Ecuador y los obstáculos a la prensa

"De ahora en adelante no se mande publicidad oficial a los medios mercantilistas porque no tenemos por qué (...) beneficiar el negocio de seis familias de este país" ordenó Rafael Correa la semana pasada al secretario nacional de Comunicación, Fernando Alvarado. Al decir "mercantilistas" el Presidente se refería a los medios de comunicación privados de Ecuador, a los cuales también suele calificar como "corruptos", "siniestros" o "mediocres". Pero para muchos el estado actual de los medios privados ecuatorianos se describiría mejor con adjetivos como atacados, amenazados o amedrentados.

El presidente también anunció recientemente que los funcionarios públicos tienen prohibido dar declaraciones a medios privados y que, en estos meses previos a las elecciones de febrero 2013, ningún medio puede nombrar a los candidatos presidenciales ni publicar imágenes que puedan favorecer o perjudicarlos.

Pero estos son apenas los más recientes obstáculos que Correa ha puesto en el camino de los medios desde que llegó al poder en 2007. Además de restringir los contenidos de los medios privados, "el gobierno ha erigido uno de los conglomerados de medios estatales más grandes de la región, con unas 15 emisoras de radio, televisión, medios impresos y una agencia de noticias que sirven para ampliar el punto de vista de la administración", explicó a SEMANA Carlos Lauría, coordinador para el continente americano del Comité para la Protección de los Periodistas. Como si esta red de comunicación no fuera suficiente, Correa encadena frecuentemente la radio y la televisión para llegar sin competencia a los ciudadanos. Según El País de Madrid, hasta mayo de 2011 el presidente había acumulado 1.025 cadenas y 280 programas sabatinos, llamados Enlace Ciudadano.

Las cadenas de Correa tienen la particularidad de aparecer en momentos muy específicos. Como explica el Informe de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión publicado en 2011, "se han producido repetidas interrupciones gubernamentales de programas periodísticos críticos, mediante cadenas presidenciales radiales y televisivas que emiten el mensaje oficial solo en la emisora donde se emitió la información o la opinión cuestionada". Durante tres días, por ejemplo, Correa interrumpió el programa de televisión Los Desayunos 24 Horas, conducido por María Josefa Coronel, quien había hecho entrevistas que cuestionaban ciertas reformas constitucionales que Correa intentaba impulsar. Lo mismo hizo durante un programa de opinión de Ecuavisa que tenía como invitado al expresidente Lucio Gutiérrez. El mensaje del gobierno duró unos diez minutos y se dedicó a criticar a la administración de este. Raúl Vallejo, embajador ecuatoriano en Colombia, lo explica como un mal necesario: "Si usted dice esto, le ponemos una cadena y le decimos 'señor, usted dijo que tal cosa era así, pues no es cierto, aquí está demostrado'. Es un debate".

Aunque encadenar los medios es legal, el Informe de la Relatoría especifica que "el ejercicio de esta facultad, sin embargo, no es absoluto. La información que los gobiernos transmiten a la ciudadanía (…) debe ser aquella estrictamente necesaria para atender necesidades urgentes de información en materias de claro y genuino interés público". Los mensajes que Correa envía a los ecuatorianos, sobre todo en sus programas sabatinos, distan de ser necesarios pues, como explica César Ricaurte, director de la ONG ecuatoriana Fundamedios, "Correa dedica sus informes semanales de cuatro y cinco horas a atacar a los medios y a exhibir fotos de periodistas como si fueran los criminales más buscados".

El discurso agresivo del presidente no solo es preocupante por lo que significa para la libertad de expresión sino porque se ha visto que tiene efectos directos sobre las personas a las que critica. Jaime Ugalde, editor del grupo Ediasa, fue agredido en la calle por simpatizantes oficialistas luego del programa semanal de Correa, en el que había criticado duramente a periodistas y funcionarios de medios de comunicación.

Desde hace tres años el gobierno ha tratado de aprobar una Ley Orgánica de Comunicación que ampliaría las cadenas y volvería legal cualquier mensaje difundido en ellas. El gobierno presentó el proyecto como una medida para democratizar los medios pero, según Lauría, en realidad "se ha propuesto crear un consejo de regulación con amplias atribuciones para controlar a la prensa y determinar penalidades ante supuestas violaciones".

Mientras su Ley de Comunicación sigue en stand by, el presidente ha decidido buscar otros caminos para coartar la libertad de expresión. Correa se ha dedicado a regular los contenidos periodísticos con maniobras legales que le permiten castigar en forma expedita y discreta a los críticos de su gestión. El caso de la revista Vanguardia es un ejemplo: en 2010 la policía allanó sus oficinas en Quito y confiscó 40 computadores para ejecutar una supuesta deuda de 14.000 dólares por el arrendamiento del local, maniobra que repitieron, aumentada, en julio de 2012. Y Correa demandó para exigirle una indemnización de diez millones de dólares al director Juan Carlos Calderón por haber escrito el libro El gran hermano, en el que denuncia corrupción de la familia presidencial. Esa demanda vino a sumarse a la recordada acción legal por calumnia contra los editores y un columnista del diario guayaquileño El Universo, que Correa resolvió 'perdonar' ante la presión internacional.

Aunque el delito de desacato no es aceptado internacionalmente, en Ecuador rige una figura parecida: la injuria calumniosa, castigada en el Código Penal con multas y cárcel. Según dijo a SEMANA Asdrúbal Aguiar, ex magistrado de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, "los Estados que hacen parte de la OEA están obligados a ajustar el derecho interno a las exigencias de la Convención. Que un estado no lo quiera hacer lo sitúa en el plano de violador de obligaciones internacionales". Pero Correa ha demandado a más de 25 personas e instituciones en los últimos cuatro años por injuria y delitos de imprenta.

"Democráticamente, ¿qué legitimidad tiene el dueño de un medio que impone su punto de vista, frente a un gobierno que ha sido elegido por votación?", se pregunta el embajador Vallejo, repitiendo palabras del presidente Correa. Para el gobierno, los votos que lo eligieron le dan superioridad ante los ciudadanos y carta blanca para actuar como parezca necesario.

A pesar de su actitud autoritaria, las encuestas más recientes sitúan la popularidad de Correa por encima del 80 por ciento. Para Simón Pachano, politólogo y profesor de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, este apoyo se explica por la inestabilidad y corrupción política que vivió Ecuador desde 1995 hasta que Rafael Correa asumió el poder con la bandera del cambio. Según explicó a SEMANA: "Se configuró un terreno muy fértil para un líder como Correa, con una posición autoritaria. Además tiene condiciones de liderazgo, enciende a la gente con su discurso".

Pero para Ricaurte, la falta de libertad de expresión relativiza esas cifras: "Hay que tomarlas con pinzas. Las encuestas pueden ser erróneas, pues la población puede no expresar sus opiniones verdaderas porque teme represalias". Ricaurte dijo a SEMANA que el promedio real se ubica entre el 45 y el 47 por ciento, una cifra todavía alta que se explica por "el intenso programa social del gobierno. Ha entregado subsidios directos a un millón y medio de personas y desarrollado políticas relativamente exitosas en áreas como la salud".

Por mucho que aprueben su gestión, el 74 por ciento de los ecuatorianos también rechaza los ataques de Correa a los medios. Frente a esta cifra de desaprobación, Vallejo opina que "tal vez no están de acuerdo en la forma en la que dice las cosas, tal vez la gente espera que sea un poco más amable. Eso no significa que no hay libertad de prensa en Ecuador". ?

También con los ciudadanos
 
Pero aunque hablan en las encuestas, los ciudadanos rara vez se manifiestan en masa a favor de la libertad de expresión. Según Pachano, esto también tiene una explicación histórica: "Ecuador no tiene la experiencia de vivir bajo una dictadura y no conoce lo que es la supresión de libertades. Ven estos temas como ajenos, como un problema de periodistas o de los dueños de los periódicos y no de la sociedad en sí misma".

La experiencia también demuestra que el problema está lejos de ser solo de los periodistas. En varias ocasiones el presidente ha ordenado detener a ciudadanos por expresarse en contra suya o de su gobierno. En 2011 Marcos Sovenis le gritó "fascista" a Correa cuando caminaba por Babahoyo. Según denunció Sovenis, siete escoltas del presidente lo subieron a una camioneta, lo agredieron y lo amenazaron. Germán Ponce también insultó a Correa y fue detenido durante 72 horas y amenazado con prisión hasta de 30 días. El caso de Irma Parra es aún más drástico: fue detenida durante horas por hacer el gesto de 'no' a la caravana del presidente, días antes de un referendo propuesto por Correa, en el que quienes se oponían a la consulta votarían 'no'. El presidente justificó la detención de Parra como necesaria para hacer respetar la dignidad del jefe de gobierno.

A pesar de la evidencia, el gobierno asegura que en el país no existen tales problemas de libertad. Tanto el secretario de Presidencia, Gustavo Jalkh, como el secretario nacional de Comunicación, Fernando Alvarado, se negaron bruscamente a hablar con SEMANA. En representación de su gobierno, el embajador Vallejo asegura que "En Ecuador existe una amplia libertad de expresión. Tan amplia que le dicen al presidente cualquier cosa que se les ocurra".

Carlos Lauría difiere de esta opinión y explica que, para él, "es evidente que Correa busca desacreditar y embestir a todo aquel que presente puntos de vista opuestos a los de su gobierno, en un intento por controlar el flujo informativo y reprimir el disenso". Y es que los más feroces ataques de Correa han comenzado meses antes de las elecciones de 2013, en las que pretende reelegirse. Su estrategia de control y represión de los medios, junto con la ampliación de una base comunicativa oficial, hacen tanto más difícil que un candidato nuevo tenga posibilidades de ser electo en febrero. Mientras Correa hace campaña constantemente, los demás aspirantes a la presidencia tratan de salirse de esa acaparadora sombra y proponer un cambio.

Correa no oculta que quiere seguir los pasos de su amigo Hugo Chávez para permanecer en el poder indefinidamente. Lo peor es que no parece dispuesto a corregir sus acciones, más parecidas a los procedimientos de los caudillos decimonónicos que a políticas acordes con la democracia del siglo XXI.
 
Más allá de sus fronteras
 
“Como si el hostigamiento reiterado contra periodistas y defensores en Ecuador no fuera suficiente, Correa ha intentado exportar sus políticas al ámbito internacional, procurando restarle facultades a la Relatoría Especial de la Libertad de Expresión, justamente porque esta importante instancia ha criticado, públicamente y con razón, el cuestionable récord de su gobierno”, dijo a SEMANA José Miguel Vivanco, director de la División de las Américas de Human Rights Watch.

Vivanco se refería a que el 25 de enero pasado fueron presentadas ante la OEA una serie de recomendaciones a la Relatoría para la Libertad de Expresión. El documento sugiere reducir el presupuesto de la Relatoría en su tercera parte, anular sus informes anuales sobre la libertad de expresión en los países miembros de la OEA y adoptar un llamado código de conducta. Ecuador y Venezuela están entre los países que lideraron la propuesta de estas medidas. Para Asdrúbal Aguiar es evidente que “hay un proceso sostenido de cercamiento a la Comisión Interamericana y a la Relatoría. Ese cercamiento, por parte de los ejes del chavismo en América Latina, tiene la finalidad de que la Comisión y la Relatoría se dediquen más a promover los derechos humanos, y no a la recepción y tramitación de las denuncias que surgen en la región y en estos países en particular”.