5.749 militares son investigados por la Fiscalía

En un documento de más de un centenar de páginas que la Fiscalía le remitió al Congreso a solicitud del representante Alirio Uribe (Polo), están registradas todas las investigaciones que la justicia ordinaria adelanta contra miembros de la fuerza pública desde el año 2000 hasta la fecha.

El documento, que se puede considerar el dossier de policías y militares y fue conocido por Semana.com, revela datos preocupantes. Por ejemplo, que la Fiscalía actualmente investiga a 5.749 miembros de la fuerza pública por su presunta responsabilidad en la comisión de graves violaciones a derechos humanos y en vínculos con bandas criminales.

La cifra puede resultar escandalosa. Y además se conoce cuando en el Congreso, por iniciativa del Gobierno, se tramitan hasta tres proyectos para otorgarles seguridad jurídica a los uniformados, que para numerosos detractores, entre ellos la ONU, permitiría que muchos de los procesos que actualmente adelanta la Fiscalía pasen a conocimiento de la justicia penal militar, que históricamente ha sido cuestionada por no ser imparcial.

En el documento la Fiscalía revela que desde el año 2002 hasta la fecha se están adelantando 2.305 procesos penales en los que están involucrados miembros de la fuerza pública por la presunta comisión de homicidio, homicidio en persona protegida, homicidio agravado, desaparición forzada, violencia sexual, infracciones al DIH, interceptaciones ilegales y concierto para delinquir.

Por delitos contra los DD.HH.

Estas investigaciones son adelantadas por la Fiscalía hasta en siete de sus unidades investigativas. Sin embargo, la mayoría, 2.121, se concentran en la Unidad de Derechos Humanos y DIH.

De estos casos, 1.292 se encuentran en investigación preliminar, 718 en la etapa de instrucción formal, 46 tienen escrito de acusación y 37 en etapa de juicio.

De las investigaciones, 1.696 corresponden a homicidio agravado, 370 a homicidio en persona protegida, 15 por desaparición forzada, 20 por acceso carnal violento y uno por acto sexual violento.

Según la Fiscalía, el Ejército, con 1.109 uniformados, es la fuerza que más investigaciones tiene. Son investigados 30 efectivos de la Policía y nueve de la Armada.

Vínculos con bacrim

El expediente también señala que 33 investigaciones contra miembros de la fuerza pública obedecen a concierto para delinquir y están relacionadas con presuntos vínculos con bandas criminales y paramilitares.

Así mismo, se señala que la Fiscalía delegada ante la Corte Suprema de Justicia, que investiga a los oficiales de más alto rango, adelanta 26 investigaciones, nueve de ellas por homicidio en persona protegida, cuatro por homicidio, dos por desaparición forzada, siete por concierto para delinquir, y tres por interceptaciones ilegales. Y además reporta que 70 militares de alto rango están siendo procesados.

En Antioquia el mayor número de investigaciones

En sólo siete departamentos, Arauca, Caquetá, Meta, Huila, Putumayo, Antioquia, y Norte de Santander se concentra más del 10 % de las investigaciones contra uniformados, 1.321 por casos en los que se han registrado 2.131 víctimas.

De estos siete departamentos, en Antioquia se registran 556 investigaciones, 257 en Meta, 132 en Caquetá, 98 en Huila, 110 en Norte de Santander, Putumayo 79 y 44 en Arauca.

De los 2.035 procesos que ha adelantado la Fiscalía contra uniformados, ocho casos han sido remitidos a la justicia penal militar por decisión de fiscales y 25 por decisión del Consejo Superior de la Judicatura, todos por el delito de homicidio agravado.

Los detenidos

Entre el 2002 y el 2010 un total de 1.137 uniformados han sido detenidos, de los cuales 960 del Ejército que han afectado a 10 coroneles, 18 tenientes coroneles, 14 con el grado de mayor, 79 con el de sargento, 90 con el de cabo y 602 soldados.

Mientras el informe señala que a siete miembros de la Policía se les han impuesto medidas de aseguramiento que han afectado a un capitán, un teniente, cuatro intendentes y un agente.

Los condenados

Las estadísticas sobre militares condenados entre el 2002 y el 2014 indican que se han producido en la justicia ordinaria sentencias condenatorias contra 817 uniformados, de los cuales 749 son contra militares: tres coroneles, dos tenientes coronel, nueve con el grado de mayor, 19 capitanes, 40 tenientes, 63 cabos y 544 soldados, y ocho policías.

La Fiscalía especializada contra el crimen organizado reportó que 57 miembros de la Policía fueron condenados por su vínculo con organizaciones criminales.

El informe también revela que algunos militares están implicados en ocho casos que han sido declarados crímenes de lesa humanidad. Ellos son la masacre de Trujillo, la masacre de Segovia, el homicidio de José Emirson Sepúlveda y Noel Emiro Omeara, el homicidio de Fair Leonardo Porras, la masacre de Pueblo Bello y el homicidio Manuel Cepeda Vargas, de la UP, padre del senador Iván Cepeda. Además de dos investigaciones que adelanta la Unidad de Contexto sobre el homicidio de Luis Carlos Galán.

Falsos positivos

Al Congreso le ha preocupado la situación de los mal llamados falsos positivos, sobre todo si al aprobar el proyecto de fuero militar estos casos pueden pasar de la justicia ordinaria a la penal militar.

La Fiscalía informó que actualmente adelanta 440 procesos por haber reclutado personas que después fueron presentadas como muertos en combate.

De estos casos, 54 tienen imputaciones contra 93 uniformados; 37 procesos tienen detenidos a 75 uniformados; en 26 procesos se han acusado 44 personas; 34 procesos han culminado con condenas a 72 uniformados, y sólo seis han sido absueltos.

El informe de la Fiscalía reúne todas las actuales investigaciones que adelanta la justicia ordinaria contra miembros de la fuerza pública. La pregunta que hay entre varios sectores es cuántos de estos procesos se podrán colar en la justicia penal militar, donde los militares tienen mayores posibilidades de salir absueltos.