Esta fue la denuncia que interpuso el alcalde de Cúcuta contra Maduro

La indignación por la situación que han vivido miles de colombianos que han sido deportados desde Venezuela llevó a que el alcalde de Cúcuta, Donamaris Ramírez-París, interpusiera una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Desde el pasado martes, el funcionario, que ha sido testigo de excepción de la dura situación, viajó a Washington para radicarlo. Semana.com conoció en exclusiva el documento.

Allí, Ramírez es contundente y se va lanza en ristre contra el gobierno del país vecino y sus más altos dirigentes. “Obrando en nombre propio y en favor de todos los colombianos que se sienten víctimas del actual gobierno de Venezuela, por medio de presente escrito denuncio al señor Nicolás Maduro Moros, Tarek Wiliam Saab y Diosdado Cabello Rondón y a la República Bolivariana de Venezuela por la violación de derechos humanos”, dice.

Sin embargo, esas no son las únicas acusaciones. El mandatario local también asegura que Venezuela violó el Pacto de Bogotá, la Convención Americana de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención contra la Tortura y la Convención Internacional sobre la Eliminación de la Discriminación Racial.

Según la argumentación de la denuncia, Maduro inició un estado de excepción el pasado 19 de agosto sin informar a su contraparte de la decisión. Tampoco -agrega el documento- respetó los derechos fundamentales a la vida, a la no discriminación, a la integridad personal, a la nacionalidad, al debido proceso, entre otros, a los connacionales deportados. Así mismo, tampoco respetó los protocolos para las deportaciones.

“En la Convención Americana de DD. HH. se violó el artículo 1 sobre no distinguir, excluir, restringir o preferir, con base en motivos de raza, color, linaje u origen nacional o étnico”, reza el documento.

¿Qué solicita?

Después de decenas de páginas de argumentaciones, el alcalde hizo varias solicitudes a la CIDH. Primero, que algunos comisionados o designados se trasladen a Cúcuta a documentar la situación para “comprobar las violaciones de derechos humanos (…) dada la necesidad imperiosa de asegurar la prueba y generar condiciones que permitan salvar a las personas que están en grave peligro”.

Segundo, que se adelanten investigaciones contra los denunciados y autoridades venezolanas, como Policía técnica judicial, Guardia Nacional, fiscales, jueces y tribunales. Tercero, que la CIDH garantice los derechos a la verdad, la justicia y la reparación integral de las víctimas de las violaciones de derechos humanos perpetrados desde el cierre de la frontera declarado el 19 de agosto.

“La precitada solicitud la hago en la medida que la crisis humanitaria es grave, urgente y genera un daño irreparable para los derechos de los afectados”, expuso.

Donamaris Ramírez exhortó a la CIDH para que haga un llamado a Venezuela para que permita que se reunifiquen las familias que han sido separadas. También, para que los 1.512 niños que viven en Ureña (Venezuela) puedan continuar con sus estudios gratuitos en Cúcuta y que los venezolanos que trabajaban en la capital norsantandereana puedan pasar la frontera para laborar.

Solicitó, además, que las autoridades colombianas, así como la Cruz Roja Internacional, puedan cruzar con los afectados a recoger sus pertenencias y documentos que no fueron devueltos por la Guardia Nacional Bolivariana. Y que se ordene la reexpedición gratuita de los documentos que fueron destruidos.

Por último, pide que se haga un inventario de las casas destruidas y los connacionales afectados. “Y que se respete mi buen nombre e integridad personal y no se sigan construyendo mentiras con acusaciones falsas y tendenciosas”, manifestó el documento.

Testimonios

Ramírez no sólo presentó argumentos jurídicos, también reunió 100 testimonios de colombianos que fueron deportados cruelmente y a los que no se les respetaron sus derechos.

"Algunos niños han sido expulsados sin sus padres, padres expulsados sin sus hijos. A algunas mujeres deportadas no les permitieron ir por sus hijos, a pesar de ser recién nacidos (…) La discriminación se fundamenta en elementos como el abuso verbal utilizado por los agentes estatales, el uso de la fuerza contra personas identificadas como colombianos, destrucción de sus documentos, vivienda, bienes y despojo de condiciones dignas de regreso a su país”, narró.

Para eso presenta, con fotos y audios, los rostros de la humillación. Como el de una mujer embarazada que fue ultrajada por la Guardia Venezolana y, actualmente, tiene riesgo de aborto.

Otra mujer, Íngrid Johanna Contreras Tello, contó que el 26 de agosto “llegó un operativo de la guardia venezolana en cuatro camiones y bloquearon las salidas de la invasión, llegaron gritando: "Todo colombiano con cédula en mano porque hoy se van de acá", y con los fusiles tocaban la puerta y como no abrían, tumbaban las puertas con un palo grueso de hierro”.

Carmen Emira Pérez Pineda manifestó que los militares llegaron a su casa en San Antonio del Táchira y les dieron la orden de regresar a Colombia. “Ellos iban casa por casa y las marcaban con la D (demoler) y con la R (revisada). Se perdió todo”.

Estos son sólo algunos de los dramas de miles de colombianos que se vieron forzados a volver de lo que consideraban territorio amigo, el mismo en el que muchos –incluso huyendo de la violencia en Colombia- llegaron para trabajar, establecerse y constituir una familia. Algo que ahora debieron dejar atrás.