Honduras, Guatemala y El Salvador, un triángulo de violencia

Cuando el esposo de María Claudia fue asesinado ella pidió asilo en la embajada del Salvador en Estados Unidos. Nunca le respondieron. Como su pareja era policía, las amenazas de muerte de bandas criminales comenzarón a atormantarla, no solo a ella, sus hijos también las recibieron.  Al poco tiempo abusaron de uno de sus hijo y la despojaron de sus bienes. Con el dinero que le quedó decidió cruzar la frontera. Sabía que se exponía a violación y secuestro, pero quizá podría salvar su vida y la de su familia. Por supuesto fue abusada y maltratada. Jamás llegó a cruzar la frontera.

Una historia tan trágica como la de María Claudia tendría que ser un caso aislado, sin embargo, es el pan de cada día de miles de personas que huyen del Triángulo Norte de Centroamérica (TNCA), conformado por Honduras, Guatemala y El Salvador.

Según el último informe de Médicos Sin Fronteras (MSF) “la violencia experimentada por la población del TNCA no es diferente de la que se vive en un país en guerra. Se asesina con impunidad, los secuestros y la extorsión son cotidianos, las bandas criminales propagan la inseguridad y reclutan por la fuerza a individuos para engrosar sus filas, y la violencia sexual se utiliza como una herramienta de intimidación y control”.

La encuesta aleatoria a 467 migrantes y refugiados que hizo MSF reportó que casi el 40 % de los entrevistados mencionó, como principal causa de la huida, el haber sufrido -ellos o sus familias- ataques directos, amenazas o extorsión, o haber sido blanco del reclutamiento forzoso por parte de bandas criminales. Por si fuera poco el 43,5 % de los encuestados manifestó haber perdido algún familiar en un incidente violento en los dos años anteriores a la huida.

“Yo soy de San Pedro Sula. Tenía un taller. Las bandas querían que les pagara la protección pero me negué y entonces quisieron matarme. Primero me amenazaron: me dijeron que si no pagaba, se cobrarían de mi sangre y la de mis hijos. En mi país, es normal matar. Es tan fácil como aplastar a un insecto”, dijo a MSF un joven de Honduras de 30 años.

De hecho, un estudio mundial sobre homicidios realizado en 2013 por la Oficina de la ONU contra la Droga y el Delito (ONUDD) sitúa a Honduras y El Salvador en la primera y cuarta posición, respectivamente, de la lista negra de países con las mayores tasas de asesinatos. Se estima que, en los últimos diez años, unas 150.000 personas han sido asesinadas en el TNCA. Eso significa que en el Triángulo Norte de Centroamérica se encuentran algunas de las sociedades más violentas del mundo.

Es por esta razón que unas 500.000 personas del TNCA entran cada año a México para escapar de la pobreza y la violencia, según los datos del Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (ACNUR).

Es tal la crisis humanitaria que para MSF “deben cesar también de inmediato las deportaciones sistemáticas de los ciudadanos procedentes de esta región, y ampliar el acceso de migrantes y refugiados a servicios médicos, psicológicos y de atención a víctimas de la violencia sexual”.

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_{Los trenes de mercancías, conocidos como la Bestia, han sido utilizados por migrantes y refugiados para cruzar México rumbo al norte. Foto: ANNA SURINYACH/MSF.}

El problema es que los Gobiernos de Estados Unidos y de México consideran que el motivo de salida de estas personas tiene raíces únicamente económicas. Si bien es cierto que muchos abandonan el Triángulo en busca de mejores oportunidades, el informe demuestra que existe un dramático escenario de violencia que obliga a la población a huir por pura supervivencia. Pero el refuerzo de los controles migratorios, las detenciones y las expulsiones por parte de México y Estados Unidos, amenazan con empujar a más refugiados y migrantes a las redes de los traficantes de personas y de organizaciones criminales.

En vez de recibir ayuda, los migrantes y refugiados son revictimizados por organizaciones criminales que se asientan en las fronteras y que en ocasiones cuentan con la aprobación o la complicidad de las autoridades nacionales de México, en teoría responsables de su protección.

De acuerdo al informe mencionado, el 92,2 % de los migrantes y refugiados atendidos por los equipos de salud mental de MSF en 2015 y 2016 habían sufrido un evento violento en su país de origen o durante la ruta a través de México. 

“Yo soy de Honduras. Es la cuarta vez que intento cruzar México, pero esto no me había ocurrido antes. Esta vez, vine con mi vecina y nos secuestró un grupo de delincuentes. Lo peor es que también eran hondureños. La Policía Federal era su cómplice. Fuimos entregadas a miembros de la banda. Me violaron, me pusieron un cuchillo en el cuello y no me resistí. Me avergüenza decirlo, pero creo que habría sido mejor que me hubieran matado”, dijo una mujer de 35 años.

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“Hoy en la madrugada nos asaltaron unos hombres encapuchados. Yo venía con mi mujer y mi hijo. Nos golpearon, a mí me dieron duro con un machete. Mire mi brazo (presenta marcas de golpes y heridas). A mi mujer la apartaron al monte, se la llevaron, a mí me tenían amenazado y me dijeron que no volteara. Querían que les diéramos datos de nuestra familia para pedir rescate. Pero yo les dije que no teníamos nada. Yo creí que nos iban a matar. Ella dice que no le hicieron nada, pero yo sé que abusaron de ella”, relato un joven de 19 años.

El Gobierno de México se defiende con el argumento de que solo en 2015 se concedió el asilo a por lo menos 4.000 personas de El Salvador, Honduras y Guatemala en 2015. Sin embargo al mismo tiempo fueron expulsadas 141.990 personas de estos tres países.

En cuanto a Estados Unidos, según ACNUR,  98.923 personas del Triángulo Norte de Centroamérica habían presentado una solicitud de refugio o asilo, a finales de 2015. Solo se concedieron 9.401.

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_{El 88% de las personas entrevistadas eran varones y un 12%, mujeres. De los entrevistados, 4,7% se trataba de  menores de edad y, de estos, un 59% correspondía a menores no acompañados. De los 467 entrevistados, el 67,6% era de Honduras; el 15,7% de El Salvador; el 10,5% de Guatemala; y el 6,2% de otras nacionalidades. La media de edad era de 28 años, estando el 79% de los entrevistados por debajo de los 35. Video: MSF.}

La situación se agrava porque muchos de los migrantes que fueron víctimas de algún tipo de violencia no tienen acceso, o lo tienen muy limitado, a la atención médica básica, a la atención específica para víctimas de violencia sexual, y a los servicios de salud mental.

De los 1.817 refugiados y migrantes atendidos por MSF en 2015 y 2016, el 47,3 % había sufrido actos de violencia física que los motivaron a asistir a la consulta de salud mental: disparos, patadas y puñetazos, mutilaciones durante un secuestro, machetazos, fracturas óseas por golpes con bates de béisbol, heridas sufridas por haber sido arrojado de un tren en marcha, etc.

En la mayoría de los casos, la violencia registrada como “violencia física” se había sufrido en el camino, estando ya los migrantes y refugiados en México. Estos actos les pueden generar ansiedad, depresión, reacciones psicosomáticas, estrés postraumático, desordenes del comportamiento, psicosis e incluso problemas cognitivos.  

Así lo confirmo un psicólogo de MSF a través del ejemplo de uno de los tantos casos que atendió. Por miedo, una mujer de 43 años, nacida en Honduras, decidió salir de Arriaga (en Chiapas) y caminó con un grupo de hondureños que iban a realizar el camino a pie hasta el poblado de Chahuites. Sin embargo, al dormir en el monte, intentaron abusarla sexualmente. Logró escapar y llegar al albergue de Chahuites. En ese lugar, se encontró nuevamente con sus agresores, por lo que decidió huir esa misma noche hacia Ixtepec. Fue atendida en el albergue,  en consulta de salud mental. “El nivel de ansiedad con el que llegó era muy alto, presentaba síntomas postraumáticos, como flashbacks y alucinaciones de tipo auditivo y problemas del sueño”, comentó el médico.

Entre enero de 2013 y diciembre de 2016, Médicos Sin Fronteras adelantó un total de 33.593 consultas con migrantes y refugiados procedentes del Triángulo Norte centroamericano. La organización reclama de la comunidad internacional volcar su mirada en esta crisis humanitaria de la que poco se habla. También piden a México y Estados Unidos reformular sus políticas migratorias, por lo menos para proteger a las personas que huyen de la violencia que se vive en esta región. 

“Las actuales políticas migratorias y de refugio no están respondiendo a las necesidades de la población forzada a huir de los países de esa región, ni garantizando el respeto de su derecho a la asistencia y a la protección. Esta crisis humanitaria no reconocida, que se desarrolla a las puertas de Estados Unidos, tiene una dimensión regional y necesita atención y una acción coordinada”, concluye el informe.