Faltaban cuatro horas para quedarse sin aire, pero Estados Unidos volvió a respirar. Ocurrió la tarde del miércoles pasado, mientras todos los norteamericanos y el mundo entero observaban cómo se acercaba, segundo a segundo, la medianoche, momento en el cual el país iba a entrar en suspensión de pagos por primera vez en su historia y se iba a llevar por delante la economía internacional.
La debacle no se produjo porque el Senado y la Cámara de Representantes, luego de mil batallas, aprobaron a las volandas una ley por la cual Estados Unidos pudo reabrir parte de su gobierno y aumentar el techo de la deuda para seguir pagando las cuentas. “Fue como si un carro a 180 kilómetros por hora, con 310 millones de estadounidenses y la economía mundial adentro, hubiera frenado a un paso del abismo”, le dijo a SEMANA en Washington el exministro de Hacienda Juan Carlos Echeverry.
Pero recuperado el oxígeno, no hay que cantar victoria, pues el daño institucional está hecho. El origen del problema nació en la Cámara de Representantes, presidida por John Boehner y dominada por las mayorías de la oposición republicana, que a su vez incluyen a unos 40 miembros del extremista Tea Party (Partido del Té).
Este grupo, donde figuran personas con ideas tan radicales como que Barack Obama es un comunista extranjero, simpatizante del islamismo violento y que conspira contra la Casa Blanca, pretende quitarle el dinero a la reforma a la salud, principal legado del presidente y por la cual miles de estadounidenses que carecen de un seguro pueden adquirir uno con plata de los impuestos.
Por ese radicalismo la bancada republicana de la Cámara se negó el pasado 30 de septiembre a darle luz verde al presupuesto para pagar incluso los sueldos de 800.000 trabajadores y estuvo a punto el miércoles de no autorizar que el país incremente su posibilidad de pedir préstamos hasta por 16.700 billones de dólares para cancelar sus obligaciones financieras.
Si la disputa se resolvió esta semana con el voto de 81 de los 100 senadores y de 235 de los 435 representantes no fue solamente porque Obama se negó en redondo a renunciar a la reforma a la salud sino porque la comunidad internacional le exigió responsabilidad a Estados Unidos. “Era el mundo al revés. Nosotros los latinoamericanos pidiéndole seriedad a Washington”, advirtieron en esa ciudad los ministros de Hacienda de Chile y Colombia, Felipe Larraín y Mauricio Cárdenas.
El lío, sin embargo, es que las votaciones en el Congreso gringo dan ahora vía libre para que se pague el sueldo de los empleados oficiales hasta el 15 de enero y para que se suba el techo de la deuda hasta el 7 de febrero. De modo que, como le dijo a SEMANA el exembajador norteamericano ante la ONU y exprecandidato presidencial Bill Richardson, “lo que se ha logrado es patear la pelota adelante”, así que “en febrero habrá otra crisis”.
El problema institucional
Pero más allá de si esa crisis se produce o no, lo que emerge tras los ires y venires de los últimos días es el daño causado a las instituciones de la democracia más antigua del mundo. El propio Obama lo dejó claro el jueves en la Casa Blanca al referirse a los extremistas del Partido el Té, a quienes les hacen el juego cuando deciden ponerle palos en la rueda al gobierno.
“No era necesario que esto pasara. En esto no hay ganadores. Hay que dejarles de prestar atención a los ‘lobbystas’, a los blogueros, a los predicadores de radio y a los que disfrutan con el conflicto y centrarnos en aquello para lo que fuimos elegidos que es mejorar la economía, fortalecer a la clase media, educar a nuestros hijos y lograr un equilibrio fiscal”.
Y agregó que quienes quieren acabar definitivamente con el gobierno deben, en vez de hacerle zancadilla a la administración como en este caso, salir a votar en los comicios presidenciales e instalar a un nuevo inquilino en la Casa Blanca pero no destrozar lo que a Estados Unidos le tomó construir en 200 años.
El gran inconveniente no es solo que una minoría como el Partido del Té quiera destruir al gobierno: el gran inconveniente es que la organización estatal norteamericana le da herramientas. No se trata únicamente del llamado sistema de checks and balances (pesos y contrapesos), mediante el cual las ramas ejecutiva, legislativa y judicial del poder público se controlan entre sí. Se trata de que en Estados Unidos las minorías poseen derechos capaces de bloquear el eficaz funcionamiento del Estado, de suerte que, si caen en manos de irresponsables, agrietan la estabilidad institucional.
No es exagerado afirmar que eso ha ocurrido en este caso pero también conviene recordar que ha sucedido en otras oportunidades. Una de ellas fue mencionada ahora justamente por la revista The New Republic, uno de los bastiones del liberalismo en la capital norteamericana.
La publicación resaltó que algunos manifestantes del Tea Party que protestaban frente a la Casa Blanca en días pasados tenían una bandera de los Estados Confederados y esclavistas del sur que en el siglo XIX perdieron la Guerra Civil ante el norte abolicionista comandado por Abraham Lincoln. Y mencionó el nombre de una figura del siglo XIX inspiradora para los extremistas: James Calhoun, senador, secretario de Estado y de Guerra y vicepresidente bajo John Quincy Adams y Andrew Jackson.
Calhoun, graduado de la Universidad de Yale, fue el más vigoroso representante de la tesis de la nulidad, por lo cual un estado podía negarse a acatar una ley nacional. En otras palabras, como dice The New Republic, ese estado podía “resistir, ignorar o incluso eliminar y desconocer la voluntad de la mayoría”. Semejante doctrina no solo le valió a Calhoun ser considerado el padre del nacionalismo estadounidense y el mayor enemigo de Lincoln, sino que produjo un rechazo tal del sur a la abolición de la esclavitud, que desembocó en la Guerra Civil librada entre 1861 y 1865, que cobró la vida de 650.000 soldados. Una tragedia sin par en la historia norteamericana.
Ciento cincuenta años después, basados en esas teorías, los miembros del Partido del Té consideran que una minoría tiene todo el derecho de echar por tierra la reforma a la salud de Obama, aprobada por una ley que fue declarada constitucional por la Corte Suprema y para la cual hay una financiación proveniente de los impuestos.
No solo eso. Los integrantes de esa colectividad creen que si el gobierno y el Congreso no acceden a sus pretensiones, el Partido del Té tiene el derecho de paralizar la administración y frenar la economía.
Fue tal la crisis en la que sumieron al país la semana pasada, que hubo quienes pensaron que la solución para elevar el techo de la deuda era que el Departamento del Tesoro acuñara una moneda de un billón de dólares y la depositara en la Reserva Federal. Y si se pensó eso, que parece de locos, es porque en la política gringa hay un grupo que ha perdido el juicio y no le importa jugar con la estabilidad y el futuro del Estado. Y eso es inquietante.