Los obstáculos que impiden la concentración de las FARC

En terreno movedizo aterriza el acuerdo de paz renegociado entre el Gobierno y las FARC. El documento final firmado con puño y letra de los negociadores y refrendado la semana pasada en el Congreso, aún es vulnerable a los avatares del tiempo.

Discusiones jurídicas y problemas de infraestructura estarían empezando a entorpecer el cumplimiento al pie de la letra del cronograma de la dejación de armas que acordaron las partes.

En rueda de prensa este martes, cuando se creía que arrancaba el desplazamiento de las FARC a las zonas veredales, el jefe negociador de las FARC Iván Márquez anunció que pese a que las unidades guerrilleras se encuentran ya en los puntos de preagrupamiento, solo retomarán su marcha "una vez estén despejados los caminos de obstrucciones jurídicas".

Varias razones impiden que el calendario acordado siga su curso. Una de ellas tiene que ver con los obstáculos jurídicos que ha tenido el Gobierno para activar el Acto Legislativo para la Paz en la Corte Constitucional.

Los tiempos del cronograma de la dejación de armas empezaron a correr sin que el alto tribunal haya dado vida al Fast Track -el mecanismo expedito para tramitar las leyes que necesita el acuerdo-, pues postergó su decisión hasta el 12 de diciembre.

Mientras se resuelve este trámite, se había especulado sobre el interés que podía tener el Gobierno de tramitar la Ley de Amnistía por vía ordinaria antes de navidad. El problema es que no es viable porque tendría que tramitarse en dos partes y para las FARC es un inamovible antes de organizarse en los puntos de concentración.

"Esperamos que se inicie el procedimiento legislativo especial para la paz, o Fast Track, para sacar adelante la Ley de Amnistía antes de finalizar el año (...) Esto supone, que no debe haber proyecto de amnistía discutido en sesiones ordinarias en el Congreso con mensaje de urgencia", dijo el jefe guerrillero.

Con ello, las FARC descartaron una de las salidas que se había propuesto a la encrucijada jurídica que atraviesa el Gobierno mientras resuelve las diferencias con la Corte Constitucional. El temor de esa guerrilla es que en el Congreso arranque otra negociación. Pues, ante las inconformidades que algunos congresistas han mostrado con la Ley de Amnistía, se podría cocinar la discusión de qué crímenes pueden ser objeto de este tratamiento y cuáles no.

A estas trabas se suma la demora en la suspensión de las órdenes de captura. "Es comprensible que nadie emprenda movimientos hacia las zonas veredales si se corre el riesgo de ser detenido", dijo Iván Márquez. 

Como si fuera poco. Los espacios donde estarán concentradas las FARC aún no están adecuados. No cuentan con las condiciones necesarias para que los miembros de la guerrillerada se trasladen hasta allá.

"No nos vamos a meter donde no hay cómo solucionar las necesidades básicas", dijo, por su parte, Joaquín Gómez. Y es que según relató Victoria Sandino, ante los frenos institucionales con los que se ha topado el propio Gobierno, no se podido comprar "ni una varilla".

De ahí, que las FARC se hayan ofrecido a construir y adecuar los espacios donde estarán concentrados, en la medida de que el tiempo pueda ser descontado de las sanciones restaurativas que les impondrán.

"Hemos tenido dificultades en esta primera etapa. La alimentación, en estas dos últimas quincenas, lo ha llevado el Gobierno a las zonas o a los puntos de preagrupamiento. Sin embargo, tenemos problemas con alimentos que llegan deteriorados", relató la semana pasada Mauricio Jaramillo a este portal.

Sin embargo, según Márquez, "se está trabajando de una manera acelerada en el establecimiento de la infraestructura que se requiere para acoger a los guerrilleros que han de partir de los puntos de preagrupamiento temporal hacia estos escenarios donde va a ocurrir un hecho muy importante, que es el proceso de dejación de las armas".

El Gobierno "ha ordenado acelerar la adecuación de las zonas de normalización hacia las que deben confluir las unidades guerrilleras en preagrupamiento una vez estén despejados los caminos de obstrucciones jurídicas", agregó.

Pese a las circunstancias con las que ambas partes se han tropezado, para las FARC no supone un incumplimiento del acuerdo. Primero que todo porque desde hace varias semanas los miembros del grupo armado se encuentran ubicados en los puntos de preagrupamiento. Segundo, pese a que no está ceñido al cronograma, en el Yarí arrancó la destrucción del armamento inestable.

Por su parte, el Gobierno intenta oxigenar la confianza con el indulto presidencial al más numeroso grupo de guerrilleros. Según informó este lunes el Ministro de Justicia, Jorge Londoño, están a la espera del listado oficial para verificar su situación jurídica y ver si pueden quedar en libertad.  Para las FARC, la cifra ascendería a unos 300 guerrilleros.

"No permitamos que la paz quede enredada en una telaraña jurídica tejida por la insensatez, que puede atrapar por años nuestra esperanza y nuestro futuro. No es justo. No es justo (...) Que nadie nos arrebate el derecho a vivir en paz", subrayó Márquez.