Acuerdo con las Farc: un misil agrario

De La Habana partió un misil. Pero no es un arma de destrucción sino de transformación masiva: el acuerdo sobre desarrollo rural entre el gobierno y las Farc, anunciado el pasado 26 de mayo, tiene, literalmente, ese calibre y alcance, al menos en el papel. 

Porque es el primero de su tipo en 30 años de conversaciones con esa guerrilla; porque muestra que las partes han logrado construir un lenguaje común –algo crucial en una negociación de este tipo–, y, ante todo, porque deja clara, por primera vez, la estrategia profunda del proceso y el vuelco radical que este aspira a producir en las regiones más olvidadas de Colombia. Solo falta pasar del papel en La Habana a los territorios en Colombia. Nada menos.

No es casual que el comunicado conjunto anunciando el primer acuerdo al cabo de seis meses de conversaciones haya sido leído por los representantes de Cuba y Noruega en una solemne presentación ante la prensa, justo la víspera del día en que las Farc cumplieron 49 años. El punto agrario, el primero de los seis en la agenda, era el más complejo políticamente y es la razón de ser de esa guerrilla, que se fundó en 1964 con un programa exclusivamente agrario. 

El único proceso en el que hubo un pacto político con las Farc fue el adelantado por Belisario Betancur, entre 1982 y 1986, que llevó a la creación de la Unión Patriótica. Pero nunca, en estos 30 años, se había acordado, como ahora, un tema de fondo con esa guerrilla.

El comunicado conjunto evidencia otro avance esencial: la construcción de un lenguaje común. De posiciones y discursos opuestos radicalmente, las partes llegan a fórmulas que consignan, a la vez, cambios de fondo y el compromiso de hacerlos “con sujeción al ordenamiento constitucional y legal”. Esto neutraliza resistencias, tranquiliza a muchos y ayuda a la viabilidad de lo convenido. Una lectura atenta del comunicado revela numerosas formulaciones en las que es evidente cómo guerrilla y gobierno ceden en sus posiciones hasta llegar a un terreno compartido.

Estos dos elementos le dan un particular significado al acuerdo. Evidentemente, las necesidades del proceso, cuyo lento ritmo empezaba a despertar preocupación, llevaron a las partes a anunciar que pasarán al segundo punto de la agenda a partir del 11 de junio, sin cerrar el primero. 

Por lo que se sabe, subsisten desacuerdos sobre el tratamiento al latifundio, las reglas de juego para la propiedad extranjera sobre la tierra y los desarrollos mineros y agroindustriales, así como lo que se comprende por seguridad o soberanía alimentaria, entre otros. “Salvedades puntuales que necesariamente deberán ser retomadas” en la Mesa, las llamó Iván Márquez, mientras el gobierno sostiene que varias de ellas no deben discutirse porque no están en la agenda.

Un elemento clave del acuerdo, que ha pasado desapercibido, es que por primera vez queda claro y concreto para dónde va el proceso de paz. 

Lo acordado es un plan de choque para el campo que deberá ponerse en marcha una vez se firme el acuerdo final. La concepción estratégica, como la explicó el alto comisionado para la paz, Sergio Jaramillo, en una intervención hace unas semanas, es que en ese momento se inicia una fase de transición –“el postconflicto”, la llamó el exministro Juan Camilo Restrepo en una reciente entrevista en la que dio varios detalles sobre lo convenido–, en la que empieza la implementación de todo lo pactado.

Tendrá lugar una distribución masiva de tierras, a través de un fondo que se alimentará de “muchos riachuelos”, como dijo el ministro (baldíos, tierras de narcotraficantes, adquisiciones o expropiaciones con indemnización), y que podría llegar a 3 millones de hectáreas, a las que hay que sumar otros 3 millones en proceso de restitución. 

Esto se acompañaría de planes de asistencia técnica e inversiones en infraestructura, vías y sistemas de riego, entre otros, para adecuar la tierra. Una actualización del censo rural, el catastro y la recolección del predial –por lo que el campo colombiano clama hace décadas– apuntará a crear un sistema que desestimule el latifundio improductivo y cree un mercado dinámico de tierras. 

Una vasta campaña de formalización de la propiedad dará títulos a los campesinos que no los tienen, y una nueva jurisdicción agraria buscará proteger sus derechos y eliminar la penetración criminal que han sufrido el Incoder y los organismos de registro, que favorecieron la acumulación violenta de la tierra en estos 30 años.

Paralelamente se pondrían en marcha planes de desarrollo para los territorios más afectados por el conflicto armado y planes sectoriales especialmente diseñados para el campo en educación, salud, vivienda, agua potable, protección social y formalización de derechos laborales. 

Se fortalecerá la producción de alimentos en la pequeña y mediana propiedad y se buscará movilizar a las comunidades para involucrar a todo el mundo en dichos planes. Todo esto demandará varios billones que, según el exministro de Agricultura, vendrán, entre otros, de lo que se ahorre en gasto militar una vez termine el conflicto armado.

“Los elementos claves de  todos esos planes están en los acuerdos para que quede algo claro que sea verificable después. Esa es la garantía para las Farc y para nosotros”, dice el alto comisionado para la paz, Sergio Jaramillo. Varios ministerios tienen diseños preliminares para estas políticas y están calculando los costos.

Toda la concepción es de choque, para implementar los planes a partir del momento en que se ponga fin al conflicto armado. Y se planea acompañarla con verificación internacional. 

“Es una fase de choque de unos siete o diez años. La escala es lo fundamental, con medidas excepcionales, cuyo objetivo es la erradicación de la pobreza en el campo. Si se hace con suficiente fuerza e impacto, es posible lograr una verdadera transformación de las regiones. Si se le suma una verificación externa, con los ojos del mundo encima y algún tipo de fuerza internacional mirando qué pasa en los territorios, es lo más potente que se puede pensar en este país”, dice Jaramillo.

Aunque las Farc han dicho que la idea de una fase de transición es del gobierno y criticaron en un documento las ideas de Jaramillo en ese sentido, el hecho es que han suscrito un acuerdo que está fundado sobre ese modelo. Esa es la importancia de lo convenido en materia de desarrollo rural: por primera vez esboza, en un aspecto concreto, cómo se pondrá en marcha lo convenido en caso de llegar a un acuerdo final.

No es la primera vez en Colombia que se habla de transformar el campo. Este lleva casi 200 años clamando por fórmulas que reduzcan la inequidad de la propiedad y la miseria generalizada. Las reformas fracasaron y floreció la guerra. Por eso, lo que partió de La Habana es todo un misil. 

Pero habrá que ver lo que pase cuando aterrice en los territorios. Como dijo hace poco The Economist: negociar un acuerdo final puede ser más fácil que implementarlo. Sobre todo para un gobierno que, en palabras de la prestigiosa revista británica, tiene planes ambiciosos pero “es menos bueno para lograr hacer las cosas en el terreno”.