Febrero negro para Venezuela

Febrero es de mal agüero en Venezuela. Eso dicen los supersticiosos, que abundan en el país, y el jueves la detención del alcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledezma, pareció darles la razón. Varios de los acontecimientos que han marcado la memoria nacional también sucedieron durante el segundo mes del año: el Viernes Negro o la megadevaluación del bolívar en 1983, el Caracazo de 1989, el golpe de Estado fallido que Hugo Chávez le dio a Carlos Andrés Pérez y, más recientemente, el 12 de febrero de 2014, cuando fueron asesinadas las primeras dos de un total de 43 víctimas durante las protestas violentas contra el gobierno de Nicolás Maduro.

Con esos antecedentes, y ante la crisis que atraviesa el país, era improbable que este febrero fuera apacible. Pero quizás ni los más supersticiosos imaginaban que en las primeras tres semanas del mes el gobierno le declarara la guerra a las farmacias y supermercados, arrestara a empresarios y prohibiera las colas, que devaluara el bolívar en un 69 por ciento y, finalmente, que el Servicio Bolivariano de Inteligencia sacara a golpes de su oficina y se llevara a Ledezma en la tarde del 19.

Ese día, Maduro cumplió sus amenazas de las últimas semanas. En la tarde llegó una caravana de camionetas y agentes motorizados con uniformes del Sebín hasta la torre Exa. Rompieron la puerta de su oficina en el sexto piso, golpearon a Ledezma en el pecho y las costillas, y sin mostrar orden de allanamiento o captura se lo llevaron, según relataron funcionarios de la Alcaldía y otros ciudadanos que, además de ser testigos, trataron de evitarlo. Pero algunos agentes dispararon tiros al aire y dispersaron el forcejeo.

Mitzy de Ledezma, la esposa del alcalde, su abogado y otros funcionarios de la Alcaldía salieron a buscarlo a la sede del Sebín en Plaza Venezuela, a donde también fueron llegando ciudadanos indignados que coreaban “liberen a Ledezma” y otros líderes de la oposición, entre ellos la exdiputada Maria Corina Machado, y el gobernador de Miranda y excandidato presidencial, Henrique Capriles.

La tarde del jueves fue de sosiego para muchos venezolanos, porque horas antes circulaban versiones no confirmadas o falsas de que también estaban allanando la casa de Machado, y que había habido un motín en Ramo Verde, la prisión que alberga al líder opositor Leopoldo López, quien el día anterior había cumplido un año preso mientras se adelanta su juicio. Su esposa Lilian Tintori había alertado que querían cambiarlo de lugar de reclusión y temía por su vida.

Fue Maduro quien confirmó que la Fiscalía había ordenado capturar a Ledezma, señalado de estar involucrado en planes conspirativos contra él, junto con López y la diputada Machado. Como ‘prueba’ de la conspiración mostró un aviso publicado a una página entera en el diario El Nacional el 11 de febrero, en el que los tres líderes dirigentes y promotores de La Salida le hacían un nuevo llamado a la ciudadanía a un “acuerdo nacional de transición”. Maduro le dijo a Ledezma “vampiro” y habló de acciones futuras y de un “puño de hierro chavista” contra los líderes de la oposición, que según él están jugando a una doble banda.

En la calle

La dramática situación política es apenas un reflejo de lo que viven los ciudadanos de a pie. Tres pacas de pañales Pamper, talla G. Dos paquetes de toallas higiénicas, marca Always. Tres cuchillas de afeitar, marca Gillete. Mientras las amas de casa compraban el combo de esos tres productos racionados, importados y de precios regulados en la cadena Locatel el 4 de febrero, los cazas Sukhoi cruzaban por el espacio para conmemorar el aniversario del golpe militar que catapultó a Chávez como protagonista de la historia venezolana.

“Vamos a terminar cumpliendo con el sueño del comandante, terminaremos en trueque”, dijo con sorna Laura, que ya tenía en la mano una bolsa con toallas higiénicas y cuchillas de afeitar. Los acababa de comprar en Farmatodo, a tres cuadras de allí, y ahora hacía nuevamente hora y media de fila para comprar lo mismo. “Es que en dos meses no va a haber más y como mujer, ¿cómo haces?”.

En un teatro en pleno centro de la capital, el ministro para la Alimentación, el general Carlos Osorio, sostenía que se trata de una “guerra económica” contra las mujeres, especialmente contra las madres venezolanas. Isabel Delgado, la ministra de Comercio, afirmaba que “esa cola inoculada, que vemos kilométrica, es una cola maltratadora contra la mujer y la madre”. “Madres de Venezuela contra la guerra económica nos espera la victoria”, arengaba la diputada María León León, legendaria guerrillera, hoy con pinta de bisabuela entrañable, por el micrófono. Agregaba que era “diabólico” que los empresarios estuvieran acaparando los pañales y la leche, como habían hecho en Chile para derrocar a Salvador Allende.

Cientos de funcionarios, beneficiarios de misiones del gobierno, militantes del Partido Socialista Unido de Venezuela, que portaban pancartas con lemas como “Con todo y saboteo, con Maduro me resteo”, aplaudían y celebraban cada vez que un ministro o diputado hablaba en términos de lucha o batalla para vencer al imperio en un foro llamado ‘Qué es la guerra económica y cómo se combate’. El jefe civil del Estado Mayor de la Batalla Económica en el Distrito Capital, Ernesto Villegas, mostró en un mapa la distribución de los supermercados y dijo que había que “caracterizar el campo de batalla”, mientras la ministra Delgado habló de la necesidad de “identificar y monitorear” las guías de rutas de los camiones distribuidores.

Mientras tanto, integrantes de la Red de Defensoras y Defensores de la Seguridad y Soberanía Alimentaria repartían panfletos en el auditorio que decían: “No te dejes engañar. La Derecha Golpista Quiere Jugar con Tus Necesidades para después decir que es el gobierno. Organízate y Denuncia al Especulador, al Acaparador, al Bachaquero. Las líneas para hacerlo 0800-Sabotaje o 0800-Reclame.

¿Existe la “guerra económica”? “A veces creo que sí hay una guerra económica, porque hay que hacer mucha cola”, dijo Yulymar, en la misma cola de Farmatodo, y añadió que los empresarios podían estar acaparando, especulando como dijo el gobierno; que durante esa primera semana de febrero, en una nueva ofensiva, este ordenó privar de la libertad al presidente y vicepresidente de la cadena de farmacias, acusados por los supuestos delitos de boicot y desestabilización económica, e intervino la cadena de mercados populares Día a Día. Una semana después, su director general y un abogado de la empresa también fueron detenidos. El sector privado se quejó de que eran solo acusaciones infundadas y persecución.

Empresas Polar, que produce casi el 50 por ciento de la harina que se consume en el país, con la que se hacen las arepas, dijo haber estado sometida a 59 inspecciones el mes pasado y a pesar de que el gobierno anunció que aumentaría el precio, no era suficiente. “Nos están imponiendo trabajar a pérdida. El nuevo precio incumple con la Ley Orgánica de Precios Justos, pues la ley establece que las empresas deben tener un margen de ganancia de hasta 30 por ciento, pero deben tener un margen de ganancia,” dijo el director de Alimentos de la empresa, Manuel Felipe Larrazábal.

El temor a ser sancionados, acusados de acaparamiento, a que se les formaran problemas de orden público con los compradores, hizo que los almacenes empezaran a sacar los productos con precios regulados apenas llegaran. No esperaban ni siquiera a ponerlos en los estantes y empezaron a organizar la venta con los empleados, que iban entregando, racionado, por persona.

Pero ese modo de compra solo hizo que aumentaran las colas, a las que el gobierno también les declaró la guerra. Ordenó a la Guardia Nacional patrullar algunos mercados y abastos, creó brigadas especiales, fuerzas de choque y grupos de ciudadanos colaboradores en tareas de delación e inspección con el nuevo Sistema de Protección Popular para la Paz o SP3, y anunció unos comandos estatales Populares-Militares. Adicionalmente, el Ministerio de Defensa promulgó un nuevo decreto en el que autoriza el uso de la fuerza mortal para controlar manifestaciones y reuniones públicas, en caso de que sea necesario.

“La guerra económica es del gobierno contra nosotros”, comentaron Laura y su amiga en la cola de Farmatodo y añadieron que si hubiera una guerra de verdad, al menos los aviones de la Cruz Roja o Naciones Unidas vendrían a traer comida y medicamentos. No es que los venezolanos se estén muriendo de hambre, pero algunos pacientes sí han fallecido por falta de medicamentos. Solo en el hospital público más importante del país, el Universitario de Caracas, murieron 13 pacientes en los últimos cuatro meses porque no hubo insumos médicos. El presidente de la Asociación de Clínicas y Hospitales de Venezuela, Carlos Rosales, hizo algunas denuncias sobre la grave escasez del sector de la salud. Sus declaraciones fueron consideradas peligrosas, porque podrían causar alarma entre la población y el viernes 6 de febrero fue detenido e interrogado por el Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebín) y luego liberado.

Hace un año

Al chavismo le gusta reinterpretar la historia con fines políticos. Y el 12 de febrero, otra fecha insigne, no podía pasar de agache, sobre todo para Maduro, que ha insistido en que ese día de 2014 sea recordado como el momento en que quisieron sacarlo del poder y fallaron. La marcha de los estudiantes hasta la Fiscalía General, que terminó en disturbios violentos, dos muertos por disparos de bala de agentes de seguridad del Estado, y decenas de heridos y detenidos, fue el inicio de un “plan golpista” en su contra, supuestamente liderado por López, Machado y Ledezma. En ese momento, Maduro dijo que también habían capturado a unos militares cómplices, pero nunca dio más detalles del asunto.

Desempolvó el caso justo un año después, en una alocución de radio y televisión. Dijo que habían neutralizado un supuesto nuevo intento de golpe de siete miembros de la Fuerza Aérea, vinculados al anterior, y que esta vez atacarían con un avión Tucano el Palacio de Miraflores, la cadena Telesur y otros objetivos clave, mientras los seguidores de Leopoldo López, a quien llama “el monstruo de Ramo Verde”, y otros líderes de oposición, orquestarían protestas callejeras. Insinuó, además, que el avión podría venir desde el exterior, de Colombia o de las Antillas Holandesas, y que pronto daría a conocer detalles de cómo estarían involucrados sectores políticos de la oposición venezolana, a quienes amenazó, sin nombrarlos específicamente, con la cárcel. “Ahora me voy a radicalizar con más fuerza contra la oligarquía parasitaria, ustedes verán”, dijo Maduro.

Cuando terminó la cadena presidencial el 12 de febrero pasado, los que se tomaron la denuncia en serio quedaron preocupados por lo que había advertido el presidente, y los que se la tomaron en broma circularon chistes de pájaros tucanos en vuelo en las redes sociales. Independientemente de la credibilidad de la denuncia, tuvo éxito. El 12F y el supuesto nuevo golpe le sirvieron para mimetizar una nueva devaluación del bolívar, evidente ese mismo día al estrenarse el nuevo Sistema Marginal de Divisas (Simadi), cuyo nombre le calza muy bien, porque el impacto que ha tenido para solventar la crisis de liquidez es marginal. El sistema funciona según la oferta y demanda del mercado, y en su primer día se cotizó a 170 bolívares por dólar, reflejando no solo la insólita disparidad entre la tasa artificialmente barata e insostenible de 6,30 dólares que el gobierno decidió mantener para importar cosas básicas como medicamentos o alimentos, sino que el gobierno no estaba dispuesto a tomar medidas económicas más contundentes.

Una semana después, el jueves pasado, Maduro confirmó al hablar contra Ledezma que hace lo que dice, y que hay que tomar en serio sus amenazas. Recordó que la diputada Machado ya tiene una causa abierta ante la justicia y acusó también al diputado opositor Julio Borges. Esta semana, diputados del partido de gobierno anunciaron que buscarán quitarle la inmunidad parlamentaria, como hicieron ya con Machado. Ambos son dos cartas fuertes de la oposición en la Asamblea, la única institución que puede restaurar el equilibrio de poderes en un país que cada febrero vuelve a recordar, de una manera u otra, que algo o alguien se le perdió.