Venezuela: El salto atrás

La sonrisa de Nicolás Maduro lo indica todo. Se siente fortalecido y su partido, el PSUV, también. Haber ganado 18 de 23 Gobernaciones en disputa el domingo 15 de octubre, pintar el mapa de rojo, confirmarse como la primera opción electoral en el país puede lucir definitivo para un régimen que continúa blandiendo los argumentos de la “guerra económica” y los desmadres “inducidos” de las finanzas nacionales.

Pero es una mayoría de oropel, basada en buena parte en mentiras estructuradas desde el alto gobierno. Las elecciones de gobernadores no se definieron solo el domingo, también en julio pasado, y antes en abril, y con distintos eventos a lo largo de una década, con la complicidad involuntaria del propio liderazgo opositor y al desánimo de quienes adversan al chavismo.

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Uno de los casos emblemáticos es el estado Miranda, asumido por el chavismo como “joya de la corona”. Allí gobernaba Henrique Capriles, el líder mejor valorado de la oposición, inhabilitado por el gobierno en abril. Su sucesora habría sido Adriana D’Elia, fiel colaboradora y diputada electa en 2015 por la región de Guarenas. Pero ella también resultó inhabilitada el 3 de agosto, cinco días antes del cierre de inscripciones. Lo mismo ocurrió en Aragua y Amazonas: el gobierno ‘escogió’ su adversario.

Además, el CNE cambió la fecha del proceso, no publicó a tiempo el cronograma, permitió la anulación de la tarjeta electoral de la Unidad –el instrumento capaz de ganarle a la del PSUV como en 2013 y 2015–, se subordinó a la inconstitucional Asamblea Constituyente y no atendió los reclamos de los partidos opositores.

Después, la autoridad reubicó centros de votación. Envió a los electores de clase media a barrios peligrosos, y ninguno tuvo información clara. La técnica, conocida como ‘ratón loco’, llegó por recomendación de asesores enviados por el presidente Daniel Ortega de Nicaragua. Afectó a un total de 700.000 electores en el país y, en el caso de Miranda, a 120.000, 11 por ciento del padrón. El candidato oficialista ganó por 6 puntos porcentuales.

El gobierno, según informes de la Mesa de la Unidad, pero también de ONG como el Observatorio Electoral Venezolano, compró testigos, expulsó veedores, chantajeó con la entrega de bolsas de comida, obligó a votar por los oficialistas y hasta amenazó a los electores con excluirlos de programas sociales.

Todo ello, sin contar la ayuda del aparato del Estado y hasta de los militares para movilizar electores, mantener las mesas abiertas más allá del plazo y permitir la trampa. En Miranda, por ejemplo, centros electorales sin testigos opositores registraron votaciones inéditas para el chavismo: mesas donde Héctor Rodríguez duplicó la mejor votación de Chávez y logró hasta el 92 por ciento, con una abstención de solo 10 por ciento, nunca antes vista.

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En Bolívar, donde la oposición tiene pruebas, al totalizar le sumaron al candidato del oficialismo más de 2.000 votos y le ‘desaparecieron’ al opositor Andrés Velásquez algunos cientos hasta generar la diferencia de 0,2 por ciento, con el cual proclamaron al ganador. Las actas de cada máquina electoral demostrarían el robo.

Y encima de todo, el gobierno eliminó la observación internacional. El Consejo Nacional Electoral optó por la figura de los ‘acompañantes’, que arriban al país un par de días antes de las votaciones y se retiran poco después. Sus informes no son vinculantes, y las propias autoridades los avalan antes de publicarlos.

Al matadero

Los opositores sabían que esa había sido la tónica por una década. Por eso, la dirigencia se dividió. La Mesa de la Unidad Democrática acudió al llamado electoral y mantuvo siempre que el sistema no era invencible, y que podía repetir el ejemplo de las parlamentarias de hace dos años. Pero el país ya era otro.

Los 4 meses de protestas, que dejaron más de 120 muertos, centenares de heridos y miles de encarcelados, sin que hubieran conseguido una salida democrática, imprimieron su huella. La Asamblea Nacional perdió sus funciones, reducida a ser caja de resonancia de discursos y denuncias, y la Asamblea Constituyente quedó instalada y funcionando, como máxima instancia de esta nueva dictadura.

Pero además, el liderazgo opositor entró en contradicciones. Freddy Guevara, la cara más visible de las convocatorias a la calle, ya había afirmado en julio: “Quién se va a imaginar que con esa Constituyente aquí habrá elecciones limpias”. Otros voceros abjuraban hasta del diálogo con el gobierno, pero luego abrieron conversaciones en República Dominicana. Otros más se deslindaron de la MUD y llamaron abiertamente a la abstención. Un enredo total.

La consecuencia estuvo en los resultados. Un sistema tramposo encontró vía libre cuando los electores de la oposición no acudieron a votar. En Miranda, caso emblemático, solo 4 de los 21 municipios de la entidad, los del voto opositor más duro, tuvieron casi 140.000 abstenciones con respecto a la votación disidente de 2015. El chavismo se alzó en todo el estado con 86.000 votos.

Lo mismo ocurrió en otras regiones: Carabobo, Aragua, Vargas, Monagas. Incluso en aquellos territorios donde la MUD fue mayoría, las brechas fueron mínimas: no más de 5 por ciento cuando las encuestas predecían brechas de hasta 15 puntos.

La oposición perdió más de 2 millones de votos con respecto a 2 años atrás. Y si bien tuvieron impacto la emigración masiva y hasta los homicidios que acabaron con la vida de unas 50.000 personas en ese tiempo, el desánimo político le refrendó el poder a quienes lo han detentado desde hace casi dos décadas. No se quebró el sistema, pues la estrategia estaba equivocada. No animaron al elector, pues las explicaciones no fueron las correctas, donde el “defender espacios” se quedó corto.

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No es gratuito que el secretario general de la OEA, Luis Almagro, haya espetado: “Es muy claro que cualquier fuerza política que acepta ir a una elección sin garantías se transforma en instrumento esencial del eventual fraude”. El uruguayo clamó por entender la lección, tanto en la dirigencia política venezolana como en la comunidad internacional que reclamó a disidentes acudir a todos los escenarios electorales, según Henry Ramos Allup, el jefe del partido Acción Democrática que se quedó con 4 de los 5 gobernadores opositores electos.

Ahora el reto es mayor. El chavismo controla 18 de 23 Gobernaciones y está ‘relegitimado’ a lo interno, aunque fuera del país la comunidad internacional levante la ceja: Costa Rica ya denunció fraude, Colombia exigió elecciones generales limpias, el Grupo de Lima exigió auditorías independientes y profundas, como Estados Unidos y la Unión Europea. Las sanciones de esta última siguen siendo una opción no descartada.

Pero no basta. Si la presión foránea aplica el ‘ayúdate que yo te ayudaré’, el liderazgo opositor tiene un reto más grande: reunificarse y trazar una estrategia común, si quiere hacerlo –hay partidos que hacen cálculos individuales–. Y no será tarea fácil. El varapalo del 15 de octubre pudiera redefinir los balances de poder dentro de la Unidad e incluso hacer ‘rodar cabezas’ en el liderazgo. Mantenerse en la ruta electoral también será una decisión difícil de tomar en conjunto.

Mientras tanto, el chavismo avanza al obligar a los elegidos a juramentarse ante la Constituyente. Los antichavistas han decidido no hacerlo, por ahora, y quizá no los dejen asumir los cargos. Además, los salientes transfirieron dependencias y competencias al gobierno central antes de que los opositores puedan asumir; el Ministerio de Interior ya intervino las Policías regionales de esos cinco estados; y el gobierno podría convocar nuevas elecciones, ahora de alcaldes, para diciembre y aprovechar el nuevo despecho opositor. “Sacaremos el 90 por ciento”, ya previó Maduro. Si lo cumple, América Latina estaría viendo el surgir de un nuevo Sadam Huseín, único que solía ganar con esos márgenes en la historia reciente.