ONU: China tiene un millón de uigures en centros de adoctrinamiento

La semana pasada, en una reunión de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Ginebra, un grupo de defensores de Derechos Humanos presentó un informe en el que aseguran que el gobierno de Xi Jinping tiene cientos de centros de retención masiva para la población Uigur, una minoría étnica musulmana.

Los centros forman parte de una política de adoctrinamiento, en la cual el gobierno somete a los uigures a retenciones forzadas y a procesos de reeducación sin juicios previos. La excusa del gobierno chino para las detenciones, según el informe, son los constantes ataques terroristas de grupos de uigures independentistas en Xinjiang, territorio en el cual habita la mayoría de ellos.

Según Gay McDougall, miembro de la delegación de la ONU para la Eliminación de la Discriminación Racial, hay “numerosos y creíbles informes que acusan a China de haber transformado la región autónoma uigur en algo que se parece más a un campo de internamiento, una especie de zona sin derechos, en nombre de la lucha contra el extremismo religioso y del mantenimiento de la estabilidad social”.

Todo parece indicar que el proyecto empezó hace dos años, fecha en que se trasladó a Xinjiang al secretario del Partido Comunista Chino, Chen Quanguo, quien implementó una política de mano dura en Tíbet entre 2011 y 2016 mientras se desempeñaba como secretario en esa región. La misión de Xi para su secretario en Xinjiang fue clara: acabar el extremismo islámico.

El plan de erradicación del extremismo es, al mismo tiempo, un esfuerzo del gobierno central chino por eliminar las minorías y las diferencias. En las últimas décadas en China, los dirigentes de la etnia Han, que conforma el 92 por ciento de la población del país, construyeron un proyecto de homogeneización en los territorios de mayorías uigur y tibetana. Pero la discriminación nunca llegó al punto en el que parece estar hoy: los campos de adoctrinamiento, de existir, son en esencia una política xenófoba que viola los derechos humanos.

La información aún no fue corroborada. Las dificultades que impone el gobierno chino para la entrada de periodistas a la región se combina con el poco interés de la comunidad internacional sobre la situación de la minoría étnica. Pero no es la primera vez que se denuncia el trato xenófobo e injustificado: Human Wright Watch (HRW) y Amnistía Internacional ya habían advertido el año anterior sobre los campos de reeducación forzada.

La respuesta china

Frente a la delicada situación, el gobierno chino, por medio de su enviado en Ginebra, Hu Liange, aseguró que en su país “no hay una represión de minorías étnicas o transgresiones a su libertad religiosa sino medidas una serie de medidas contrarrestar el terrorismo”, pero advirtió que “aquellos que son engañados por el extremismo religioso (...) serán ayudados a través de la reubicación y educación”.

La duda reside en qué entiende el gobierno chino por “ayudar a reubicar y educar”. Varios analistas los definieron como los “gulags” del siglo XXI. Sean como sean, la existencia de centros de internamiento forzado refleja la excluyente e injusta situación de los Uigures en China. Y, más que todo, la cifra de un millón de personas debería ser una causa suficiente para que la atención del mundo, por fin, se concentre en la situación de esta minoría que sufrió en los últimos años una política estatal de exclusión y, por momentos, de eliminación.