegables” según la Corte Constitucional y el Consejo de Estado. La situación se mantuvo así hasta que, en 2012, el alcalde Carlos Caicedo reaccionó a un requerimiento de la Contraloría General y se dio a ponerle fin a la concesión. Argumentó que el contrato era “inconveniente”, “ilegal” y “lesivo”, pues R&T recaudaba entre 35 y 40 por ciento del impuesto predial en cada periodo y percibía honorarios cercanos a 10.000 millones de pesos anuales. Por cuenta de esto, según la Alcaldía, en diez años el Distrito dejó de recibir cerca de 65.000 millones de pesos. En octubre de 2014, la Corte Constitucional le dio la razón al alcalde, pero la empresa demandó ante el tribunal contencioso. Al final, este último decretó que el burgomaestre tenía razón.