¿Los solicitantes de asilo en Estados Unidos deben haber cruzado físicamente la frontera con México para presentar su petición? Esa es la pregunta que evalúa este martes la Corte Suprema, de mayoría conservadora.
Lo que está en juego es una política iniciada en 2016, al final de la presidencia demócrata de Barack Obama, y luego reforzada y generalizada durante el primer mandato de Donald Trump.
Esta política, que el demócrata Joe Biden rescindió en 2021, consistía en desplegar agentes de la Patrulla Fronteriza en territorio mexicano para impedir físicamente que los inmigrantes cruzaran la frontera y presentaran una solicitud de asilo.
La ley de inmigración establece que un inmigrante puede presentar una solicitud de asilo “cuando llega a Estados Unidos”, lo que se convierte en un vacío legal a la hora de tramitar la petición.
Un tribunal federal de apelaciones, al que recurrieron la organización de defensa de los inmigrantes Al Otro Lado y varios solicitantes de asilo, concluyó en octubre de 2024 que el solicitante se consideraba “llegado a Estados Unidos” desde el momento en que se presentaba ante un responsable estadounidense en la frontera, aunque ese encuentro tuviera lugar en México.
El gobierno de Trump, que ha anunciado su voluntad de recortar el número de refugiados acogidos cada año, pidió a la Corte Suprema anular esta decisión.
Esa interpretación de la ley “alentaría a los extranjeros a saturar los puntos de entrada, incluso cuando ya están colapsados”, argumenta el abogado del gobierno de Donald Trump, John Sauer, en sus alegatos.
Al Otro Lado acusa, por su parte, al Ejecutivo de “exagerar considerablemente” las consecuencias prácticas de la decisión de apelación sobre su capacidad para gestionar las llegadas en la frontera mexicana.
La Casa Blanca “abandonó la política de rechazo en cuestión hace más de cuatro años y solo ha recurrido ante este tribunal ante la remota eventualidad de que se pudiera restablecer en el futuro”, subraya la organización.
El alto tribunal debatirá también en abril otros dos casos relativos a la política migratoria restrictiva del gobierno republicano.
Los nueve magistrados examinarán la constitucionalidad de un decreto presidencial de Trump que suprime el derecho de suelo (o nacionalidad por nacimiento) para los hijos de inmigrantes en situación irregular, así como la decisión del gobierno de revocar el Estatus de Protección Temporal (TPS) de inmigrantes haitianos y sirios, que los protege de la expulsión.
Trump se jacta a menudo de haber reducido a “cero” el número de entradas clandestinas en Estados Unidos.
El presidente estadounidense prometió que, en su segundo mandato, haría de la lucha contra la inmigración ilegal una prioridad absoluta, ya que considera una “invasión” los millones de indocumentados que entraron en el país durante el mandato de Biden.
Sin embargo, esto lo ha convertido en blanco de críticas en torno a las diferentes medidas adoptadas, que pueden generar problemas sociales en comunidades de migrantes al interior del territorio norteamericano.
*Con información de AFP.