La polémica apertura a la minería de una valiosa reserva natural de Brasil

El área es mayor que Dinamarca, está en la Amazonía y era una reserva nacional desde 1984.

Su apertura a la minería ahora enfrenta al gobierno de Brasil con ambientalistas y opositores.

Todo por un decreto del presidente brasileño, Michel Temer, que en la práctica extingue la Reserva Nacional de Cobre y Asociados (Renca), ubicada entre los estados norteños de Amapá y Pará.

Se estima que la reserva contiene grandes cantidades de oro, níquel y otros minerales, además del cobre que le dio su nombre.

El gobierno argumenta que su decisión intenta atraer inversiones y afirma que serán preservadas áreas protegidas y reservas indígenas.

Sin embargo, un senador de la zona lo ve como"el peor ataque a la Amazonía en casi medio siglo"y especialistas afirman que el impacto será grande.

"No podía tener una noticia peor", dijo Antonio Donato Nobre, un experto en la Amazonía del instituto brasileño de investigaciones espaciales INPE.

"Básicamente se está abriendo un área prístina para la destrucción final", agregó Nobre en diálogo con BBC Mundo. "Va a afectar toda la cuenca amazónica y el continente sudamericano".

"Generación de riquezas"

La reserva de Renca abarca 46.450 kilómetros cuadrados y fue creada durante el régimen militar brasileño, que pretendía explotar los depósitos de cobre pero nunca llegó a hacerlo.

El área incorporó límites para conservar espacios naturales y tierras indígenas.

Pero Brasil vive actualmente su peor crisis económica de los últimos tiempos y el gobierno indicó que la extinción de la reserva busca estimular la actividad en la zona a través de la minería, que contribuye al 4% del PIB del país.

"El objetivo de la medida es atraer nuevas inversiones, con generación de riquezas para el país y de empleo y renta para la sociedad, siempre en base a los preceptos de la sustentabilidad", afirmó el ministerio brasileño de Minas y Energía en un comunicado.

En el sostiene que el decreto podría contribuir al combate de la explotación ilegal de minerales en la zona.

El gobierno también aseguró que se mantendrá la legislación específica sobre la protección de vegetación nativa, aunque evitó precisar en qué parte de la reserva estaría habilitada la minería.

Elmer Prata Salomão, presidente del consejo consultivo de la Asociación Brasileña de Empresas de Investigación Mineral (ABPM), dijo que el cambio será "positivo".

En declaraciones al diario brasileño O Globo, Salomão sostuvo que la reserva se creó de forma inconsciente en un área que debe destinarse a la minería.

"Por el pescuezo"

Pero expertos temen que la riqueza mineral que atrae a empresas de diferentes países se ubique en las zonas de protección natural e indígena.

Varios recuerdan el desastre de muertes y destrucción ambiental que provocó una avalancha de lodo y desechos de mineral de hierro al romperse el dique de una empresa minera en el sureste de Brasil en 2015.

Nobre, el experto del INPE, sostuvo que "la minería infelizmente está asociada a grandes daños ambientales" y explicó que por la reserva de Renca pasan los denominados "ríos voladores" que contribuyen al ecosistema regional.

"Si destruyes la floresta en aquella región, interrumpes la correa transportadora que lleva humedad del Atlántico para adentro de la región amazónica", sostuvo. "Es lo mismo que tomar a una persona por el pescuezo".

Erika Berenguer, investigadora de la Universidad de Oxford, estimó que "el mayor impacto no será en el área de minería", sino a nivel indirecto.

"Habrá una afluencia de personas que llevará a más deforestación, más retirada de madera y más incendios", dijo Berenguer a BBC Brasil.

Políticos opositores brasileños también reaccionaron al decreto de Temer.

El senador Jorge Viana, del izquierdista Partido de los Trabajadores (PT), calificó el cambio como un "desastre" durante una sesión de la Cámara Alta.
Y el senador Randolfe Rodríguez, del partido Rede Sustentabilidad, dijo que el decreto es una "arbitrariedad absurda" ya que nadie fue consultado al respecto su estado de Amapá.

"Se trata del crimen más grave contra la selva amazónica desde 1970", afirmó.