¿Aceptarán las FARC las 410 propuestas del No?

Si el gobierno y los representantes del No estuvieran en una carrera de ciclismo, se podría decir que en las etapas planas hay grandes coincidencias, pero en las de montaña, donde se define la vuelta, se mantienen diferencias aparentemente insuperables.

Después de casi 100 horas de trabajo, de 410 propuestas y 700 páginas de comentarios y precisiones, el gobierno construyó una matriz de 57 ejes temáticos para llevar a La Habana. Aunque durante la semana hubo un buen ambiente de trabajo, con intercambios respetuosos de opiniones en los que no han faltado las coincidencias, la distancia entre las partes se mantiene y por momentos saltó la liebre de la desconfianza. Las declaraciones que hizo en Londres el presidente Santos para atribuir la derrota del Sí a supuestas trampas crisparon los ánimos durante el diálogo. En su discurso ante el Parlamento dijo que el No ganó por un escaso 0,4 por ciento y por una campaña de mentiras. Eso ofendió a quienes estaban en conversaciones con el gobierno y logró unirlos aún más a pesar de sus matices.

El gobierno escuchó y tomó nota de los comentarios de la oposición y los diferentes grupos que desaprobaron los acuerdos de La Habana en el plebiscito, incluyendo a las Iglesias y a las ONG que representan a víctimas de la guerrilla. También recogió inquietudes de otros sectores como la Corte Suprema de Justicia y las mujeres. Durante las charlas hubo de todo como en botica. Sin embargo, las propuestas viables son la minoría. Hay muchos temas difíciles y controvertidos en que coinciden todos los representantes del establecimiento, pero que no son aceptables para la guerrilla. Y hay otros que van más allá y cuyo alcance implica reversar leyes o capítulos de la Constitución. En esta última categoría están aspectos como la restitución de tierras, la recuperación de baldíos de la Nación, la expropiación de predios improductivos o la consulta previa, hasta las que se meten con las libertades sexuales. También hubo algunas que sonaron extrañas como que en el acuerdo se protejan las semillas transgénicas.

Para todos quedó claro, sin embargo, que este intercambio de ideas no constituye un acuerdo entre los del Sí y los del No. Será la mesa de La Habana la que diseñe el nuevo texto y está por verse qué tanto de esa “matriz” podrá incluir. El presidente mandó a su delegación a Cuba con la orden de no regresar hasta que no haya un nuevo texto. Es poco probable que este les vaya a gustar a los del No, y el propio Humberto de la Calle no parece muy optimista al respecto. El jueves pasado advirtió que a pesar del buen ambiente no hubo acuerdo en temas fundamentales. De hecho, al leer la bitácora está claro que a los líderes del No en realidad casi nada de lo pactado les gusta. Los uribistas saben que sus fórmulas son muy difíciles de aceptar y por ello ya hablan de que el gobierno solo hará cambios cosméticos y que “las orejas del conejo” ya asoman.

Las propuestas que llevó Sergio Jaramillo en su maleta se pueden dividir en dos grupos. En el primero, las que quieren ajustar el acuerdo sin cambiar la narrativa central del proceso de paz: el del fin de un conflicto armado entre dos partes enfrentadas que comparten responsabilidades en lo sucedido en este medio siglo. El segundo bloque de propuestas se afinca en otra narrativa: la de que no hay conflicto armado y que el acuerdo debe ser más un instrumento de desarme y sanciones a las Farc, como únicas responsables de crímenes graves. En cada punto hay un abanico de opciones, que muestran no solo diferencias entre los del Sí y los del No, sino entre las diferentes vertientes del No, que van desde las más extremas hasta otras más pragmáticas y realistas.

Ajustes y precisiones

La parte menos problemática ha sido la de las precisiones hechas a partir de malos entendidos, de ambigüedades reales en los acuerdos o de aspectos que quedaron por definir más adelante. Un ejemplo de ello es la preocupación sobre la propiedad privada. En el acuerdo firmado el 26 de septiembre no existe ninguna frase que ponga este derecho en peligro. Por el contrario, busca democratizarlo en el caso de la tierra y hacerla más legítima con una masiva legalización de títulos. Sin embargo, algunos voceros del No consideran que debe quedar claro que no habrá veto a la gran industria agropecuaria y que la figura de la expropiación, que ya existe en las leyes colombianas, no se convertirá en una vía para poner en riesgo a los propietarios. En general, delegados del gobierno no ven problema en que esto se incluya en el nuevo acuerdo.

El otro tema es el de la familia. Luego de que el gobierno logró explicarles a las Iglesias y a sectores conservadores que la ideología de género no existe, y que el acuerdo de paz no se mete para nada con debates como las libertades sexuales y la diversidad de género, el debate evolucionó hacia dos solicitudes concretas de estos grupos. Una, que el acuerdo resalte la importancia de la familia tradicional –hombre y mujer– en la construcción de la paz y se reconozca a esta como víctima de la guerra. En segundo lugar, las Iglesias evangélicas buscan ser incluidas como víctimas, algo que se les reconocerá por las cifras de pastores asesinados.

También se han propuesto ajustes en materia de justicia. Estos, sin embargo, no llegarán a satisfacer las pretensiones del No, que han insistido en que no haya una jurisdicción especial y que la justicia transicional haga parte de la justicia ordinaria (fórmula que por cierto ya mostró sus limitaciones con la Ley de Justicia y Paz). Los ajustes serán más bien de la dimensión que han solicitado las altas cortes, las cuales respaldan la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y respetan el concepto de que esta sea una instancia de cierre. Sin embargo, tienen algunas objeciones como que no haya magistrados extranjeros en el Tribunal Especial de Paz, que la JEP no sea indefinida, sino que tenga un tiempo limitado, y que haya una mayor articulación entre la justicia transicional y la ordinaria en materias como revisión de sentencias, tutelas, definición de competencias, entre otras.

Los dos primeros ajustes, la exclusión de los magistrados extranjeros y la definición de un plazo, no parecen tener mayores problemas. El tercero es más problemático en la medida en que subordina la justicia transicional a la ordinaria, algo que podría afectar uno de los supuestos más importantes del proceso de paz para las Farc, que es la seguridad jurídica.

Algunos ajustes que parecen menores en realidad no lo son. Muchas propuestas de los líderes del No que para la mesa de La Habana contradicen una de las columnas vertebrales del proceso de paz, como la apertura democrática, para la contraparte son un salto al vacío con riesgo de castro-chavismo. Por eso los voceros del No proponen cortar las alas a la participación de las comunidades en la decisión de políticas públicas. Y en general pretenden recortar las posibilidades de participación del partido que construyan las Farc en los escenarios políticos más relevantes, como aquellos que definirán las reformas electorales. Igualmente desean recortar los alcances de la Ley de Amnistía, excluyendo por ejemplo la conexidad con la extorsión y la minería ilegal, lo que convertiría a la Jurisdicción Especial para la Paz en un sistema inviable solo por la congestión que tendría. Aun así, todos estos son temas puntuales que pueden ser incorporados o no al nuevo acuerdo, y que sin embargo no hacen parte de los puntos más críticos donde será más difícil lograr un consenso.

Cuestión de dignidad

Los puntos más complejos, que despiertan escepticismo entre los negociadores del gobierno, son aquellos que cambian la narrativa del acuerdo y que se han convertido en un punto de honor tanto para los representantes del No como para las Farc. Son básicamente cuatro: las sanciones para crímenes de lesa humanidad, la elegibilidad política, la entrega de bienes y la seguridad jurídica del acuerdo.

En cuanto a las sanciones, la discusión está en qué tanto se puede acercar la fórmula pactada en La Habana, de restricción efectiva de la libertad para los miembros de las Farc, a una verdadera “privación” de la libertad. Marta Lucía Ramírez propone que esta se cumpla en colonias agrícolas. Otros que puede ser en zonas delimitadas, pero bajo un régimen carcelario. Las Farc definitivamente no aceptarán ni la privación ni el régimen carcelario. A lo sumo están abiertas a que se defina de manera más taxativa cómo serán las condiciones y lugares para la restricción y el carácter de las sanciones que tendrían. En el acuerdo original de La Habana la definición de esto quedó en manos del tribunal. Hay fórmulas intermedias, como que el tiempo en las zonas de concentración sea tomado como parte de la pena o que organismos como la ONU sirvan de carceleros. Esos puntos suenan fáciles de negociar, pero para la guerrilla no lo son.

Ligado a ese tema está el de la elegibilidad, posiblemente el nudo gordiano de todo el nuevo acuerdo. Los representantes del No han pasado de negar la posibilidad de que participen en política los jefes de las Farc que están condenados ya por crímenes graves, a aceptar que lo hagan una vez cumplida su pena o incluso parte de ella. Eso es inaceptable para la guerrilla, la cual insiste en la legitimidad del derecho a la rebelión armada. Además se entiende que la esencia del proceso de paz es cambiar las armas por las urnas, y no tiene sentido que si ellos dejan las armas, no puedan competir en elecciones por el acceso al poder. Los líderes del No creen que esta restricción debe aplicarse a quienes tienen condenas por crímenes graves, y no a todos los miembros de la guerrilla. El problema es que sobre cada uno de los miembros del secretariado pesan condenas de este tipo y es difícil pensar en que las Farc saldrán a hacer política sin jefes.

Al respecto también hay fórmulas de acuerdo intermedias. Por un lado, que aunque no puedan presentarse a las elecciones de 2018 puedan hacerlo en 2022 si se pacta que puedan recuperar sus derechos políticos tras cumplir una parte de la sanción restaurativa. También que se haga de manera escalonada. Por ejemplo, que en principio puedan participar en elecciones locales, luego en Congreso y más tarde en elecciones presidenciales.

Para Uribe es un aspecto de honor ganar este punto porque le daría la razón a su tesis de que las Farc son un grupo criminal y no unos rebeldes políticos. Hay quienes piensan, sin embargo, que aunque los jefes guerrilleros no darán su brazo a torcer en esta materia en el acuerdo, sí pueden tomar una decisión política unilateral de no presentar como candidatos a quienes tienen condenas o procesos por crímenes de guerra y de lesa humanidad. Pero esto sería una decisión soberana de ellos y no una parte del acuerdo.

El tercer aspecto complicado es el de los bienes y la reparación efectiva de las víctimas. El acuerdo refrendado dice de manera genérica que las Farc contribuirán con la reparación material, y la víspera del plebiscito esa guerrilla anunció que entregaría un inventario de bienes y dinero para un fondo de reparación. Los del No quieren más. Quieren un listado realmente completo y un compromiso explícito en esta materia. Las Farc han mostrado disposición a avanzar en esta materia, pero el problema es que se ha especulado demasiado con cifras exorbitantes sobre la eventual riqueza de esa organización y es muy difícil establecer cuál es la realidad.

Finalmente está el punto que más inquieta a los juristas, el de la integración del acuerdo al bloque de constitucionalidad. Que el texto completo sea parte de la Constitución ha sido considerado un exabrupto por líderes del No, pero incluso por sectores académicos. El dilema en este aspecto es que las Farc necesitan garantizar una seguridad jurídica estable en el tiempo para que un gobierno futuro no desconozca lo pactado. Eso es plausible también para el gobierno. Pero los líderes del No consideran que ciertos aspectos del acuerdo, como los que atañen a la reforma rural integral, no pueden ser irreversibles. Una fórmula posible que se ha explorado es que solo ingresen al bloque de constitucionalidad los puntos que tocan derechos fundamentales o que por vía del derecho internacional humanitario se consideren acuerdos especiales.

Tic, tac, tic, tac

Mientras el diálogo político, la visita de Estado del presidente a Londres, y la romería de grupos que se han reunido con las Farc en La Habana concentran la atención de los medios y el país, la situación de la guerrilla en el terreno es compleja. A partir de mediados de este mes, el gobierno tendrá que sostener a las tropas guerrilleras en cuanto a comida, ropa y otras necesidades logísticas. El dinero escasea en las Farc, pues ya no ejercen la extorsión y el narcotráfico. Los guerrilleros, y en especial los mandos medios, no están acostumbrados a vivir de la ayuda humanitaria, y por eso la prolongación de este limbo puede llevar a la peor situación de todas: que los jefes guerrilleros pierdan el control de su gente. Por eso el acuerdo debe salir pronto o el riesgo de perder todo lo que se ha construido en favor de la paz sería inminente. 

Nueva refrendación

A pesar de que ninguno de los temas es fácil, los delegados del gobierno que viajaron a La Habana son optimistas sobre las posibilidades de sacar en poco tiempo un nuevo acuerdo con las Farc. Si esto se logra, la pregunta que sigue es si lo aceptarán los líderes del No, o una parte de ellos. Dependiendo de cómo sea recibido el nuevo acuerdo, será la nueva refrendación del mismo. Hay dos escenarios posibles. El primero es que los líderes del No acepten el acuerdo aunque no vean satisfechas todas sus demandas, y en ese caso, el Congreso se convertiría en el escenario de refrendación del acuerdo bajo la fórmula de un consenso fuerte. Este escenario es deseable y no se descarta, pero es improbable básicamente porque toda esta discusión transcurre en los albores de la campaña para 2018 y los candidatos, particularmente del Centro Democrático y los conservadores, buscarán una plataforma que los diferencie del o los candidatos que buscarán la presidencia bajo la bandera de implementar el acuerdo de paz.

El segundo escenario es el menos deseable, pero el más probable. Que una buena parte de los líderes del No consideren que el nuevo acuerdo no recoge sus propuestas y que salgan a hacerle oposición, en plena campaña para 2018, bajo la consigna de que el gobierno le hizo “conejo” al plebiscito. En ese caso, este tendría que acudir a una nueva refrendación popular. Se ha contemplado la idea de citar a cabildos abiertos en municipios o departamentos, dado que la coalición oficialista es mayoría en casi todo el país. Esa fórmula le da una base participativa al acuerdo y tiene la ventaja de que si los cabildos se celebran en pocas semanas, podrían devolverle la vida al fast track en el Congreso, que exige una refrendación popular para entrar en vigor.

Sin embargo, hay quienes creen que lo único que le devolvería al acuerdo la legitimidad perdida el 2 de octubre es un nuevo plebiscito. Ninguna opción en esta materia es fácil y todas tienen costos políticos para las partes. Con un agravante: no hay tiempo.