PESADILLA DE NUNCA ACABAR

A dos semanas de las elecciones presidenciales, el gobierno peruano enfrenta una grave crisis: 600 mil trabajadores estatales sostuvieron una huelga nacional por aumentos de salarios que duró 22 días. Belaúnde Terry concedió un incremento de 35 dólares que, definitivamente, no basta para una población que conoce desde hace cuatro años la peor crisis económica-social del país en toda su historia: hoy el Perú tiene más de un millón de desempleados, el 70% de la capacidad industrial instalada está ociosa, la deuda externa aumentó un 70%, alcanzando los 13.500 millones de dólares. Pero los trabajadores estatales al menos tienen sueldo. Alrededor del 40% de la población económicamente activa, (más de dos millones de personas en edad de trabajar) encuentra en la economía clandestina, que el gobierno llama "sector informal", la forma de subsistir. De los jubilados, que son un millón, sólo el 8% reciben pensión. Perú tiene 18 millones de habitantes. Seis millones viven en Lima. La mitad de ellos habitan en las 600 barriadas que existen en los conos sur y norte. Son tres millones de seres que viven en condiciones infrahumanas.
A este sombrío panorama, se suma la amenaza creciente de una guerra civil, de persistir la ceguera de la coalición oficialista AP-PPC (Acción Popular, Partido Popular Cristiano), desde hace 56 meses en el poder. Respondiendo con represión indiscriminada ante toda protesta popular, la dupleta no sólo ha empeorado notablemente las condiciones de vida de la gente, sino que viene restringiendo los derechos democráticos. El Perú, sometido a los intereses foráneos, resiste una militarizacion derechista que asemeja un terrorismo de Estado en varias zonas del país. La llamada "guerra sucia", es la respuesta del arquitecto Belaúnde Terry a la primera piedra lanzada por el grupo maoista Sendero Luminoso desde el 17 de mayo de 1980, cuando apareció en Chuschi, Ayacucho, mientras el pueblo peruano elegía presidente después de 17 años de gobiernos militares. El autoritarismo gubernamental optó por generalizar la intervención policial-militar. En manos del ejecutivo se ha concentrado la función le gislativa, han perdido valor el Parlamento y los derechos de la oposición. No sólo ejerce presión sobre el poder judicial e interfiere la administración de justicia, sino que cada vez más el ejecutivo anula el papel del ministerio público en la persecución de los delitos, en la defensa de los derechos humanos en el control de la constitucionalidad, valido de la corrupción judicial, la influencia política o el amedrentamiento.
Los medios de comunicación devueltos a sus antiguos dueños hacen uso de la libertad de expresión y prensa identificando a la izquierda legal con el terrorismo. Periodistas de la oposición son detenidos o amenazados, especialmente en Ayacucho. Las agencias de prensa internacionales son acusadas por el gobierno de "desprestigiar la imagen del país" y se les coloca trabas para la transmisión noticiosa al exterior. Dos casos graves de violación de derechos humanos en Perú, están relacionados con la libertad de prensa: el asesinato de ocho periodistas y guías en la comunidad indígena de Uchuraccay, Ayacucho, hace dos años, y la desaparición del corresponsal del diario de Lima La República, en este mismo departamento, desde agosto del año pasado. Ambos casos están sin resolver y es vox populi que seguirán impunes. A pesar de que la comisión nombrada por el gobierno y encomendada al escritor Mario Vargas Llosa, eximió de responsabilidad a las Fuerzas Armadas en el caso Uchuraccay, una foto que dio la vuelta al mundo, demostró a dos años del crimen la complicidad de los "sinchis" y de varios infantes de marina en ese crimen. La persecusión política incluye la requisa de libros y de estatutos sindicales. Ni la Iglesia se ha salvado. En 1981 cuando ella denunció la aplicación de torturas a un detenido político acusado de terrorismo, Belaúnde respondió cínicamente que "si querían canonizarlo, por él no habia ningún problema". Durante 1982 y 1983, varios equipos pastorales fueron detenidos y amenazados, especialmente en el sur andino. Los ataques contra religiosos, que desarrollan trabajos en sectores populares, ya cobraron una víctima. El mismo Cardenal del Perú fue blanco de acusaciones por parte del gobierno. Las campañas han llegado a institutos de investigación y promoción social los cuales han sido intervenidos, allanados y algunos de sus responsables detenidos, acusados de terrorismo.
El derecho de reunión se ha entorpecido. Las manifestaciones de protesta se consideran ilegales y son reprimidas brutalmente. Las garantías constitucionales se han suspendido varias veces y el estado de emergencia está declarado en 26 provincias de 6 departamentos. Toda movilización de trabajadores es subversiva para el gobierno. Falsas acusaciones, hostigamiento policial, persecusión masiva y detenciones arbitrarias son pan de cada día. Al amparo de un decreto de marzo de 1981, es terrorista quien tire una piedra en una manifestación pública, por lo que se le puede condenar a 25 años de prisión y miles de dólares en multa. El decreto, además, permite que un detenido esté 15 días en poder de la policía y sea trasladado a cualquier lugar del país, si es conveniente para la investigación. Algunos sectores políticos, incluyendo al presidente de la República, han lanzando una campaña para reimplantar la pena de muerte a fin de acabar con Sendero Luminoso y la creciente ola delincuencial.
Muchas denuncias demuestran que quienes tienen el control político-militar en las zonas de emergencia, fusilan ilegal o extralegalmente a los sospechosos de terrorismo. Pretenden así resquebrajar a Sendero. Con el arrasamiento de comunidades indígenas se intenta cortar las líneas de apoyo con que pudiera contar Sendero y crear bases de apoyo a las Fuerzas Armadas, lo que están logrando a través de organizaciones indígenas de tipo paramilitar llamadas "ronderos o montoneros". La tortura y el trato cruel contra detenidos inculpados de terrorismo es habitual, y mucho mayor al amparo del estado de emergencia vigente en determinados departamentos andinos del sur del país. Los habitantes de Ayacucho nunca imaginaron que su nombre en quechua "El rincón de los muertos" se tornaría en una realidad terrorífica. Poblada por 550 mil personas en un 70% indígenas, Ayacucho con 45 mil 500 kilómetros cuadrados en los cuales los gobiernos entre 1968 y 1980 invirtieron un total de 0.6% del presupuesto nacional. Con un promedio de vida de 45 años, un 70% de analfabetismo y una alimentación de 420 calorías diarias (la mitad de lo que necesita un ser humano para sobrevivir) en ese departamento surgió Sendero Luminoso, luego de un trabajo político de años bajo responsabilidad de su ideologo Abimael Guzmán, "camarada Gonzalo", un ex profesor universitario de filosofía en Ayacucho. Pero lo que apuntaba a ser un canal de expresión de la desesperación y postración secular indígena, quedó entrapado por los métodos violentos e indiscriminados de Sendero.
Ante la respuesta violenta del gobierno los indios han decidido estar con el más fuerte y la represalia de un Sendero que se repliega, es aun más equivocada. Desde enero de 1982 cada cinco horas muere violentamente una persona en la zona ayacuchana, según el informe de una comisión del Movimiento Internacional de Juristas Católicos con sede en Bruselas. De mayo de 1980, fecha en que aparece Sendero Luminoso, a la fecha, han muerto más de seis mil personas entre militares, guerrilleros y quienes están en medio de los dos fuegos: los indígenas. El gobierno admite más de 4.500 muertes: más de dos mil son supuestos guerrilleros. A Sendero le atribuye 1.200 muertes. Desde fines de 1982, cuando Belaúnde decreta el estado de emergencia y los militares toman control de Ayacucho, aparece el fenómeno de la detención-desaparición. Fuerzas del orden con traje de civil o uniformados con capucha, capturan y detienen a los sospechosos por delitos políticos y los conducen a lugares que no son centros de reclusión legal. El objetivo es no reconocer oficialmente la detención, lo que a su vez posibilita la tortura y la ejecución extrajudicial. En los primeros meses de 1984, el entonces fiscal de Ayacucho reibió 1.500 denuncias de detenciones-desapariciones. Amnistía Internacional, en su informe de enero de este año, reconoce la existencia de 1.005 desaparecidos en Perú. Dentro del país, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CONADEH), la Asociación pro-Derechos Humanos (APRODEH) y, un grupo de parlamentarios, reconocen la existencia de 1.500 desaparecidos, que ya se les da por muertos. Visitar Ayacucho es tropezarse a diario con cadáveres regados a pocos kilómetros de la ciudad y presenciar el drama de familiares que recogen lo que los perros y alimañas han dejado de sus seres queridos. Es enterarse de que muchos de estos cadáveres eran de personas detenidas por las "fuerzas del orden" en continuas batidas públicas o, en incursiones siempre acompañadas de atropellos y hasta de asesinatos. En agosto del año pasado, el mes más violento del año, se reportó en Huamanguilla la aparición de varios cadáveres de campesinos indígenas que fueron detenidos por militares y se daban por desaparecidos. Días más tarde, se anunció el descubrimiento de 7 fosas comunes en Pucayacu, en las que se hallaron 50 cadáveres de jóvenes. Este año, entre el 16 y 17 de enero, aparecieron otras dos fosas comunes en Ayacucho, una a dos kilómetros de Huanta, con 29 cadáveres desnudos, maniatados, con los ojos vendados con trapos y acribillados. La otra en Huamanguilla, con 11 cadáveres de niños y adultos calcinados.
A pesar de este diario panorama de tragedia colectiva, de abandono institucional y de impunidad estatal, el gobierno de Belaúnde niega las desapariciones. Ante la denuncia nacional e internacional él ha respondido reclamando ser "víctima" de una "conspiracion extranjera", y ha denigrado de Amnistía Internacional, cuyo informe, según sus propias declaraciones, fue arrojado al tacho de la basura. Postergó además para después de la visita del Papa y de las elecciones del 14 de abril, la presencia del grupo de trabajo de Naciones Unidas sobre derechos humanos. Mientras tanto, en ese organismo sus voceros oficiales hacen chistes sobre los desaparecidos. Han declarado que el único desaparecido es Abimael Guzmán, y que la mayoría de ayacuchanos son muy enamorados, "por eso se hacen humo". A casi 5 años del inicio del gobierno de Belaúnde Terry y del surgimiento del grupo senderista, el Perú parece encaminarse a un punto de no retorno en cuanto a violencia generalizada. Los actores en escena parecen haberse puesto de acuerdo para seguir un cierto libreto de García Márquez: todos saben lo que no deben hacer para llegar al fatidico desenlace y, sin embargo, todos hacen precisamente eso.