Venezuela y la carta democrática: La OEA en la encrucijada

La Carta Democrática Interamericana, firmada en Lima el 11 de septiembre de 2001, constituye una respuesta a las preocupaciones generadas por los abusos cometidos por el gobierno de Alberto Fujimori durante la década del 90. Se trata por lo tanto del primer instrumento de la OEA diseñado específicamente para proteger el orden constitucional en los países del hemisferio no sólo de los peligros representados por los golpes militares sino también de las amenazas a la democracia provenientes de los propios gobiernos electos. En ese sentido, la Carta representa un notable paso adelante con respecto a la Resolución 1080, con la que la OEA había sellado diez años antes el compromiso de los países miembros con la defensa de la democracia tras la caída de las dictaduras militares. Como expresión de ese viraje, en el texto de la Carta se añadió, a la noción de “interrupción” o “ruptura” del orden constitucional (característica de escenarios de golpes de estado o autogolpes), la noción de “alteración” del orden constitucional (característica de escenarios de degradación de los principios democráticos).

Firmada apenas unas horas después de los ataques terroristas al World Trade Center, la Carta Democrática constituye una valiosa herramienta de actualización e interpretación de la carta fundacional de la OEA, según la expresión del diplomático colombiano Humberto de la Calle. En ella se definen los elementos esenciales que, a juicio de los gobiernos firmantes, configuran la democracia representativa. Entre estos elementos se incluyen el respeto a los derechos humanos, el respeto a las libertades fundamentales, el ejercicio del poder “con sujeción al estado de derecho” y la separación e independencia de los poderes públicos.

En el caso de violaciones graves a cualquiera de estos principios, la Carta prevé dos posibles escenarios. En el primero, se habilita a cualquiera de los estados miembros a solicitar la asistencia de la OEA cuando éstos consideren que el proceso político institucional democrático en sus países, o el ejercicio legítimo del poder, se encuentran seriamente amenazados. En el segundo escenario, se faculta directamente al Secretario General, o a cualquier estado miembro, a convocar con carácter de urgencia al Consejo Permanente cuando alguno de éstos considere que en cualquiera de los países del hemisferio se produjo “una alteración del orden constitucional que afecte gravemente el orden democrático”.

En todos los casos, “la normalización de la institucionalidad democrática” se promueve mediante gestiones diplomáticas, buenos oficios, facilitación y propuestas de diálogo. Sólo en los casos en que las medidas dispuestas hubieren fracasado, el Consejo podrá disponer, como último recurso, la suspensión del país afectado de la organización, previo voto afirmativo de las dos terceras partes de los países miembros.

Hasta el momento, la Carta Democrática sólo se aplicó en reacción a intentos de golpes de estado (como en los casos de Venezuela en 2002 y Honduras en 2009) o en respuesta a solicitudes de ayuda de los gobiernos (como en el caso de Nicaragua en 2005). De aprobarse la iniciativa de Almagro, esta sería la primera vez que la OEA aplica la Carta a uno de sus países miembros a solicitud del Secretario General.

El momento no podría ser mejor. La alianza sellada durante los últimos diez años entre los presidentes Hugo Chávez, Luiz Inácio Lula da Silva y Cristina Fernández de Kirchner desplazó a la OEA del escenario donde se discutían las crisis de los países sudamericanos en favor de organismos como la UNASUR. Almagro intenta ahora recuperar ese espacio, colocando nuevamente a la organización hemisférica en el centro de la escena.

La invitación a participar de la reunión del Consejo Permanente al presidente de la Asamblea Nacional venezolana, Henry Ramos Allup, por parte del Secretario General tiene igualmente un importante significado para el futuro de la OEA. Numerosas instituciones han exhortado en los últimos años a los organismos intergubernamentales como la OEA a incluir en sus debates las perspectivas de otras ramas o niveles del gobierno cuando existan denuncias de abuso de poder por parte del ejecutivo, de forma de superar la percepción del organismo como un club de presidentes cuya función es la de defenderse los unos a los otros. 

El logro de un acuerdo en torno a la crisis venezolana, sin embargo, no parece fácil. Almagro solicitó la reunión del Consejo Permanente para debatir la aplicación de los mecanismos previstos por la Carta Democrática en la crisis venezolana el 31 de mayo, detallando en un informe de 132 páginas lo que a su juicio constituyen graves violaciones a los principios democráticos enumerados en la Carta. El Consejo, sin embargo, a instancias de su presidente, el embajador argentino Juan Jose Arcuri, aprobó al día siguiente, en lo que se interpretó como una maniobra preventiva, una resolución apoyando las gestiones de diálogo auspiciadas por UNASUR, encabezadas por el ex jefe de gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero y los ex presidentes Leonel Fernández y Martín Torrijos, sin mencionar la solicitud de Almagro.

Con todo, en un giro positivo, el 15 de junio, durante la reunión anual de la Asamblea General, los ministros de relaciones exteriores de quince países suscribieron una declaración apoyando los esfuerzos de diálogo promovidos tanto por la OEA como por UNASUR, así como la reunión del Consejo solicitada por Almagro. Para aprobar la aplicación de la Carta, Almagro necesita del voto afirmativo de por lo menos 18 países, lo cual, al momento de publicación de este artículo, no lucía fácil. A pesar de estar debilitado, el régimen de Nicolás Maduro tiene todavía musculo: cuenta con el apoyo de los países miembros de ALBA y de algunos de los países miembros de PetroCaribe. En el camino hacia la aprobación de la solicitud de Almagro se interponen además la tradicional tendencia de la OEA a tomar decisiones por consenso y la clásica reticencia de los gobiernos latinoamericanos a intervenir en los que consideran “asuntos internos” de otro país.

Al margen de lo que suceda en la reunión del 23 de junio, el Secretario General ya ha alcanzado dos importantes objetivos. Por una parte, ha logrado poner en el centro del debate internacional la grave crisis humanitaria, económica y política que atraviesa Venezuela. Por otro, ha logrado conformar un frente internacional unido, compuesto por la OEA y UNASUR, para apoyar el proceso de diálogo en Venezuela, lo cual constituye, de hecho, el primer escalón previsto en la Carta para la solución de la crisis. Los desafíos, sin embargo, permanecen. Para que rinda frutos, dicho dialogo debe incluir los temas críticos del conflicto venezolano, tales como el resguardo del derecho de los ciudadanos venezolanos a solicitar un referendo revocatorio antes del vencimiento del plazo de enero de 2017, algo a lo que el gobierno de Maduro se ha negado en forma  terminante.

El tiempo apremia. La triple crisis venezolana se ahonda cada día, amenazando con seguir cobrando vidas. La activación de la Carta Democrática constituye una oportunidad invalorable para demostrar, en los hechos, que la OEA conserva su capacidad para actuar en defensa de los derechos humanos de los ciudadanos del hemisferio. Los ojos de los venezolanos, y de los latinoamericanos en general, están puestos en la OEA.     

Jennifer McCoy exdirectora del Departamento para Las Américas del Centro Carter. Actual Directora del Global Studies Institute, de la Georgia State University, Distinguished University Professor de esa casa de estudios.

Héctor Vanolli exfuncionario de la Organización de los Estados Americanos (OEA) en Washington DC. Fue además Representante Permanente del Centro Carter en Venezuela hasta 2015