Indignación mundial por la condena de Leopoldo López

“Si la sentencia es condenatoria, usted tendrá más miedo de leerla que yo de escucharla, porque usted sabe que soy inocente”. Esas fueron las palabras que le dirigió el jueves el líder del partido opositor Voluntad Popular, Leopoldo López, a la jueza Susana Barreiros en la audiencia final del proceso que desde hace 18 meses se sigue en su contra. Y en efecto, la magistrada leyó a las carreras su veredicto de 13 años, nueve meses y siete días contra el dirigente. Como si quisiera salir pronto de un trance de consecuencias inesperadas.

Pues lo cierto es que su decisión de mantener tras las rejas al político de 44 años aleja a Venezuela aún más del derecho internacional. También, subraya la desinstitucionalización que ha marcado a ese país desde 2004, cuando el presidente Hugo Chávez copó políticamente el Tribunal Supremo de Justicia, que desde entonces ha rechazado el principio de separación de poderes. “Este caso es una farsa”, dijo José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch, refiriéndose a la sentencia contra López, a quien la Fiscalía acusa de incitar a la violencia que dejó 43 muertos durante las protestas opositoras (las ‘guarimbas’) de principios de 2014.

De hecho, la decisión de Barreiros fue criticada no solo por la oposición venezolana y por Washington –algo previsible– sino por otros organismos de defensa de los derechos humanos, como Amnistía Internacional, lo mismo que por la Unión Europea y la Internacional Socialista. Ya en octubre de 2014 Naciones Unidas había dicho que la detención de López era “arbitraria” y el Alto Comisionado para los Derechos Humanos había exigido en vano su liberación. Incluso el abogado de Nelson Mandela, Irwin Colter, la pidió a finales del año pasado.

El juicio contra López fue injusto por varias razones. Por un lado, hasta el propio jueves al acusado no se le permitió presentar pruebas y, durante el proceso solo pudo presentar dos testigos. A su vez, según ha denunciado su esposa Lilian Tintori, en los encuentros de López con sus abogados siempre había militares presentes y durante el juicio se les negó sistemáticamente la entrada a periodistas, defensores de derechos humanos y observadores internacionales. A lo cual se suman unas condiciones de reclusión particularmente severas, en las que prácticamente se le ha mantenido incomunicado, sin acceso a medios y en una celda minúscula en el penal militar de Ramo Verde. El mismo que Barreiros ha dispuesto para su reclusión hasta mediados de 2029.

Por el otro, las pruebas aportadas por la Fiscalía son insubstanciales. De hecho, la orden de aprehensión contra López reconoce que él no estaba en el lugar donde se registraron los hechos, pero lo acusa de formular “pronunciamientos con mensajes subliminales” por Twitter, sin aportar mayores precisiones. Semejante acusación tiene sin embargo el objetivo de vincular penalmente una actividad netamente política con los hechos criminales de un grupo de hombres armados, cuya violencia dejó 43 muertos. De hecho, la defensa que López no pudo presentar contenía indicios de que habían sido miembros del oficialismo los responsables de los desmanes.

Además hay que leer los hechos a la luz de las elecciones parlamentarias del próximo 6 de diciembre, en las que las encuestas pronostican un triunfo de la oposición de por lo menos 20 puntos. Y ante la imposibilidad de derrotar políticamente a sus adversarios, el gobierno de Maduro ha decidido meterlos a la cárcel –como a López y al alcalde de Caracas, Antonio Ledezma– o inhabilitarlos electoralmente, como a la exdiputada María Corina Machado. También, de sacarlos del país, como intentó hacerlo Nicolás Maduro con el propio López a principios de 2015 al proponer intercambiarlo por un nacionalista puertorriqueño preso en Estados Unidos.

De hecho, históricamente la violencia contra el principal opositor de un gobierno ha marcado el inicio del final de los regímenes políticos en crisis. Así sucedió en República Dominicana, cuando Rafael Trujillo ordenó en 1960 asesinar a las tres hermanas Mirabal. Lo mismo en Filipinas en 1983, cuando Ferdinand Marcos hizo otro tanto con Benigno Aquino, a quien sus hombres mataron al descender de un avión en el aeropuerto de Manila al regresar al país tras tres años de exilio. Y también en Panamá durante el régimen de Manuel Noriega, cuando el asesinato del médico opositor Hugo Spadafora puso en evidencia los nexos de ese gobierno con el narcotráfico.

Y lo cierto es que, ante el lamentable estado de la economía venezolana y el desgaste crónico del proyecto chavista, a Maduro le convendría más tener a un opositor en Miami, que a un mártir en una cárcel venezolana.