El Gobierno de Guatemala tambalea tras escándalo presidencial

El mandato de Otto Pérez Molina, presidente de Guatemala, recibió el viernes una estocada que podría ser mortal. Tras ser insistentemente señalado de ser el líder de una organizada estructura de corrupción dentro del ente recaudador de impuestos, que defraudó al Estado millones de dólares, más de 4.000 ciudadanos se congregaron para manifestar el rechazo a su gobierno.

Pérez Molina vivió el viernes su peor día en el cargo desde que tomó posesión el 14 de enero de 2012 junto a la vicepresidenta, Roxana Baldetti, quien está arrestada en un hospital privado como supuesta cómplice del mandatario y de otras 27 personas de la red criminal.

Desde temprano en la mañana el día empezó mal para el exmilitar, quien entregaba alimentos a una comunidad en el este del país mientras en la Ciudad de Guatemala nueve fiscales del Ministerio Público y siete policías ingresaban a la habitación 404 del hospital privado Centro Médico para arrestar a Baldetti.

Al filo del mediodía, el Ministerio Público y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), un ente creado por la Organización de Naciones Unidas (ONU) en 2007 para investigar estructuras clandestinas dentro el Estado, convocaban a una rueda de prensa para informar sobre la red criminal bautizada como "La Línea".

"Tenemos que decirlo, muy lamentablemente, pero al frente de la estructura está el señor presidente de la República, Otto Pérez Molina, y la señora vicepresidenta en aquel entonces, Ingrid Roxana Baldetti", aseguró el abogado colombiano Iván Velásquez, comisionado de la CICIG.

Por la tarde, minutos antes del anochecer, el panorama era menos alentador para Pérez Molina.

En el sur del la capital del país, la poderosa cúpula empresarial del país, que ostenta uno de los bastones de mando de la nación, le pedía la renuncia inmediata al mandatario, tal y como sucedió con Baldetti, quien dimitió el 8 de mayo, tres semanas después de que el MP y la CICIG desarticularan los mandos medios de "La Línea" e implicaran a su secretario privado, Juan Carlos Monzón Rojas, hoy prófugo de la Justicia.

La exigencia de la patronal, que tachó como "impresentable" al Gobierno, llegaba casi a la misma hora en que Baldetti era trasladada al cuartel militar Matamoros, donde hay celdas habilitadas para personas implicadas en casos de alto impacto y donde pasará recluida al menos tres noches, hasta que preste declaración el próximo lunes.

Las autoridades utilizaron un vehículo no identificado y una salida alterna del hospital privado para evadir a docenas de periodistas, pero no pudieron evitarlos en un accidentado acceso al cuartel militar, donde los policías utilizaron gas pimienta para alejar a los comunicadores.

Baldetti evitó las fotografías, recostada en las piernas de una agente policía en la parte posterior del vehículo, aún con el suero que le habían puesto en el hospital donde fue ingresada el viernes 14 de agosto por "dos infecciones y deshidratación", según confirmó su doctor personal, Estuardo Ligorría.

Los rumores sobre una posible rueda de prensa de Pérez Molina fueron desmentidos el mismo viernes por la tarde por el portavoz Presidencial, Jorge Ortega, aunque el mismo mandatario había advertido brevemente por la mañana que iba a "dar la cara".

"Tenemos que enfrentar la situación, vamos a dar la cara y luego nos vamos a pronunciar", apuntó en declaraciones a periodistas en el este del país.

El exmilitar se encuentra acorralado por los cargos en su contra e incluso la fiscal Thelma Aldana, jefa del Ministerio Público, advirtió que hay escuchas telefónicas donde el presidente se comunica con miembros de la estructura criminal. Algo inaudito hasta el momento.

Durante los últimos cuatro meses, cuando se empezó a desatar esta hecatombe política, Pérez Molina repitió una y otra vez que cumpliría su mandato como presidente hasta el 14 de enero de 2016, es decir, los cuatro años que establece la ley.

Pero la estocada del viernes podría ser mortal para su Administración, ya sea por su renuncia o por el posible retiro de la inmunidad, solicitado por el Ministerio Público a la Corte Suprema de Justicia, aunque este dependerá también del aval final del Congreso.

La CICIG y el Ministerio esperan, mientras tanto, la primera declaración del caso por parte de Baldetti, programada para el lunes, en lo que se anticipa como un largo proceso judicial.

Sus abogados tendrán que refutar las evidencias, que incluyen 88.920 escuchas telefónicas interceptadas del caso, 5.906 correos, 175.000 documentos, 650.000 folios, 22 empresas involucradas y varios cheques a su nombre encontrados en allanamientos.

"Si decimos que el '1' se refiere al presidente y la '2' a la exvicepresidenta, es porque tenemos evidencias más allá de las escuchas (telefónicas)", sentenció el comisionado Velásquez, seguro de que las pruebas no dejan lugar a dudas.

Y los embistes no cesaron este sábado. Además de marchas de la ciudadanía, que salen cada semana desde hace más de cuatro meses, dos de sus ministros anunciaron su renuncia: la titular de Educación, Cynthia del Águila, y el de Economía, Sergio de la Torre.

Ambos funcionarios, los únicos que quedaban desde que el presidente alcanzó el poder, aseguraron sentirse "traicionados y decepcionados". Ahora la pregunta es: ¿Conseguirá Pérez Molina recuperar el rumbo y llegar a tierra firme en un barco averiado y a la deriva?


Con información de EFE.