Denuncias por crímenes en Venezuela están bajo la lupa en la OEA y la ONU

Se viven días claves para Venezuela. Mientras en República Dominicana líderes políticos de la oposición y el Gobierno de Maduro se reúnen para intentar sentar bases que reanuden el diálogo, en la Organización de Estados Americanos empezaron las audiencias que buscan determinar si existen bases que permitan denunciar a Venezuela ante la Corte Penal Internacional (CPI) por crímenes de lesa humanidad.

Como era de esperarse, la delegación venezolana fue invitada a participar pero no asistieron. Moreno Ocampo es el exfiscal de la CPI que conduce esta audiencia en su carácter de asesor especial del secretario general de la OEA, Luis Almagro, sobre Crímenes de Lesa Humanidad.

Por si fuera poco, el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos pidió este lunes una investigación internacional sobre el uso excesivo de la fuerza por las autoridades de Venezuela, estimando que puede tratarse de "crímenes contra la humanidad".

A propósito de lo que se discute en estos días sobre la crisis, SEMANA habló con Ezequiel Monsalve, coordinador del Foro Penal Venezolano, y con Rafael Uzcátegui director de Provea, una organización no gubernamental de derechos humanos.

Fotografía: Carlos Julio Martínez / SEMANA

SEMANA: ¿Cómo ven la nueva apuesta de crearle un caso internacional a Maduro, con la misión que le encarga la OEA al exfiscal de la CPI?

Rafael Uzcátegui: En el caso de las organizaciones de los derechos humanos creemos que lamentablemente al no tener institucionalidad dentro del país, tenemos que activar todos los mecanismos posibles a nivel internacional.

SEMANA: ¿Por qué cesaron las protestas?

Rafael Uzcátegui: Hay un agotamiento tras cuatro meses de protestas y 126 muertos. También mucha frustración porque la gente hizo un esfuerzo importante por estar en la calle para conseguir un cambio y el Gobierno logró imponer la Asamblea Constituyente fraudulenta. Aumentó el autoritarismo dentro de la gestión de Gobierno. También es un momento de mucho debate y conflicto dentro de los sectores democráticos para ver de quién fue la responsabilidad de que las propuestas no tuvieran una consecuencia positiva. Esto sucede dentro de los liderazgos políticos y de la gente con los liderazgos, hay rabia con los actores que generaron expectativas.

SEMANA: ¿Creen que las protestas se reanudarán?

Ezequiel Monsalve: A lo mejor estamos en un breve receso y no lo sabemos.

Rafael Uzcátegui: Las protestas no se van a acabar, la situación económica es tan difícil que eso va a seguir estimulando que la gente salga a demandar cambios en el gobierno por razones de supervivencia.

SEMANA: ¿Qué ha pasado con los detenidos en las protestas y los presos políticos?

Ezequiel Monsalve: Desde el gobierno de Chávez hasta ahora hay 645 presos políticos. Hay que tener en cuenta que hay un efecto que hemos denominado ‘puerta giratoria‘, muchos presos salen en distintas épocas y otros tantos ingresan, no es lo constante tener mucho tiempo a personas condenadas sino rotativos en las privativas de libertad.

SEMANA: Ahora que Luisa Ortega no está en la Fiscalía, ¿cómo van los procesos de los presos políticos?

Rafael Uzcátegui: El señor Tarek William Saab es garantía de impunidad para la Constituyente, creemos que era la segunda peor persona que se podía designar para ese cargo, la primera era Diosdado Cabello. Nosotros hemos difundido un comunicado suscrito 30 organizaciones de derechos humanos donde decimos que en Venezuela no hay Defendería del Pueblo ni hay Fiscalía que pueda velar por las personas que están presas. El Alto Comisionado de Naciones Unidas ha certificado que están siendo sometidas a tortura. Así que estamos pidiendo, como no tenemos instituciones, que algún organismo internacional o de naturaleza humanitaria pueda visitarlos. Saab tiene una parcialidad abierta con el gobierno de Maduro y una confrontación con las organizaciones de Derechos Humanos porque él siendo defensor fue disminuido de calificación por la ONU, que lo señaló como un defensor no independiente que no hablaba a partir de las víctimas. A partir de ese momento no recibe nuestros casos, no tenemos ningún tipo de atención.

Ezequiel Monsalve: Con Saab nosotros vimos una involución en el ejercicio de la acción penal. Con la antigua fiscal habían imputaciones acorde a los hechos que se registraban, si un manifestante era violento había una imputación que hacer ajustado a derecho. No había solicitudes de coerciones personales excesivas, por ejemplo medidas privativas de la libertad. El saldo de los presos políticos dependía en su mayoría del poder judicial, pero con Saab hay un carácter más represivo y acusativo del Ministerio Público. Saab como defensor del Pueblo defendía el uso de tribunales militares contra los civiles, algo que está prohibido en la Constitución en los estándares internacionales de DDHH.

SEMANA: ¿Saab todavía tiene influencia en la Defensoría del Pueblo?

Rafael Uzcátegui: Creemos que Saab conserva los dos cargos aunque formalmente quien ha asumido la defensoría es su mano derecha: Alfredo Ruiz. Es una persona que viene de la defensa de los derechos humanos, pero ha asumido todo el discurso de la criminalización de la protesta.

SEMANA: ¿Willy Arteaga, el violinista fue torturado? ¿Qué pasó con él?

Ezequiel Monsalve: El caso de Willy Arteaga lo llevamos nosotros. No solo fue víctima de tortura sino de trato cruel inhumano, cuando fue aprehendido recibió muchos golpes en su humanidad, perdió la audición en un oído, le quemaron el cabello y cuando fue presentado ante los tribunales no le permitieron el acceso a su abogado que era el director de Foro Penal, Alfredo Romero. Hoy se encuentra en libertad por una medida cautelar, él no está en libertad plena, están sometidos a una coerción personal. Desde el 1 de abril hasta el 1 de julio se presentaron 5.050 arrestos de manifestantes.

SEMANA: Cuando las protestas estaban en su punto más alto el gobierno de Maduro parecía tambalear, pero ahora que cesaron da la impresión desde afuera que se fortaleció...

Rafael Uzcátegui: Las protestas se hicieron de una manera tan masiva que el gobierno tuvo que sacrificar el último valor simbólico que le quedaba que era la Constitución de 1999. El último elemento que identificaba a Maduro con Hugo Chávez. A raíz de las protestas aumentó la división dentro del Gobierno. Con la Constituyente sí se logró una estabilidad a corto plazo, pero las protestas lograron que hubiera una mayor comprensión de la comunidad internacional de lo que estaba pasando.

SEMANA: En el periodo que estuvo Luisa Ortega en la Fiscalía sin ser disidente, ¿cómo fue su gestión?

Rafael Uzcátegui: Yo dividiría su gestión en dos periodos, el primero desde el 2007 cuando fue designada hasta diciembre de 2015 porque ella legitimó las acciones del Estado para la violación de derechos humanos. Ella fue representante del Estado frente a Naciones Unidas y ella negaba las torturas, casos concretos como el de la juez María Lourdes Afiuni y además fue parte de la campaña de criminalización contra la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, paradójicamente a la cual ahora pide protección. En ese momento nuestra relación con el Ministerio Público era casi nula. Hay estadísticas que demuestran que el 90 por ciento de las denuncias no tenían ningún tipo de respuesta.

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SEMANA: ¿Cuál fue el segundo periodo, el quiebre?

Rafael Uzcátegui: Llega diciembre de 2015, cuando fueron las elecciones de la Asamblea Nacional y por primera vez el chavismo fue minoría. Ese tipo de cosas hacen que una persona como la fiscal, que está ideológicamente formada, se dé cuenta que el proyecto político por el que ella apostó ya no está y que además ya no tenía el apoyo de amplios sectores populares. Ortega comenzó una actuación diferente, en el Ministerio Público nos atendían y dejaban de imputar a personas que eran detenidas por participar en una protesta. Empezamos a tener relación directa con ella.

Ortega nos dijo que el quiebre en materia de DDHH cuando comenzó el Operativo de Liberación del Pueblo que eran redadas policiales indiscriminadas contra los sectores populares, algo que el chavismo siempre dijo que no iba a hacer.

SEMANA: ¿Qué hizo a Ortega separarse del madurismo?

Rafael Uzcátegui: Creo que hay razones personales, ella tiene una confrontación con algunas personas que tienen un peso muy importante dentro del Ejecutivo. Ortega tenía una relación muy cercana con Chávez y no es la misma que tiene ahora con los demás. Entonces cuando comienzas a alejarte del cerco comunicacional del Gobierno, si eres parte de él, ves los otros matices de situaciones que pensabas que eran mentira. Cuando comienzan a ser víctimas de persecución se dan cuenta que muchas de las denuncias que antes creían un invento eran verdad.

SEMANA: ¿Qué está pasando dentro del chavismo?

Rafael Uzcátegui: Uno de los objetivos de las protestas era interpelar a ese sector dentro del gobierno que no estaba de acuerdo con lo que estaba pasando. Nosotros lo llamamos el chavismo democrático, ellos se hacen llamar el chavismo crítico u original. Ese sector, que incluso algunas encuestadoras dicen que es la mitad del movimiento, el 50 por ciento se identifican con Chávez y el otro 50 por ciento con Maduro. Cuando uno habla en privado con muchos funcionarios hay descontento, pero no han querido expresarse públicamente. El gobierno está en una estrategia que se llama la contención de daño, ellos saben que hay debilidad a nivel interno.

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SEMANA: ¿Los procesos que se llevaban en la Fiscalía pueden ser destruidos?

Ezequiel Monsalve: Creo que hay un gran riesgo de que eso ocurra, el Ministerio Público en Venezuela representa la titularidad de la acción penal, es el que investiga, el que ordena a los órganos auxiliares que en este caso son la Policía Científica, las Fuerzas Armadas. Esta denuncia tiene asidero porque en la Fiscalía reposan las pruebas no solo de delitos de corrupción sino evidencias de delitos contra derechos fundamentales. El sistema de justicia venezolano es uno de los menos autónomos del mundo, como abogado litigante he observado cómo las decisiones en sala se dan a través de una llamada telefónica del tribunal o del gobernador.

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SEMANA: ¿La oposición está dividida?

Rafael Uzcátegui: Nosotros le pedimos al liderazgo político que tuviera transparencia a cuál va a ser la estrategia que se va a desarrollar en este nuevo escenario de la Constituyente. Nosotros como organización de derechos humanos defendemos el derecho al voto, y ahorita el conflicto que hay es cómo obtener garantías de elecciones transparentes. Este es un momento de conflicto, de crisis de la oposición, la dictadura se ha consolidado. En estos momentos los actores políticos se han sentado a analizar qué fue lo que falló, hay una autocrítica. La decisión de ir o no a elecciónes no se puede tomar con un Periscope o enviando cuatro tuits, sino con la gente que estuvo en la calle cuatro meses. Un movimiento democrático se construye democraticamente.