Dominicana despenaliza el aborto terapéutico

El presidente dominicano, Danilo Medina, promulgó el viernes un nuevo código penal que despenaliza el aborto en los casos en que la vida de la madre esté en peligro debido a complicaciones del embarazo.

La ley, cuyo debate y aprobación generaron protestas de las iglesias Católica y Evangélica, entrará en vigencia un año después de que sea publicada en el periódico oficial, informó en conferencia de prensa Roberto Rodríguez, vocero de la presidencia.

El nuevo código también establece que serán despenalizados los abortos que se realicen cuando el embarazo fuera resultado de una violación o cuando el embrión presente malformaciones incompatibles con la vida. Pero esos casos serán regulados por una ley que aún no ha sido redactada.

"Eso no se ha tratado todavía, no tengo ninguna información que ofrecerles sobre ese asunto", indicó Rodríguez al ser consultado sobre la ley que regulará los abortos en casos de violación o malformación del feto. Según el nuevo código penal, dicha ley deberá será presentada en la legislatura que comienza el 27 de febrero del 2015.

La despenalización del aborto terapéutico, como se denomina a la interrupción del embarazo por complicaciones médicas, fue aprobada después de que Medina vetó a fines de noviembre el código penal que ya había sido aprobado, tras 17 años de discusiones, por la Cámara de Diputados y el Senado.

El código vetado aumentaba de tres a 10 años la pena de cárcel para las mujeres que se sometieran a un aborto y a los médicos que las asistieran.

En sus observaciones a la ley, Medina pidió que se especificara con claridad las excepciones en las que los abortos no serían tipificados como crímenes y sugirió que quedaran despenalizadas las interrupciones del embarazo cuando la vida la madre estuviera en riesgo, hubiese sido violada o el embrión tuviera malformaciones graves.

La aprobación de las modificaciones generó la oposición de grupos religiosos. "Rechazamos enérgicamente toda concesión a cualquier tipo de aborto", dijo el jueves en un comunicado la Conferencia del Episcopado, que había convocado a los feligreses a protestar en las calles en contra de la eventual legalización del aborto.

Organizaciones de Derechos Humanos, de médicos y grupos feministas saludaron la aprobación de la pieza, pero manifestaron su preocupación ante el hecho de que la Cámara de Diputados haya postergado y condicionado a una ley aún inexistente la despenalización del aborto en casos de violación y cuando los embriones presentan malformaciones graves.

Pedro Sing, presidente del gremio médico, insistió que los diputados debieron incluir la despenalización del aborto en esos casos sin condicionarla a otra ley. Detalló que los galenos estarán pendientes de la redacción y aprobación de dicha legislación.

Varios legisladores y dirigentes políticos adelantaron que presentarán un recurso para declarar inconstitucional el nuevo código penal, ya que las modificaciones sugeridas por Medina no fueron analizadas y ratificadas por el Senado.

"El nuevo texto legal es nulo, sin entrar en ningún otro análisis, por el sólo hecho de no haber sido conocido por ambas cámaras", aseguró el viernes Vinicio Castillo Semán, diputado por el partido Fuerza Nacional Progresista, aliado del gobierno.

Abel Martínez, presidente de la Cámara de Diputados, insistió en que dichas observaciones no requerían la aprobación de los senadores. La constitución no es clara en cuanto a los mecanismos para aprobar observaciones del Ejecutivo a una ley recién creada.

La nueva pieza mantiene en tres años prisión la pena máxima para las mujeres que por su simple decisión se practiquen un aborto y aumenta la pena a 10 años de cárcel al personal médico que las asista.

Según datos de organizaciones de salud y de Derechos Humanos, cerca de 85.000 abortos se practican cada año en el país centroamericano de forma clandestina, mientras que unas 15.000 mujeres llegan en estado grave a los hospitales públicos por esta misma causa.