La batalla de Guatemala

Desde el martes, Colom y nueve de sus antiguos ministros están en la cárcel acusados de malversación de fondos, fraude y peculado. Al parecer, con el pretexto de modernizar el transporte público de Guatemala en 2009, los funcionarios habrían omitido procedimientos y estudios legales para desviar cerca de 35 millones de dólares del patrimonio nacional. Esta es la tercera investigación que lleva a un expresidente guatemalteco tras las rejas y es la evidencia de los contundentes resultados que ha obtenido la lucha frontal contra la corrupción, que desde hace unos años emprendió el cuarto país más corrupto de todo el continente.

En efecto, desde que el Ministerio Público trabaja conjuntamente con la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), las más altas esferas han visto tambalear sus estructuras de poder. Estos dos órganos independientes, a la cabeza de Thelma Aldana, la fiscal general, y el exmagistrado colombiano Iván Velásquez, jefe de la comisión, están detrás de todos los grandes golpes a los corruptos de los últimos cinco años. El escándalo del caso Transurbano es solo el más reciente de su lista.

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Esta alianza dio su primer golpe con las investigaciones que llevaron a la captura y extradición del expresidente Alfonso Portillo por lavado de activos. Así, Portillo se convirtió en el primer mandatario latinoamericano entregado a la Justicia de Estados Unidos por su propio país. A este capítulo le siguió el sonado escándalo del presidente Otto Pérez Molina, que se vio obligado a dimitir en 2015 por su responsabilidad en el caso conocido como La Línea. Según las investigaciones, Pérez Molina y su vicepresidenta, Roxana Baldetti, se beneficiaban de una red de contrabando que sobornaba a empresarios a cambio de reducir los impuestos de importación de sus mercancías. Aunque todavía no hay condena, la pérdida del fuero que lo protegía y su posterior captura son considerados un precedente excepcional en Guatemala.

Incluso, al presidente actual le vienen pisando los talones desde hace algún tiempo. Con el eslogan “ni corrupto ni ladrón”, el otrora comediante Jimmy Morales se posicionó como un fuerte candidato de la contienda electoral que alababa constantemente las labores de la Cicig, una entidad constituida por acuerdo entre Naciones Unidas y el Estado guatemalteco. Una vez en el poder y siguiendo con su discurso anticorrupción, solicitó la prórroga del mandato de la comisión por dos años más. Sin embargo, eso no impidió que Aldana y Velásquez lo investigaran también a él mismo, lo que convirtió a la Cicig en una piedra en su zapato.

Desde 2017, la tensa relación entre Morales y la Justicia ha ocupado la agenda mediática del país. El año empezó con la captura del hermano y del hijo del presidente por el caso Botín Registro Propiedad, un capítulo más de desfalco al Estado en el cual cobraron grandes sumas de dinero por unos eventos que jamás tuvieron lugar. Meses después, el dúo dinámico calentó de nuevo el ambiente político cuando le solicitó al Congreso quitarle el fuero a Morales para que pudiera responder por la posible financiación ilícita de su campaña. En la misma semana, el gobierno declaró a Velásquez persona non grata y le ordenó abandonar el territorio nacional. Aunque la Corte de Constitucionalidad amparó al fiscal de la Cicig, las tensiones entre Morales, la comisión y el ministerio se hicieron evidentes.

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Si a lo anterior se suman las múltiples advertencias de muerte que ha recibido Aldana por sus investigaciones, queda clara la amenaza que representa esta cruzada para el establishment político guatemalteco. Que de los últimos 14 presidentes actualmente 2 estén presos, 1 extraditado, 3 tengan investigaciones abiertas por corrupción y otros 3 tengan deudas pendientes con la Justicia por crímenes de lesa humanidad, conforma un panorama desalentador. Especialmente, porque los mandatarios apenas muestran la punta del iceberg de la enorme red de corrupción de las instituciones del Estado. Sin embargo, las investigaciones del ministerio y la Cicig son un buen ejemplo de lo que se puede lograr cuando se emprende una guerra frontal por la integridad.