¿Qué tanto puede la Jurisdicción Especial para la Paz meterse con los empresarios?

Una reunión de Analdex, el gremio que agrupa a los comerciantes exportadores, terminó siendo el epicentro de desahogo de uno de los mayores miedos del sector privado frente al proceso de paz. Desde que comenzaron los diálogos con las Farc, se comenzó a hablar de la posibilidad de que civiles, especialmente miembros de la clase empresarial, pudieran terminar respondiendo ante la Jurisdicción Especial para la Paz que se creará una vez se refrende el Acuerdo Final.

El miedo no era infundado. La semana pasada, el Tribunal de Justicia y Paz, dio a conocer una lista de 57 empresas que habían sido mencionadas por los grupos alzados en armas como presuntos financiadores de sus actividades. En el listado había nombres de compañías reputadas a las que la sociedad no asocia con actividades ilegales. Por eso, esa publicación generó aireadas críticas y profundos temores dentro del sector privado.

Esos sentimientos fueron el eje del debate de la conferencia de Juan Manuel Santos en la reunión de ese gremio el pasado martes en Cali. "Pueden preguntarme lo que quieran, incluso, si soy castrochavista", dijo el primer mandatario. Ante este ofrecimiento los empresarios expresaron sus dudas sobre cómo la Jurisdicción Especial para la Paz puede terminar afectándolos.

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Semana.com presenta las 10 preguntas que inquietan hoy al sector privado y cómo se abordarían estos temas en el sistema de justicia pactado en La Habana.

1. ¿De dónde salió la lista?

En el año 2005, Colombia comenzó un proceso de justicia transicional con los grupos paramilitares. En ese marco se creó un sistema judicial que permitía que sus miembros tuvieran penas alternativas o de detención más leves a cambio de una buena dosis de verdad. Muchos de sus líderes llevan años dando su testimonio ante esa jurisdicción en unos tribunales que son conocidos como de “Justicia y Paz”. Es en esos procesos en donde las 57 empresas han sido mencionadas. Eso quiere decir que en el transcurso de las investigaciones algún paramilitar se refirió a estas en sus declaraciones. A algunas las señalan de ser aliadas de ellos y a otras simplemente de tener presencia en los lugares donde estos grupos operaban.

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2. ¿La lista tiene que ver con los diálogos de La Habana?

No tiene nada que ver. El proceso de Justicia y Paz y los diálogos con las Farc corresponden a momentos y acuerdos distintos. La lista está relacionada con el proceso de desmovilización de las AUC que se vivió durante el gobierno de Álvaro Uribe. La mayoría de los testimonios que se recibieron allí no están relacionados con las Farc sino con los grupos de autodefensas. La lista apenas recoge las menciones que han hecho paramilitares sobre empresas, pero no significa necesariamente una investigación formal contra estas compañias.

3. ¿La lista significa que esas empresas están siendo investigadas por ese tribunal?

No. Los tribunales de Justicia y Paz no tienen competencia para investigar a civiles ni a empresarios. Lo único que pueden hacer es recibir esa información y, eventualmente, en sus sentencias compulsar copias, es decir remitirlo a la Fiscalía.

4. ¿La fiscalía está investigando empresarios relacionados con el conflicto armado?

Sí. Como bien aseguró el presidente Santos, toda esa información ha sido recopilada por el ente acusador y “hay cerca de 12.000 o 13.000 folios, en manos de la justicia en donde aparecen mencionados esos terceros”. El Alto Comisionado para la Paz, Sergio Jaramillo, en una reunión con empresarios también había compartido que ese podría ser el número de noticias criminales que relacionan al sector privado con grupos ilegales.

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5. ¿Qué futuro pueden tener esos empresarios en la justicia?

Quienes tienen ya abiertas investigaciones en la Fiscalía, sea porque fueron señalados por los paramilitares en el proceso de justicia y paz, o porque tienen otros procesos abiertos, tienen dos caminos. El primero es continuar con su defensa ante la justicia ordinaria y probar allí que son inocentes de esos señalamientos. El segundo es acudir a la Jurisdicción Especial para la Paz.

6. ¿Cualquier empresario con líos judiciales puede acudir a la Jurisdicción Especial para la Paz?

No. Solamente los que tienen procesos relacionados con el conflicto armado. Para estos, esa jurisdicción puede ser una oportunidad. El presidente Santos se refirió a esto la noche del martes. ¿Qué pasaría si no hubiese esa Justicia Transicional o no hubiera proceso de paz en estos momentos? Que todos esos empresarios tarde o temprano serían llamados por la justicia ordinaria y juzgados por la misma justicia”. El acuerdo final señala que “también serán de competencia de la Jurisdicción Especial para la Paz las conductas de financiación o colaboración con los grupos paramilitares, que no sean resultado de coacciones, respecto de aquellas personas que tuvieron una participación determinante en la comisión de los crímenes competencia de ésta jurisdicción, salvo que previamente hubieren sido condenadas por la justicia por esas mismas conductas”.

7. ¿Cuál es el riesgo de ser condenado por esa Jurisdicción?

La justicia transicional solo aplicará para los delitos más graves. El presidente explicó que por ejemplo, “sí fueron extorsionados, sí contribuyeron voluntariamente a algún grupo. Van y dicen, mire efectivamente a mí me voletiaron y pagué durante cuatro años o me amenazaron de secuestro y yo pagué, o yo participé en un fondo que financiaba un grupo de autodefensas; igual dice la verdad y queda limpio de por vida, le borran cualquier mención en la justicia ordinaria”.

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8. ¿Y los que están involucrados en delitos graves?

Esas personas podrán acogerse a los beneficios de la justicia transicional, con la condición de decir la verdad en sus testimonios. Santos aclaró que “solamente aquellos terceros, que en forma habitual y determinante sean responsables de crímenes de lesa humanidad, sólo en esos casos, el tribunal los podrá juzgar”. El acuerdo final establece que la “Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), es una jurisdicción especial que ejerce funciones judiciales de manera autónoma y preferente sobre los asuntos de su competencia, en especial respecto a conductas consideradas graves infracciones al Derecho Internacional Humanitario o graves violaciones de los Derechos Humanos”.

9. ¿Qué le puede pasar a los empresarios que decidan acogerse a la jurisdicción especial para la paz?

Según el documento del Acuerdo Final solo podrán acogerse a la jurisdicción quienes aporten verdad plena, reparen a las víctimas y garanticen la no repetición. “Aportar verdad plena significa relatar, cuando se disponga de los elementos para ello, de manera exhaustiva y detallada las conductas cometidas y las circunstancias de su comisión, así como las informaciones necesarias y suficientes para atribuir responsabilidades, para así garantizar la satisfacción de los derechos de las víctimas a la reparación y a la no repetición”, señala el documento.

10. ¿Cuáles son las penas que podrán imponerles?

El Acuerdo Final establece una serie de castigos que pueden recibir las personas que se acojan a la justicia transicional. Para quienes acepten responsabilidades no habrá cárcel, pero sí medidas de restricción de la libertad. Esta será hasta de ocho años si aceptan tempranamente, la misma condición que aplica a las FARC y a los Agentes del Estado. Quienes acepten tardíamente o no acepten nunca pueden ser condenados a penas de cárcel. Los primeros de cinco a ocho años de prisión y los segundos hasta 20 años. Adicional a esto, existen unas medidas adicionales a la restricción de la libertad. En las zonas rurales, por ejemplo, estas podrán ser la protección del medio ambiente, la construcción de obras, el desminado, entre otros. En las zonas urbanas, programas de limpieza, desarrollo de la ciudad y programas para acceder a acueductos y alcantarillados, entre otras opciones.

Vea el documento completo de los acuerdos firmados entre el Gobierno y las FARC.