La fuerza de un pueblo

El majestuoso lago de Amatitlán está a unos 25 kilómetros de Ciudad de Guatemala. Fue, hasta hace menos de una década, uno de los lugares de descanso favoritos de la elite, y todavía se ven las imponentes casas a sus orillas. Pero ya nadie va: las aguas antes azules hoy están recubiertas de un moho espeso y quieto, pestilente.

A comienzos de marzo, el gobierno de Otto Pérez Molina anunció con bombos y platillos que había comprado una fórmula a una empresa israelí para limpiar el lago. El costo: más de 18 millones de dólares. El aval del embajador de Israel, intermediario en el millonario contrato, parecía recubrir de seriedad el proceso. Pero los medios, encabezados por El Periódico y Plaza Pública, revelaron que el supuesto inventor de la fórmula había sido considerado una amenaza para la salud pública en el mismo Israel, y la dirección de sus supuestos laboratorios en Guatemala coincidía con la de un taller automotor.

Para intentar frenar el escándalo, la vicepresidenta Roxana Baldetti decidió dar un paseo por el lago en lancha, acompañada de periodistas. Entre risas y chanzas, afirmaba que invitaría a todos a comer mojarra dentro de seis meses, y que el lago ya no tendría ni “popodrilos ni pipirañas”.

Es quizás el insólito nivel de desfachatez de este gobierno en el sistémico expolio a las arcas del Estado por parte sus gobernantes, lo que rebosó la copa de los guatemaltecos. Noticias como la anterior son solo una anécdota más en el rosario de escándalos de corrupción surgidos del centro del poder político. No se salvan ni jueces, ni congresistas, ni, por supuesto, miembros del Ejecutivo. El caso del lago Amatitlán funciona como burda metáfora de la desvergüenza de los protagonistas de la corrupción frente a los ciudadanos: la fórmula mágica en esa ocasión resultó ser agua con sal.

El héroe de la CICIG

Pero las denuncias de algunos medios escritos encabezados por El Periódico y la revista Crónica, dirigidos por José Rubén Zamora y Gonzalo Marroquín, los dos periodistas más destacados, poco podían frente al poder de la televisión abierta, en manos de Erick Archila, entonces ministro de Minas y Energía, quien renunció hace dos semanas, en la ola de destituciones, órdenes de captura y renuncias que sacude al país.

Lo que se ha vivido estos años en Guatemala se puede resumir en una sensación de derrota muy arraigada en el espíritu de los ciudadanos, que parecía no tener otra salida más allá de la resignación. Hasta que llegó el jueves 16 de abril. Ese día, la Cicig (Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala), una oficina de la ONU para fortalecer el trabajo de la Justicia, dirigida por el exmagistrado auxiliar colombiano Iván Velásquez –recordado por la persecución a la que lo sometió el entonces presidente Álvaro Uribe–, dio un golpe monumental a una de las grandes estructuras de corrupción del país, un caso que se ha conocido como ‘La línea’: una enorme red de defraudación y cobro millonario de sobornos en las aduanas del país, que pasaba por la SAT –equivalente de la Dian– y alcanza (hasta ahora) al secretario privado de la Vicepresidencia. Fueron imputados 45 funcionarios. Unos huyeron, otros desaparecieron, y 19 fueron capturados ese día. Y entre los desaparecidos está el secretario privado de la vicepresidenta, Juan Carlos Monzón.

Pero ‘La línea’ era mucho más que eso. En realidad, la red de corrupción ha servido para proteger las estructuras del narcotráfico. Y por eso la Embajada de los Estados Unidos, usualmente tan discreta, apoyó abiertamente el clamor que exigía la renuncia de la vicepresidenta. “Baldetti será requerida por Estados Unidos por vínculos con el narcotráfico”, afirma Magalí Rey Rosa, combativa columnista de Prensa Libre, el principal diario del país.

La protesta

El mismo día del explosivo anuncio de la Cicig, seis estudiantes universitarios decidieron abrir una página en Facebook y el hashtag #RenunciaYa en Twitter, y convocaron a una marcha en la plaza de la Constitución, frente al Palacio de Gobierno, para el 25 de abril. Eran optimistas: esperaban unas 3.000 personas.

Al comienzo de esa límpida tarde de sábado ya había unas 15.000 personas en la plaza. La algarabía de trompetas, pitos, coros, pancartas y letreros, de padres de familia con sus hijos con cartelitos que rezaban “Guatemala es mía” o “Yo quiero ser feliz aquí”, hasta otras que exclamaban en mayúsculas “A mí no me han robado la memoria”, o “Criminales, criminales, criminales”, hacían vibrar la gran explanada flanqueada por el Palacio de Gobierno, la catedral y la Biblioteca Nacional. Los gritos exigiendo la renuncia de Baldetti y del presidente no cesaban. La guardia militar impávida protegía el palacio.

Pero la protesta aún no había comenzado. Faltaban por llegar los estudiantes, que atravesaban la ciudad a pie por las avenidas, recogiendo más y más jóvenes a su paso. Más de 7.000 entraron a la plaza, acompañados de curas franciscanos en sus hábitos pardos y de monjas que bailaban y exigían que renunciara la plana mayor. Era, en esencia, una manifestación urbana, blanca, de las clases medias y altas de la capital, algo nunca visto en un país apático en el que toda manifestación y protesta se han asociado tradicionalmente, desde un racismo extremo, con las comunidades indígenas. La conciencia cívica urbana por fin despertaba.

Dos semanas después, Roxana Baldetti presentó su renuncia, en medio de la eufórica estupefacción de los ciudadanos. ¿La manifestación había servido para algo? Sí. Nadie lo podía creer.

Un mayo convulso

El todopoderoso Cacif –el equivalente de la Andi, Fenalco y Asobancaria en una sola entidad–, que había apoyado la candidatura del exmilitar y hoy presidente Otto Pérez Molina, pensó que esa renuncia y la designación de un aguado títere de su ala más derechista, Alejandro Maldonado, como reemplazo de Baldetti, calmarían los ánimos. Se equivocaron. Iván Velásquez tampoco descansó: un nuevo golpe por parte de la Cicig se tomaba los titulares de prensa la semana pasada: la aterradora corrupción en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, que entregó contratos para la diálisis de pacientes renales a una empresa que no tenía ni la infraestructura ni la experiencia para llevarlas a cabo, por más de 15 millones de dólares a cambio del 15 % del monto del contrato –que ha costado la vida a 15 pacientes en los últimos días y más de 100 infectados de peritonitis–. Decenas de cabezas han seguido rodando, entre ellas la de su máximo jefe, Juan de Dios Rodríguez, exsecretario privado del presidente.

Los columnistas y las redes sociales no han parado un segundo de exigir la renuncia del presidente. Y el Cacif se ha visto presionado a unirse a la voz ciudadana, si bien con reservas. La Embajada de Estados Unidos, a la que en realidad solo le interesaba la cabeza de Baldetti por vínculos con el narcotráfico, todavía no ha pedido la cabeza del Ejecutivo.

“Si el presidente no se va yo no veo cómo podemos superar esta crisis”, asegura Manfredo Marroquín, director de la ONG Acción Ciudadana, una de las figuras más visibles de la sociedad civil en la crisis. “Y claro que hay peligros, como el posible empoderamiento del crimen organizado, en términos de territorio. Porque la situación se está traduciendo en una crisis fiscal. Ya no hay flujo de caja para pagarle a la Policía. Están sin salario, sin combustible para las radiopatrullas y sin municiones, sin teléfono porque les han cortado el servicio. Es decir, no tenemos seguridad. En este momento la Policía es decorativa, y no podría enfrentarse al poder extremo del crimen organizado”.

Con él concuerda Gonzalo Marroquín, director de la revista Crónica: “La renuncia del presidente sería lo más sano, pero no parece sencillo que suceda. Si se diera, no habría vacío institucional. La Constitución contempla claramente el camino: tras la renuncia, asume el vicepresidente. Tampoco se debe detener el proceso de elecciones, previstas para septiembre. Los militares no tienen espacio si no se produce un golpe de Estado, y aparentemente no hay un peligro inminente de que esto pueda ocurrir”.

No todos están de acuerdo. Rey Rosa, una de las más destacadas activistas de derechos humanos, que ha logrado grandes golpes contra las mineras que forman parte de la estructura de expolio y destrucción, afirma que “ir a elecciones es condenar a Guatemala. Ahora hay mucho interés en dividirnos. Son aquellos que dicen: ‘Calma, ¡conservemos la institucionalidad!’, cuando la actual nos tiene en la calle de la amargura. El Congreso no tiene legitimidad –afirma–. Y en la mayoría de las salidas que vemos nos topamos unos muros de impunidad que ellos mismos construyeron”.

Rey Rosa cree que “hay una situación compleja: el Cacif y el Ejército, desde el juicio por genocidio al general Ríos Montt, han recordado que tienen un pasado común que los hace vulnerables. Es ahí donde se puede rastrear el origen de ‘La línea’. Esa red nace en los años setenta, antes de la firma de la paz, cuando se cometieron las masacres más terribles contra el pueblo maya, tiempos en los que los empresarios y el Ejército se unieron bajo el discurso de la lucha contra el comunismo. En esos momentos comenzó a formarse esta estructura de corrupción, y desde el juicio vuelven a aliarse”.

Pérez dice que no renuncia. Pero la presión de la sociedad civil no ha hecho más que crecer. Una segunda manifestación en la misma plaza de la Constitución fue convocada para el sábado 16 de mayo, y si se calcula que a la primera asistieron 32.000 ciudadanos, a la segunda fueron casi 60.000, algo nunca visto. Ni el tremendo aguacero que cayó hizo que los guatemaltecos desistieran en su empeño cívico. Y ni un solo acto de violencia empañó el día. Además, en un hecho histórico para un país tan dividido, decenas de movimientos indígenas se sumaron a la protesta. Al cierre de esta edición se esperaba una nueva marcha convocada para el sábado, y la indignación está subiendo de tono.

El futuro inmediato

La ciudadanía está en busca de nuevos liderazgos. No solo el nombre de Manfredo Marroquín está en la baraja. Se habla del economista Juan Alberto Fuentes Knight, hoy presidente de Oxfam International, como una cara de la decencia que muchos quieren ver para encabezar un gobierno de transición.

“Es necesario que el movimiento espontáneo adquiera un determinado grado de organicidad y coherencia en los objetivos y la forma de alcanzarlos –afirma el respetado analista Gustavo Porras–. Que examine con profundidad a qué conducen las propuestas ya planteadas, sabiendo que la política solo se evalúa por sus resultados, y estos solo se evalúan si corresponden o no al bien común o interés general. En la política se hace crudamente verdadero el refrán que dice ‘que el camino del infierno está empedrado de buenas intenciones’”.

Pero si bien Guatemala está sumida hoy en una incertidumbre política, de lo que no cabe duda es que es una incertidumbre feliz, y por fin, profundamente esperanzada.

Las cifras

Guatemala tiene las peores cifras de desarrollo humano de la región.

Con un 20 % de analfabetismo en su población mayor de 15 años, con el más alto índice de desnutrición infantil de la América continental –solo Haití está por encima–, con más del 20 % de su población en condiciones de pobreza absoluta –cifra que se duplica en las poblaciones mayas–, la primera consecuencia de los indicadores sociales de Guatemala es una abrumadora concentración de la riqueza, que arroja cifras macroeconómicas medianamente atractivas.

A diferencia de El Salvador, la firma de la paz en 1996, tras cruentas décadas de guerra civil, no trajo mejoras sustanciales a la población. Con una institucionalidad débil y efímeros partidos políticos que nacen y mueren con la circunstancia, y con la corrupción como denominador común de sus sucesivos gobiernos democráticos, los guatemaltecos, frustrados e impotentes, han considerado, hasta esta coyuntura histórica, a su propio país como un Estado fallido.

El factor indígena

El gobierno de Otto Pérez ha sido particularmente duro con las reivindicaciones de los mayas. La abogada Andrea Ixchíu, columnista de El Periódico y reconocida líder de derechos humanos en Guatemala, afirma que “este gobierno ha reprimido a los indígenas desde que se posesionó. Es hora de visibilizar la lucha de nuestras comunidades, que han sido criminalizadas por los medios de comunicación”. Y es cierto. Ixchíu, que ha luchado por el autogobierno maya, cuenta que manifestaciones como la de 2012, con más de 80.000 indígenas que protestaban contra el gobierno de Pérez Molina, no tuvieron la repercusión mediática de las protestas urbanas de este mes. Además, el aparato de seguridad estatal ha amenazado y encarcelado a líderes indígenas como Rigoberto Juárez, durante todo el gobierno de Pérez Molina. De hecho, su primer acto de gobierno fue bajar la bandera maya que ondeaba, junto a la guatemalteca, en el Palacio de Gobierno. Pero como tantos guatemaltecos, Ixchíu asegura que nunca se ha sentido tan optimista. Por primera vez, ve una posibilidad de cambio real.