Abortos a la fuerza: la tragedia de muchas guerrilleras

"Eso en un día se bota", dijo a la entonces guerrillera Rosa Ramírez su comandante para forzarla a abortar. Como muchas insurgentes, contra su voluntad sufrió una práctica común en grupos rebeldes: impedir a sus combatientes ser madres.

Presa en la cárcel de Chiquinquirá, a esta exintegrante del desaparecido Ejército Popular de Liberación (EPL) aún se le humedecen los ojos al hablar del tema, aunque han pasado 18 años.

Ramírez, que prefiere no dar su verdadero nombre, era apenas una quinceañera cuando sus jefes le dieron unas pastillas "para el dolor de cabeza", que tomó sin saber que eran abortivas, según relató a la AFP.

"Casi me muero porque me estaba desangrando. No tuve ningún tipo de atención médica y me dejaron en una casa para que me recuperara", aseguró esta mujer de 33 años que ingresó de niña al EPL en el departamento de Risaralda.

El EPL se desmovilizó en 1991, pero muchos de sus integrantes permanecieron activos; como focos aislados de esa guerrilla o en otras como las FARC, y hasta en grupos de ideología contraria, como paramilitares de ultraderecha. Otros fueron asesinados después del desarme.

Tras recuperarse del aborto, Ramírez volvió a quedar embarazada del mismo hombre, un comandante que la hacía sentir "intimidada".

A esa criatura, que ahora tiene casi 15 años, "también querían que la abortara pero ella desde el vientre me enseñó a ser mamá y a negarme", afirmó Ramírez, encarcelada por secuestro y rebelión en esta prisión para exmiembros de grupos armados ilegales.

"Desde el primer día que una mujer queda embarazada, es una vida, (y los comandantes de la guerrilla) no la respetan", deploró. "En muchas ocasiones uno con un arma y un uniforme cree que es Dios para quitarle la vida a una persona y no es así".

La ideología pesa

Según la politóloga Natalia Herrera, que investigó sobre la situación de la mujer en la guerrilla, el aborto forzado es algo generalizado en las agrupaciones rebeldes en Colombia porque se considera la maternidad como un riesgo y una carga para su supervivencia como organización.

Sin embargo, no todas las obligadas a abortar en filas insurgentes lo viven igual.

"La aceptación o no del aborto depende de la motivación de la guerrillera. Quienes combaten por convicción, no oponen resistencia por su compromiso con la causa. Pero quienes fueron reclutadas a la fuerza o están menos ideologizadas, lo viven con dolor", dijo a la AFP.

La anticoncepción es una regla en los grupos rebeldes, según la experta; ya sea con inyecciones, dispositivos intrauterinos o pastillas.

Igual que los hombres

Con hasta cinco abortos a cuestas, muchas veces incluso de embarazos avanzados, otras exguerrilleras en Chiquinquirá narraron a la AFP, también bajo condición de anonimato, sus historias de maternidad truncada en filas insurgentes.

En la guerrilla, la mujer "desempeña el papel igual que los hombres", dijo Jennifer Hernández, exmiembro de las FARC, grupo rebelde que sostiene negociaciones en Cuba con el gobierno para acabar con más de cinco décadas de conflicto armado.

"Tenemos que ser iguales para cargar el mismo peso, ir al combate, cumplir las órdenes que nos den", señaló Sandra Murillo, antes parte del extinto Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP, maoísta).

Cuando Murillo quedó embarazada por primera vez siendo guerrillera recibió una sanción: pasar encinta la "escuela militar (entrenamiento). Y me separaron de mi pareja un tiempo", se lamentó, con arrugas marcadas y la mirada triste.

Sin embargo, pudo conservar ese hijo, aunque debió "entregarlo a la abuela paterna a los tres meses y volver a la guerra".

Pero la tolerancia de sus jefes no duró hasta el segundo embarazo. "Ese no lo aceptaron. Tuve un aborto. Ellos lo ordenaron", señaló.

En La Habana, donde gobierno y FARC buscan sellar la paz, una subcomisión trata temas de género. Otros participantes en el conflicto armado colombiano, como los paramilitares, integrantes de las fuerzas militares y narcotraficantes, han sido acusados también de crímenes sexuales.

Según la estatal Unidad de Víctimas, más de 10.000 personas, entre ellas unas 9.000 mujeres, han sido afectadas por delitos contra la libertad y la integridad sexual en el marco de la conflagración interna.