El pasado 17 de julio el entonces magistrado Alberto Rojas Ríos abandonó la Corte Constitucional cumpliendo la decisión de la Sección Quinta del Consejo de Estado, que declaró nula su elección por cuestiones ajenas a su función.
Sin embargo, antes de irse de la corporación, Rojas se jugó una carta clave para mantener abierta la posibilidad de regresar a Corte Constitucional. Entabló una tutela por violación al debido proceso la cual, según voces del alto tribunal, tiene buen futuro.
En la tutela, el ahora exmagistrado insistió en que el Consejo de Estado no era el competente para anular su elección puesto y argumentó que era la Corte Suprema de Justicia la encargada de estudiar la demanda de nulidad sobre su elección.
Con ella el jurista abre la posibilidad de que se decrete una medida cautelar que suspenda la ejecución del fallo en su contra. De proceder, Rojas podría volver al cargo hasta que haya una decisión de fondo en el alto tribunal. Así ocurrió con el alcalde Gustavo Petro.
Sin embargo, la tutela llegó a las secciones primera, segunda y tercera del Consejo de Estado, en donde ‘llovió’ una ‘cascada’ de impedimentos para apartarse del conocimiento de la acción. Su principal argumento radica en que, al haber participado en la postulación de Rojas como magistrado y ahora estudiar una tutela que busca restituirlo, no tendrían total independencia.
Los magistrados que se declararon impedidos son: Guillermo Vargas Ayala, María Elizabeth García González, María Claudia Rojas Lasso y Marco Antonio Velilla, Bertha Lucía Ramírez, Gustavo Gómez Aranguren, Bertha Lucía Ramírez de Páez, Gerardo Arenas Monsalve, Luis Rafael Vergara Quintero y Alfonso Vargas Rincón, Jaime Orlando Santofimio, Olga Valle de la Oz, Ramiro Pazos, Enrique Gil Botero, Danilo Rojas Bentacourt, Carlos Zambrano, Hernán Andrade Rincón y Stella Conto Díaz.
Según el auto que acepta los impedimentos de los 17 magistrados que no quieren conocer la tutela de Rojas: “la circunstancia de haber participado en la postulación de quien ahora funge como accionante, nos impide intervenir en este proceso de amparo constitucional, pues de alguna manera podría pensarse que tenemos un interés directo en mantener nuestro propio acto”.
Ahora quedan siete magistrados integrantes de la sección cuarta y quinta de la corporación quienes correrían la misma suerte de sus compañeros. La decisión quedaría en manos de cuatro conjueces, quienes tendrán la posibilidad de devolver a Rojas a la Corte Constitucional.
Semana.com conoció la opinión de varios magistrados que se declararon impedidos en el proceso, quienes indicaron que existe una alta probabilidad de que Rojas regrese debido a que se le violó el debido proceso al ser juzgado por una Corte diferente a la encargada por la ley para definir su permanencia en el alto tribunal. Para los juristas, Rojas sale por un mismo error de los integrantes de la corporación y no por una falta en su labor como magistrado.
La próxima semana será clave para este caso puesto que se realizará el sorteo de los conjueces quienes deberán estudiar en un tiempo récord -debido a que una acción de tutela se caracteriza por la celeridad en su ejecución- las posibles irregularidades cometidas por parte del Consejo de Estado al declarar nula la elección. En caso de que decreten una medida cautelar, Rojas volvería inmediatamente al cargo hasta tanto no se falle de fondo a la tutela.