Venezuela, ¿rumbo al comunismo?

La semana pasada, un gerente y un subgerente de un supermercado caraqueño terminaron en la cárcel por hacer su trabajo. En medio de la incertidumbre y la confusión creadas por las medidas del presidente Nicolás Maduro, ambos decidieron remarcar los productos con un aumento de hasta el 200 por ciento. Es que, apenas tres días después de imponer su paquetazo normativo, el gobernante dio rienda suelta a la etapa punitiva. “Me respetan el precio acordado. Ustedes me dicen quién viola los acuerdos para mandar el Sebin y meterlos presos”, dijo el miércoles para dejar en claro que no le temblaría la mano para darle su carcelazo a cualquiera que se saliera del libreto, sin importar que lo hiciera de mala fe o por simple ignorancia.

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Por supuesto, no fue el único caso: la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos (Sundde) comenzó un operativo de control a comerciantes en el país, con más de 2.689 inspecciones avanzadas hasta este jueves, y contando. El resultado, muchos encarcelados.

En el estado Lara 12 personas cayeron presas. En Táchira, fronteriza con Colombia, otro gerente de un hipermercado salió esposado del establecimiento. En la llanera Barinas, el turno le tocó a una farmacia. En Caracas, supuestamente el gobierno detectó aumentos por hasta 4.000 por ciento, según la institución que también supervisó los mercados populares de Guárico, Mérida y otras regiones de Venezuela.

Miguel Martín tiene un local de electrodomésticos en la capital y este jueves mantuvo sus puertas cerradas. “Yo estoy obligado a aumentar. El gobierno quiere que los salarios mínimos aumenten de 5 a 180 millones (1.800 soberanos), pero no dice cómo quiere que paguemos. ¿Si no aumento, cómo hago?”. Afortunadamente para él, no vende alimentos y no está en el foco de las inspecciones chavistas.

GABRIELA CIVILA

Encargada de la librería Coliseo

“Aquí estamos trabajando hasta que se venda lo que queda, pero no hay ni habrá mercancía nueva. Estamos saliendo de lo que queda con precios viejos porque el gobierno los mandó a bajar. Nos acusaron de vender unos combos de productos y los dueños decidieron no hacer más compras. Me imagino que nos van a dar un salario mínimo hasta que esto cierre en unas semanas más, no hay manera de recuperar este negocio porque nada se vende con ganancia. Lo que se vende supongo que será para pagarnos a nosotros. Igual ya nos inscribimos en el carnet de la patria para que el gobierno nos dé dinero. Quedamos dos personas nada más. Antes éramos siete”.

Para el economista y parlamentario opositor José Guerra, el asunto es incomprensible: “¿Quién entiende? Devalúan el bolívar en 2.400 por ciento. Aumentan los salarios en 6.000 por ciento. Incrementan el IVA de 12 a 16 por ciento y con todo ello no quieren que los precios suban”.

Consuelo Hernández administra una distribuidora de lácteos y afirma que trata de cumplir la lista de precios del gobierno, “pero yo no puedo trabajar a pérdida. Si mis proveedores aumentan, yo aumento”. Ahora, visto lo visto, vive presa del miedo. Mira con angustia a la calle, no sea que aparezcan los agentes del régimen a cerrarle el local o a llevársela presa. Para Guerra, ese temor es lógico. “El gobierno fijó el precio del pollo al consumidor, pero no el del alimento concentrado. Fijó el de la harina de maíz, pero no el precio del maíz y otras materias primas”, detalla.

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Aquiles Hopkins preside Fedeagro, el gremio que agrupa a los productores. No lo convocaron a las reuniones que hizo el Ejecutivo para “acordar” los precios, pues solo invitó a grandes cadenas de distribución. Por eso, pide atender el problema aguas arriba. “Trabajar con precios fijos en una economía hiperinflacionaria no tiene sentido”. Y agrega: “No sabemos en qué se basaron los análisis de las estructuras de costos”, y pone un ejemplo: “El precio de la carne en 90 bolívares soberanos apunta al precio del ganado en pie, pero no de la carne”. Aconseja al gobierno que para acordar un precio sano “tienes que incorporar a todos los actores de la cadena”; lo que el Ejecutivo se ha negado a hacer.

ÓSCAR MORELOS

Dueño de venta de comida: “Yo tengo 10 empleados y todos ganan salario mínimo de 5 millones. A partir de la semana que viene voy a tener que pagar el nuevo monto de 180 millones como ordenó el gobierno. Estamos echando números para saber cómo haremos. Esta semana subimos el precio de las empanadas, lo que más se vende. Pasaron de 1,8 millones a 2,5 millones, es decir que ahora se cobran en 25 bolívares soberanos con el cambio de moneda. Aquí los precios cambian cada 15 días. Yo llevo aquí tres años y antes esto vivía full, ahora ha bajado la cantidad de gente que viene a comer”.

Maduro afirmó que la propia comunidad hizo las denuncias que condujeron a la primera detención en Caracas de “especuladores”. Pero un empleado del local, que prefirió hablar sin identificarse, pone en duda esa versión. “Lo agarraron como un trofeo. Él no pone los precios, eso lo mandan porque es igual en todos los locales de la cadena”.

Tales encarcelamientos ‘ejemplares’ se han visto antes. En 2013 ocurrió el “Dakazo”, cuando el gobierno se tomó unas tiendas de electrónicos, bajó los precios a la fuerza y puso a sus gerentes en la cárcel. Desde 2014 y hasta 2017 otros han pasado lo mismo: la cadena Farmatodo, los supermercados Día a Día, la juguetera Kreisel, las bancarias Credicard y Banesco, por mencionar algunos. En todos los casos hubo acusaciones de “guerra económica” y conspiración.

Pero las acciones, su efecto paradigmático o el miedo posterior no detuvieron la crisis que vive el país desde hace cinco años. Al contrario, sirvieron para profundizar el problema de escasez. Consuelo Hernández sabe por qué: “Si yo creo que me van a meter presa por vender huevos por encima del precio anunciado, dejaré de venderlos. Pero no puedo venderlos por debajo, para perder dinero”. Así nace y se reproduce el desabastecimiento hasta de los bienes más elementales.

La primera semana de ajustes en Venezuela transcurrió lentamente. El gobierno multiplicó el salario mínimo por 35, fijó precios para 25 alimentos, anunció alzas en la gasolina, devaluó la moneda en 96 por ciento y ordenó entregar bonificaciones a los tenedores del carnet de la patria, una especie de certificado de lealtad con el régimen. Ya desde el 20 de agosto había introducido el bolívar ‘soberano’, resultado de quitarle cinco ceros al bolívar ‘fuerte’ del que se requerían varios millones para comprar un kilo de queso. Pero pocos días después las cosas no habían dejado de subir, al menos al doble de su precio anterior. Y con la retirada de cinco ceros (una cifra impar), el cálculo de las equivalencias se escapaba a la mayoría de la población. Solo se movían las agencias bancarias, donde el público acudía a retirar de los nuevos billetes para poder pagar, al menos, el transporte público.

ALBERT ZÁRRAGA
Tatuador: “Este negocio se mantiene por los costos de reposición. Todo se calcula a dólar. Entonces los precios se ajustan en bolívares para cubrir lo necesario en dólares, según el mercado negro. Usualmente venían unas cinco personas diarias y ahora vienen entre cinco y diez, pero en toda una semana y para hacerse cosas pequeñas. Yo no gano sueldo mínimo, sino más. Supongo que en septiembre cobraré el salario mínimo nuevo y nada más, pero en realidad no lo sé. No nos han dicho nada al respecto. Tampoco si van a pedir el subsidio del gobierno”.

De resto, la economía vive una suerte de parálisis. En el sector comercio hay más actividad. Las etiquetas muestran precios en decenas de bolívares y no en millones. Y aquellos productos que no han sido regulados han continuado su escalada, empujados por la hiperinflación que no amaina. Según la Asamblea Nacional, hasta julio de 2018, el acumulado del año ya alcanzaba 10.664,7 por ciento.

En la calle, Oliver Sucre teme por su trabajo, incluso se pregunta si antes de septiembre, cuando entra en vigencia su nuevo salario, la fábrica de piezas para motores donde trabaja decide cerrar sus puertas. “Nosotros ganamos más que el mínimo, así que no serían 180 millones, sino el triple. Pero yo no creo que el patrono pueda con eso”, lamenta. En efecto, todos los negocios que tienen en su estructura de costos nóminas elevadas, como las clínicas, las escuelas no oficiales o los propios bancos, van a tener enormes dificultades.

El gobierno prometió asumir el costo durante 90 días de la nómina de la pequeña y mediana industria, pero no ha explicado cómo. En nombre de los primeros, la patronal Fedecámaras dijo que “el aparato productivo está en grave riesgo de quiebra”. Un ejecutivo de una firma asesora aseguró que la inmensa mayoría de sus clientes, firmas medianas y pequeñas, quebrará por sus nuevas obligaciones laborales.

Aguas abajo la realidad es más preocupante. Carmela Ronco es la administradora de un edificio residencial en Caracas. Actualmente emplean a cinco personas: tres vigilantes, un jardinero y una más para limpieza de las áreas comunes. “Toda la nómina eran 180 millones, ahora eso habrá que pagarle a cada uno. Los propietarios no vamos a tener cómo soportar eso”, reclama. Y se pregunta cómo vivir sin ese personal en una ciudad tan insegura como Caracas.

Los responsables de la Asociación de Trabajadores por cuenta propia, Emprendedores y Microempresarios informales, que agrupa a expendedores de productos, taxistas, trabajadores domésticos y demás, ya no ocultan su angustia. No tienen quien les pague salario mínimo y no tienen ni idea de cómo fijar sus tarifas. “Este programa económico ignora que nosotros existimos, que no tenemos salario, que dependemos de lo que trabajamos cada día”, dice Alfredo Padilla, su presidente, al referirse a “personas desprotegidas, sin seguridad social y que ya suman unos 7 millones en el país”.

OMAR ADDEL
Comerciante de zapatos: “Tengo tres años con este local. Aquí había cuatro empleados y ahora solo queda una porque ellos cobran por comisión y las ventas se fueron a pique. Estamos vendiendo un par de zapatos diario, apenas. Todo aquí es importado y los precios se van ajustando con la devaluación. De hecho, ya no estamos abriendo algunos días de la semana porque no vale la pena. En este mercado hay muchos locales cerrados porque la situación los ha cerrado. A mí me da pena decir los precios porque casi nadie los puede pagar”.

El gobierno responde que cada quien puede sacar su carnet de la patria, el único instrumento que permite recibir beneficios sociales. Por esa vía, el régimen ha comenzado a pagar “bonos de reconversión” con transferencias bancarias de 600 bolívares soberanos a sus portadores. El ministro de Información, Jorge Rodríguez, detalló el viernes 24 que los trabajadores informales recibirán además un 40 por ciento del salario mínimo directamente a través de ese carnet (720 bolívares soberanos). Pero eso tiene un efecto perverso: poco a poco toda la economía dependerá del dinero que entregue el propio Estado.

Olga Granados es médica y tiene un consultorio privado en Caracas. Hasta ahora, distribuía sus ingresos calculando el costo de la consulta con base en precios del mercado. “Yo cobraba el equivalente a un cartón de huevos –36 unidades–, que cada semana tiene precio distinto. Así voy a la par”. Pero ya no sabe cuánto cobrar, no solo porque los huevos fueron regulados “y lo demás seguirá subiendo”, sino porque teme que todo se encarezca cuando los nuevos salarios mínimos impacten la economía real, entre en vigencia el nuevo precio de la gasolina aún no definido por el gobierno, y se concrete el alza del transporte público y demás servicios.

Por ello ha decidido no fijar citas, por ahora. “Esperaré más, pero no puede ser para siempre”. Aunque se negaba a sacar un carnet de la patria, al que consideraba una humillación, ahora lo piensa, pues recibir dinero ‘gratis’ puede ayudar. “Yo sé que el gobierno me quiere arrodillada y dependiente, pero no sé qué más hacer”. Según el gremio médico, 22.000 de sus afiliados han salido del país desde 2014.

Pero nadie dice qué va a pasar luego de esos 90 días, cuando lleguen las Navidades y los empleadores deban asumir la nómina completa junto con los demás costos de personal, como las primas, conocidas como los aguinaldos, equivalentes por ley a tres meses de sueldo.

Cuando anunció el plan económico, Maduro admitió haber financiado el déficit con dinero inorgánico y se comprometió a parar esa práctica inflacionaria. Pero para poder darle dinero en efectivo a tanta gente la máquina de impresión tendrá que seguir trabajando.

_{Ciudadanos que se resistían a sacar el carnet de la patria están haciéndolo porque no les queda otro recurso. Muchos comerciantes prefieren cerrar que seguir perdiendo plata. Y las calles parecen cada vez más vacías.}

Los venezolanos, entre tanto, se preguntan por qué tienen que pagar ellos los platos rotos, pues del lado del gobierno no se ve ninguna medida. “No se habla de reestructuración de gasto público, de disminuir el tamaño del Estado, de cómo parar el inmenso gasto fiscal que no muestra resultados”, reclama el economista Alejandro Grisanti. El plan de Maduro es llegar a “déficit cero”, cuando se calcula alcanzará a final de año -15 puntos de PIB, siguiendo una caída estrepitosa en un lustro. Por este camino, se avecina a finales de año una hiperinflación aún más desbocada –el FMI habló de 1 millón por ciento, pero ya hay cálculos independientes que hablan de 44 millones– y una profunda pérdida del poder adquisitivo.

Los analistas más pesimistas ven en todo este entramado una intención oculta: golpear de tal manera el sector privado que la única salida sea establecer un sistema de economía estatal centralizada, a imagen y semejanza del de Cuba. Esta tesis, justo cuando en la isla del Caribe dan pasos hacia establecer tímidamente una economía de mercado, nunca había parecido más anacrónica. Pero esas son las circunstancias que han llevado a que, según Naciones Unidas, en los últimos años hayan salido de Venezuela 2,3 millones de personas. Y contando.